Parece que Donald Trump ha abdicado incluso de respetar la soberanía territorial del país que más influyó en la fundación de EEUU. La reciente operación sobre el petrolero de bandera rusa Marinera ha abierto un serio frente político y jurídico en Escocia, al cuestionarse hasta qué punto el Gobierno estadounidense y sus fuerzas armadas han actuado al margen de la ley y de las decisiones de los tribunales locales. El caso ha reavivado el debate sobre el papel de EEUU en territorio de Gran Bretaña y el alcance real de la jurisdicción escocesa frente a un aliado que opera con amplios márgenes de discrecionalidad.

El buque, vinculado al transporte de crudo en el marco de sanciones a Rusia, Venezuela e Irán, fue interceptado por fuerzas estadounidenses cerca de Islandia y posteriormente trasladado a aguas de Gran Bretaña, frente a la costa de Moray. Una vez fondeado en la zona, el dispositivo de seguridad quedó bajo fuerte presencia de personal estadounidense, con apoyo operativo británico, mientras la tripulación permanecía a bordo. La intervención se justificó oficialmente en términos de lucha contra la llamada «flota en la sombra» vinculada a Moscú y sus aliados.

El punto de inflexión llegó cuando la Court of Session de Escocia dictó una orden interina para impedir que el capitán, Avtandil Kalandadze, y su primer oficial fueran sacados de la jurisdicción escocesa, a raíz de una petición de la esposa del capitán. Pocas horas después, ambos eran trasladados al buque guardacostas estadounidense Munro y abandonaban aguas escocesas. Las autoridades en Edimburgo fueron informadas por correo electrónico, ya de madrugada, cuando el movimiento se había consumado.

Soberanía cuestionada

Esta secuencia ha suscitado acusaciones de vulneración de la soberanía y de posible desobediencia a una orden judicial escocesa. La ministra de Justicia, Angela Constance, ha expresado su «profunda preocupación» por la falta de información y por el modo en que se desarrolló la operación, subrayando que el Gobierno escocés no fue notificado de la entrada del buque en sus aguas ni del traslado de los dos oficiales. El abogado Aamer Anwar, representante de la esposa del capitán, ha hablado de «abducción» y de un «grave precedente» en materia constitucional y de derechos humanos.

Desde el Parlamento escocés, las críticas se han dirigidas también al papel de Gran Bretaña. El Ministerio de Defensa ha reconocido apoyo logístico a la operación, incluido el uso de bases aéreas y medios navales británicos, lo que alimenta la percepción de coordinación estrecha con Washington. La defensa política del operativo se centra en la necesidad de aplicar sanciones y combatir redes marítimas que el Gobierno británico considera una amenaza para la seguridad y la política exterior.

Frente a este argumento, formaciones como los Verdes escoceses denuncian una «piratería» de facto y reclaman la expulsión de fuerzas estadounidenses de instalaciones que describen como una base aérea de hecho en Prestwick. Para estos sectores, el episodio refuerza la idea de que EEUU actúa con una impunidad difícil de conciliar con el respeto al Derecho internacional y a las instituciones de los países anfitriones. La cuestión de fondo es si la cooperación en materia de seguridad puede justificar el desplazamiento de decisiones judiciales internas.

El caso Marinera se inscribe, además, en una serie de actuaciones estadounidenses contra buques vinculados a países sancionados, que algunos expertos consideran una extensión extraterritorial de su legislación. La polémica se agrava cuando estas acciones afectan a territorios de aliados cercanos y colisionan con órdenes de tribunales nacionales. En este contexto, la respuesta de las autoridades escocesas y británicas será observada como un test de la capacidad de sus instituciones para hacer valer sus propias normas.

La incógnita ahora es si los jueces escoceses podrán, en ulteriores procedimientos, clarificar los límites legales de operaciones de este tipo y fijar responsabilidades políticas o jurídicas por lo ocurrido.