La proposición de ley de Sumar para prohibir a empresas y fondos adquirir viviendas no pasará el primer trámite en el Congreso, ya que durante el debate este martes en el pleno solo han manifestado su apoyo ERC, EH Bildu, Podemos y el BNG.

A falta de la votación, que tendrá lugar el próximo jueves, el pleno rechazará tramitar esta iniciativa con la mayoría parlamentaria que suman PP, Vox y Junts.

La propuesta suponía una reforma de la ley de vivienda aprobada en 2023, para limitar el derecho de transmisión de propiedad de viviendas exclusivamente a las personas físicas, con excepciones como los agentes económicos y sociales, las entidades sin ánimo de lucro, las religiosas y las ONG para el desarrollo.

El portavoz de Vivienda de Sumar y autor de la iniciativa, Alberto Ibáñez, ha llamado al resto de grupos a «salir de su zona de confort, acordar que la vivienda es un derecho y empezar a cerrar la puerta a los fondos buitre», que según sus datos, han comprado desde 2008, junto a las empresas multipropiedad, la mitad de las viviendas en el Estado español.

Los partidos favorables a intervenir el mercado de la vivienda –ERC, EH Bildu, Podemos y BNG– no solo han manifestado su apoyo, sino que la han considerado un «texto de mínimos».

En esa línea, el portavoz de Podemos, Javier Sánchez, ha abogado por «expropiar a los acaparadores, en lugar de buscar consensos imposibles», tras enumerar las propiedades inmobiliarias de varios diputados del PP y Vox.

Ni el PSOE ni el PNV han querido avanzar su voto, aunque desde el PSOE Gabriel Blanco ha asegurado que su grupo siempre estará «abierto a debatir y trabajar en cualquier medida para combatir la especulación, siempre que se haga desde el rigor y la seguridad jurídica». A ese respecto ha apuntado que su modelo es el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiendo medidas en Europa para frenar la compra de vivienda para uso no residencial.

Por su parte, la diputada del PNV Maribel Vaquero ha acusado a Sumar de plantear medidas sin tener en cuenta las consecuencias que pueden generar, al tiempo que ha subrayado que no se niega a «estudiar medidas de intervención excepcionales y acotadas en el tiempo» en las administraciones competentes, en alusión a las comunidades autónomas.

PP, Vox y Junts, no asegurado

Los representantes del PP, Vox y Junts han coincidido en que prohibir la compra a empresas y fondos agravaría la crisis de la vivienda, porque reduciría aún más la oferta y subirían más los precios.

«Prohibir que las personas jurídicas compren viviendas no es una solución, es un disparate, una medida para señalar culpables, porque necesitan un enemigo para justificar que nada de lo que hacen funciona», ha afirmado el 'popular' Carlos Gil, mientras que Carlos Hernández Quero, de Vox, ha dicho que «implicaría el fin del parque imaginado».

Marta Madrenas (Junts) ha señalado que en su grupo están «hartos del festival permanente de inventos, ocurrencias y propuestas estrafalarias que no resuelven nada» y ha incidido en que «hace falta una ofensiva pública real de vivienda» y «ampliar el parque público a marchas forzadas».