En la actual sociedad del espectáculo, el anhelo por la dureza penal se va extendiendo entre la opinión pública. De ese fenómeno creciente, conocido por populismo punitivo, habla Antonio Sanz Fuentes en ‘Diario de un criminólogo incomprendido. El mito de la dureza del castigo’ (Editorial Alrevés). De este campo de análisis ha sacado la conclusión que las reformas del Código Penal que el poder aplica a partir de exacerbar el miedo, solo persiguen preservar el statu quo y silenciar la disidencia, en lugar de seguir los criterios objetivos que defienden sociólogos, criminólogos y otros especialistas.

«Se presenta el delincuente como algo excéntrico, sin explicar que es el resultado de una sociedad enferma en la que, cada vez más, se exalta al más fuerte», indica Sanz Fuentes, vicepresidente de la Asociación Profesional de Criminología de Andalucía. Según él, la solución no pasa por endurecer las penas, sino por tener un debate ético que desemboque en medidas sociales. «No sirven de nada estos parches; al contrario, el mayor antídoto para atajar la criminalidad es construir una sociedad más humana, justa y cohesionada», defiende.

En sus estudios trata el denominado «populismo punitivo», un término que el criminólogo inglés Anthony Bottons acuñó en 1995. ¿Cuál es su origen?

Se remonta a los años 80 del siglo pasado, con la guerra del crimen en Estados Unidos, que dio pie a proyectos como Tolerancia Cero o Ley y Orden, y después con Three Strikes Law o Mandatory Minimim Sentencers. Medidas que el Gobierno estadounidense adoptó basándose en la creencia que, endureciendo los castigos, la sociedad se sentiría más segura.

¿Atizó el sentimiento de inseguridad para incrementar las penas?

Es cierto que el consumo de drogas afectaba a todos los estratos sociales. Y, claro, ante esa percepción real y subjetiva, los mandatarios entendieron que, exhibiendo dureza, eso les reportaría un gran rédito electoral. Es ahí cuando el populismo punitivo empieza a expandirse, lo que supone un retroceso respecto a aquella idea de civilización según la cual podíamos resolver los conflictos sin necesidad de recurrir al castigo y a la violencia.

¿En qué medida esta estrategia ha sido asumida por los diferentes gobiernos occidentales?

Casi todos emplean el miedo como chivo expiatorio a los conflictos derivados del neoliberalismo. Ya sea el encarecimiento de la vivienda, fruto de la tendencia de convertir las ciudades en un espacio de negocio en perjuicio de los vecinos, o la falta de medidas destinadas a acoger la inmigración y apostar por una verdadera interculturalidad que potencie el diálogo entre iguales.

«Si queremos intervenir sobre la criminalidad debemos mirar hacia las causas y no hacia las consecuencias. Y esto no supone olvidarnos del castigo»

En lugar de corregir estas injusticias, nos proponen reformas legislativas con la excusa de que así nuestra seguridad no correrá peligro.

Ya lo apuntaba Zygmunt Bauman cuando decía que, frente a este mundo líquido donde parece que nada es tangible y todo es inestable, el populismo punitivo se orienta a que pensemos que hay unos culpables a los que hay que castigar por conductas que atentan contra nuestra libertad. Toda una paradoja, pues en términos comparativos respecto a hace décadas, nunca habíamos estado tan seguros como ahora.

Por tanto, ¿no tiene sentido endurecer los códigos penales?

Si queremos intervenir sobre la criminalidad debemos mirar hacia las causas y no hacia las consecuencias. Y esto no supone olvidarnos del castigo, pero entendiendo que, como indicaba el filósofo Cesare Beccaria, «la prevención no está en la dureza, sino en la certeza y la rapidez de la aplicación». Si se endurecen las penas es, simple y llanamente, para que no veamos los verdaderos problemas y comulgamos con la premisa que los políticos, pese a la desafección que hay sobre ellos, siguen siendo útiles y necesarios.

¿Les sale rentable insistir en esa idea?

Así ocurre en Estados Unidos, que frente al agravamiento de la pobreza y las desigualdades, se han multiplicado el número de cárceles que gestionan esa alteridad que ha creado el neoliberalismo. Una alteridad que va más allá de la idea del panóptico que Michel Foucault formuló en ‘Vigilar y Castigar’ (1975), cuando hablaba de esa sociedad disciplinaria que internaliza el control. Ahora hemos pasado a la fase del banóptico, desarrollada por el pensador francés Didier Bigo, que tomando el prefijo inglés ban (exclusión) indica que ya no se trata de asimilar, sino de convertir la prisión en un mero receptáculo. Una tendencia que incrementa la deshumanización, pues en el imaginario colectivo se instala la idea que el delincuente es un monstruo ajeno a nosotros, en lugar de sostener el principio que la sociedad tiene responsabilidad en las circunstancias que le han llevado a delinquir.

«La clave no es recurrir al Código Penal, sino mediante la intervención social y, vinculado a ella, la promoción del pensamiento crítico en las escuelas y entre la sociedad en general»

¿Detrás de la proliferación de cárceles y el espanto de la inseguridad, el capitalismo también busca hacer negocio?

Sin duda, en Estados Unidos muchos centros de detención están gestionados por empresas que se lucran en base a las tasas diarias por preso. Igual que hacen negocio las constructoras que se dedican a levantarlas y las compañías que, gracias al populismo punitivo que se irradia en las redes sociales, venden alarmas, puertas de seguridad y seguros ante posibles robos. Es el capitalismo del miedo.

¿Puede ser que algunos gobiernos de corte progresista hayan introducido en los códigos penales conductas que el populismo punitivo ha puesto en el punto de mira?

El ejemplo más claro es el burka, contra el cual se pretende construir un tipo penal pese al perjuicio superior que eso supondría para la mujer, porque la encerraría en casa, donde es más vulnerable. Y lo mismo sucede con otros casos, que, a causa de su emotividad y las ansias de satisfacer la sed de venganza de las víctimas, se encauzan de forma mucho más severa, mientras que la corrupción, el fraude fiscal u otros delitos económicos tipificados con altas penas, quedan impunes.

¿Esa sensación de arbitrariedad puede desembocar en un aumento de la criminalidad?

Efectivamente, porque si alguien ve que el tal M. Rajoy queda impune, que el exministro socialista José Luis Ábalos pasea por la calle tan tranquilo pese a las acusaciones que se versan sobre él o que un político imputado por corrupción se convierte en comentarista del programa de Ana Rosa Quintana, pensará que, si forma parte del poder, no le va a pasar nada. O aún peor: desconfiará tanto de las instituciones que optará por votar ideas muy peligrosas o se tomará la justicia por su propia mano.

«No únicamente la justicia es lenta y clasista, fomentando conductas nocivas; también responde a ese populismo punitivo consistente en asfixiar y persuadir a la crítica»

Después observamos que se utilizan herramientas con el objetivo contrario al que se crearon. ¿Hay una perversión del sistema penal?

Este es otro de los fenómenos. No únicamente la justicia es lenta y clasista, fomentando conductas nocivas; también responde a ese populismo punitivo consistente en asfixiar y persuadir a la crítica. El caso más evidente ocurre con el artículo 510 del Código Penal, relativo a los delitos de odio, que si bien se sustenta en el artículo 9.2 de la Constitución, destinado a proteger a los colectivos vulnerables, se subvierte hasta tal punto que perpetúa la opresión sobre ellos. Víctima de esta tergiversación es el rapero Pablo Hásel, condenado tras una canción que acusaba al rey emérito de ser un corrupto, lo cual es de dominio público. A la postre, el poder utiliza el populismo punitivo para mantener sus privilegios.

¿Cómo podemos revertir esa deriva?

Es complicado, porque hemos llegado al punto que, en la toma de decisiones, importa más el relato que lanzan los influencers y tertulianos que los hechos y el conocimiento científico. Y tampoco sabemos dónde puede llegar el populismo punitivo, porque después de la pena de prisión permanente revisable y la propuesta de la cadena perpetua sin revisión, ahora hablan de la pena de muerte, que en ningún lugar del mundo ha servido para reducir el índice de criminalidad. En mi opinión, la clave para resolver los problemas no es recurrir al Código Penal, sino mediante la intervención social y, vinculado a ella, la promoción del pensamiento crítico en las escuelas y entre la sociedad en general.