La reivindicación de un salario mínimo propio de 1.500 euros en Euskal Herria vació muchos centros de trabajo y llenó las calles el martes en una demostración de fuerza de la mayoría sindical vasca.

A estas alturas, casi nadie niega la necesidad de adaptar los sueldos a la carestía de la vida en cada comunidad, aunque puedan diferir en las fórmulas para ello. Por ejemplo, en el debate del Parlamento de Iruñea sobre una propuesta de EH Bildu y Geroa Bai, UPN se abstuvo y su portavoz, Javier Esparza, afirmó que «tiene su lógica que el SMI se pueda acercar a la realidad de cada territorio. UPN no va a renunciar a tomar decisiones en Navarra, pero no creemos que un debate como el del SMI pueda solventarse de forma aislada».

En la Cámara de Gasteiz, el 5 de marzo, el PP también se abstuvo ante la enmienda de PNV y PSE que defendía que «el Parlamento Vasco (...) en el mismo sentido que lo reflejado en los acuerdos de 23 de marzo de 2023 y 25 de junio de 2025, ratifica la conveniencia de abordar mediante la negociación colectiva un salario mínimo de negociación colectiva que se corresponda con la realidad socioeconómica del País Vasco». En las dos fechas señaladas el PP había votado en contra de lo propuesto por los partidos del Ejecutivo autonómico. La demanda se extiende.

En su programa de Gobierno, PNV y PSE recogen «promover en la Mesa de Diálogo Social, desde el respeto a la autonomía de los agentes sociales, que el acuerdo interprofesional recoja un salario mínimo de negociación colectiva que se corresponda con la realidad socioeconómica del País Vasco».

Pero el martes, la portavoz del Gabinete, María Ubarretxena fue más allá. Preguntada por la huelga en rueda de prensa oficial y leyendo la respuesta en su tablet, afirmó que «Euskadi debe poder tener un salario mínimo propio y competencias para ello, competencias que a día de hoy no tenemos, pero el camino creemos que no es la confrontación, sino que es el diálogo social con sindicatos con empresas respetando el marco competencial, porque solo así será viable».

¿De verdad puede decirse que todo el Gobierno de Lakua apoya esa afirmación de que «Euskadi debe poder tener un salario mínimo propio y competencias para ello»? Es muy discutible. En el debate parlamentario del 5 de marzo sobre una propuesta de EH Bildu sobre un SMI propio, el portavoz del PSE, Ekain Rico, aseguró que lo que defiende su Ejecutivo no supone «compartir una reivindicación que es únicamente soberanista, como que el SMI lo fije nuestra Comunidad Autónoma, acabando así con lo que ha sido siempre una herramienta de solidaridad de la clase trabajadora de todo el Estado». Una propuesta que identificó con exigencias de Ayuso y la CEOE, haciendo una lectura torticera del verdadero sentido de la reivindicación de la mayoría sindical. Como en tantas otras cosas, PNV y PSE no coinciden.

EL PNV TAMBIÉN QUISO COMPARTIR SU LECTURA DEL 17 DE MARZO DENUNCIANDO QUE HABÍA UNA «MOTIVACIÓN POLÍTICA» DETRÁS DE LA HUELGA GENERAL CONVOCADA POR LOS SINDICATOS.

Aseguró en un comunicado que el partido comparte la defensa de un salario mínimo digno para todas las personas, pero quiere hacer saber a la ciudadanía que la CAV y la CFN no tienen competencias para subir el SMI. Insistió en que quienes llamaron a paralizar el país «solo buscan generar ruido y mostrar una sensación de descontento social que no se acerca a la realidad». Se preguntó «si realmente esta huelga tiene como objetivo defender una reivindicación o simplemente busca utilizar políticamente un instrumento». Y concluyó que «esta huelga, lejos de beneficiar a los y las trabajadoras, les perjudica en tanto perjudica e intenta parar el país en un contexto de incertidumbre global».

No se sabe bien por qué parar el país por una huelga perjudica más que pararlo, pongamos, por celebrar el día de San José y su consiguiente puente generalizado. Es que los jeltzales no son de huelgas. En redes recordaron que el PNV ya se opuso a las primeras de recuerdo del 3 de marzo de 1976. En 2018 tampoco se sumó a la primera gran huelga feminista, pero visto su éxito se apuntó a la de 2019. En 2023 volvió a replegar velas. La entonces presidenta del BBB, Itxaso Atutxa, afirmó que el PNV seguirá trabajando por unos servicios públicos que pongan los cuidados en el centro, pero señaló que el camino para conseguirlo «no es una huelga».

Además, la formación jeltzale tiende a entender como un ataque las convocatorias de la mayoría sindical vasca. Y en este caso resulta paradójico que el Gobierno de Lakua insistiera en minusvalorar las huelgas en Osakidetza que tuvieron lugar en la pasada legislatura, negándose además a negociar, como si no pasara nada, mientras que el actual Departamento de Salud no para de dar cuenta de la incidencia que tienen ahora las convocadas por el Sindicato Médico frente a la ministra Mónica García, de Sumar. Si son contra mí, simulo normalidad, si son contra otros, amplifico la catástrofe. Es más, el Departamento ha propuesto una intermediación y Joseba Díez Antxustegi convocó ayer a los medios para «reclamar al Gobierno español que no se levante de la mesa hasta alcanzar un acuerdo».

El caso es que para pretender únicamente «mostrar una sensación de descontento social que no se acerca a la realidad» el número de personas que se movilizó en Euskal Herria el martes fue realmente impresionante. Y si el PNV cree de verdad que lo hacen solo para fastidiarle, debería preguntarse por qué habría tanta gente, mucha de ella no sobrada de dinero, dispuesta a perder el salario de un día solo con tan aviesa intención.

La respuesta, a buen seguro, no sería tranquilizadora. Podría mostrar que un partido que durante décadas ha sabido leer bien cuál era la corriente de opinión mayoritaria en la sociedad en la que se movía, esté perdiendo ese olfato e insiste en enfadarse y regañar a esa ciudadanía que, además, es electorado. Y las encuestas que se van conociendo abundan en ese distanciamiento.

EN LOS ÚLTIMOS DÍAS SE HA VUELTO AL BAILE DE LA YENKA CON LAS COMPETENCIAS, ADELANTE DETRÁS, UN DOS TRES.

El domingo, la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, dijo en ETB, que el documento que el viernes le habían remitido desde Madrid sobre cogestión de los aeropuertos, era «un documento florero» que no iba aceptar. «Tenemos muy claro que para un mal acuerdo preferimos que no haya acuerdo», afirmó. El lunes, tras la reunión de la Subcomisión Aeroportuaria, la consejera anunció un acuerdo si se materializaba en un documento los términos acordados en la cita. Pero el Gobierno español aguó pronto los términos utilizados por Lakua. El Ministerio de Óscar Puente negó que la CAV vaya a recibir un «tratamiento desigual», ni habla de «órgano bilateral» ni de «cogestión».

En vísperas de la cita del 15 de julio entre Pedro Sánchez e Imanol Pradales, el Gobierno de Lakua avisó de que no admitiría transferencias «a medias», pero después salió de la Moncloa precisamente con «un acuerdo a medias» sobre lo relativo al «primer paquete» de la gestión de la Seguridad Social. Se acordaron las que dependían del PSOE, pero no las de Sumar. El lehendakari dijo observar «concepciones centralistas» en el Ministerio de Yolanda Díaz y pidió a Pedro Sánchez que «ponga orden». Todavía no hay acuerdo sobre esas materias ni otras. Próximo plazo, una reunión bilateral Sánchez-Pradales «antes de Semana Santa».