Los sindicatos ELA y CIG han presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra el Gobierno español y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. Denuncian que tanto Ejecutivo español como sindicatos han negociado al margen de la mesa de las administraciones públicas, sin ELA y CIG, que suman la mayoría de la representación de 160.000 empleados públicos en la CAV, 40.000 en Nafarroa y 160.000 en Galicia.

El recurso responde a que antes y fuera de la mesa general de las administraciones públicas estatales de diciembre, el Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF acordaron la subida salarial de los empleados públicos. De esa manera, han denunciado que «la ley básica de empleo público establece que esta materia debe ser negociada en la citada mesa. Por lo tanto, el hecho de que se haya acordado con anterioridad vulnera la ley».

Han subrayado que el 1 de diciembre se celebró en Madrid la reunión de la Mesa General de las Administraciones Públicas, donde participaron ELA y CIG, junto con los sindicatos mencionados y representantes del Gobierno español. Sin embargo, tal y como explican en un comunicado, en dicha mesa «no se produjo negociación alguna a pesar de que la ley indica que así debe hacerse». 

«Esto es una clara vulneración del derecho a la negociación colectiva y la libertad sindical de miles de empleados y empleadas públicas. Por ello, hemos decidido acudir a los tribunales, a efectos de que se reconozca y se cese en dicha vulneración», han destacado.

Al mismo tiempo, desde ELA han instado a las instituciones de Euskal Herria «a que den pasos para decidir aquí las condiciones laborales».

Han añadido que, el lunes, 22 de diciembre, Lakua y el Gobierno de Nafarroa han convocado las mesas generales extraordinarias: «Ambos han recogido en el orden del día la aplicación del acuerdo firmado en Madrid entre el Gobierno y los sindicatos españoles. Eudel también ha dado a los ayuntamientos la pauta para aplicar el acuerdo. En consecuencia, se pretende aplicar los incrementos salariales allí acordados para 2025-2028, con lo que el personal público, que acumula una pérdida del 20% desde 2010, vuelve a perder poder adquisitivo. Y esto mientras la temporalidad sigue superando el 40%».

ELA ha concluido el comunicado exigiendo a las instituciones de Euskal Herria «que superen los contenidos de ese acuerdo, que lleven el autogobierno a la práctica y que en las próximas mesas y presupuestos opten por decidir en Euskal Herria los salarios, el empleo y las condiciones laborales de su personal público».