El 17 de abril -el 18 a mediodía si se utiliza el periodo de gracia- acaba el plazo para presentar enmiendas en el proceso de reforma de la Ley de Empleo Público, sobre la que las principales fuerzas del Parlamento de Gasteiz tienen posiciones encontradas. Por ejemplo, mientras el PNV pone el acento en la elusión de recursos judiciales, EH Bildu, además de buscar seguridad jurídica propone que el conocimiento del euskara y el castellano sea general para de- sempeñar un empleo público.

Pello Otxandiano, portavoz parlamentario de la coalición soberanista, anunció a finales de marzo que se pondría en contacto con los dirigentes de ELA, LAB, CCOO y UGT para presentarles su propuesta, y emplazó a PNV y PSE a sentarse para alcanzar un acuerdo.

Los jeltzales, sin embargo, solo contemplan un pacto con el PSE, que ya condicionó la Ley de Educación manteniendo los modelos lingüísticos vigentes, y que también ha puesto de relieve ahora que no tiene intención de facilitar avances en la consolidación de los derechos lingüisticos.

De fondo, condicionando el debate, asistimos a una ofensiva judicial, mediática y fundamentalmente política contra el euskara, con episodios sonrojantes como el de Errenteria, pero que más allá del papelón de CCOO en este y otros casos, es estructural y amenaza con derruir algunos diques levantados en las últimas décadas.

EH BILDU: NUEVO PARADIGMA

La propuesta de EH Bildu, registrada en junio del año pasado, pretende cerrar el debate en torno a una cuestión que «distorsiona y perjudica los avances cualitativos que necesita el euskara», y propone para ello «un nuevo paradigma». Una reforma que permita, según se indica en la proposición de ley, «devolver seguridad jurídica al sistema, garan- tizar los derechos lingüísticos en un marco planificado y respetuoso con la pluralidad».

La coalición entiende que se deben «invertir los términos del sistema vigente, estableciendo como principio general el conocimiento de las dos lenguas oficiales en el acceso al empleo público vasco, permitiendo excepciones al requisito del euskara únicamente mediante criterios legales y planificación lingüística».

Se trataría de transitar hacia un modelo en el que las exigencias lingüísticas sean generalizadas, aunque dotándolo «de la flexibilidad necesaria para adaptarse a las distintas realidades organizativas y sociolingüísticas», en oposición al funcionamiento actual, donde las exigencias lingüísticas se aplican solo a plazas previamente determinadas.

EH Bildu, que defiende la seguridad jurídica de su propuesta, que toma como base lo que recogen los ordenamientos jurídicos de Catalunya y Galicia, avalados por el Tribunal Constitucional, ha hecho un trabajo de concreción, detallando una fórmula para establecer el índice de progresividad, y se lo ha trasladado a los sindicatos y a PNV y PSE, de quienes aguarda respuesta.

La coalición también plantea un cambio en los sistemas de acreditación y evaluación, de forma que pasen «de un modelo centrado en exámenes hacia sistemas de evaluación competencial y basados en el desempeño real», y considera que se deben habilitar «más recursos y mayores facilidades para el aprendizaje del euskara», incluyendo planes de formación personalizados, liberaciones horarias, apoyo específico para personas que hayan accedido a la función pública sin acreditar el nivel lingüístico requerido, y acceso equitativo a estos recursos.

EL PNV, ESPERANDO A ANDUEZA

La propuesta de EH Bildu fue saludada al día siguiente de presentarse por ELA y por LAB, y ha recibido parabienes de la mayoría de los expertos que han comparecido en sede parlamentaria, pese a lo cual ha sido considerada «maximalista» por el PNV. Así la definió su portavoz parlamentario Joseba Díez Antxustegi en una entrevista en Radio Euskadi.

El responsable de euskara de la formación jeltzale, Markel Olano, declaró en octubre, al presentar su propia proposición de ley, que «ahora debemos trabajar para alcanzar el mayor de los consensos en el Parlamento Vasco sin caer en debates y estrategias partidistas y sin dejar de lado lo importante: que el euskara necesita un impulso, un salto».

Esa apuesta por el consenso, sin embargo, con el tiempo se ha disuelto como un azucarillo, y el PNV solo contempla pactar con el PSE. Díez Antxustegi insistió en la citada entrevista en que «el acuerdo se tiene que dar sobre la base de proteger a nuestra lengua», apostillando que el “maximalismo” de la propuesta soberanista «no da garantía ni seguridad jurídica» al euskara.

El portavoz del PNV indicó que «a nadie se le escapa» que tienen un acuerdo de gobier- no con el PSE, de modo que, añadió, «no contemplo que no haya acuerdo» con ese partido.

Ocurre, por el contrario, que su socio sí contempla esa opción. Eneko Andueza, secretario general del PSE, en una entrevista en Euskadi Irratia el 25 de marzo, no solo dijo que «ahora mismo no es posible» el entendimiento con EH Bildu, sino que «está por ver» si hay un acuerdo con el PNV, porque, avisó, «no es seguro».

El líder del PSE declaró que «el único objetivo de PNV y EH Bildu es incrementar los requisitos de euskera en la Administración, y nosotros no estamos de acuerdo».

RIESGO DE RETROCESO

Está por ver cómo llegan ambos al final del plazo, pero incluso sin sumar el factor ponderante -y no a favor del euskara- del PSE, la propuesta del PNV ya ha generado algunos rechazos.

El partido de Aitor Esteban plantea un único cambio en la ley, en concreto, añadir un apartado al artículo 187 para exigir que cada administración haga «un análisis riguroso y justificado, basado en criterios de proporcionalidad y en las necesidades de uso de las lenguas oficiales en la entidad de cara a fijar los perfiles lingüísticos». Junto a ello, suprimir la aplicación de «determinaciones generales de índices de obligado cumplimiento». Arguye que ese ha sido el principal motivo de fricción y anulación judicial de las OPEs.

Para LAB, sin embargo, esto «abre la puerta al riesgo de dar pasos atrás en la euskaldunización de la administración». El sindicato indicó en una nota que al aliminar todo índice de obligado cumplimiento quedaría en manos de la o el responsable institucional la fijación del porcentaje de plazas con perfil lingüístico, sin límites por arriba, pero sín mínimos que cumplir. «Con esta reforma legal, la voluntad euskarófoba de los y las jueces no tendrá ningún límite; ya que cualquier exigencia de euskara les podría parecer ‘desproporcionada’», alertaba.

Desde luego, sería el colmo que del proceso emprendido para darle seguridad jurídica y asentar su situación en la administración el euskara saliera en una posición más frágil.

A falta de semana y media para que concluya el plazo, casi todas las cartas están ya sobre la mesa. Ahora solo queda ver si a la lengua vasca le sale por fin una mano ganadora.

Kontseilua: «Jauzia egiteko garaia»

Euskalgintzaren Kontseiluko ordezkaritza batek, Idurre Eskisabel idazkari nagusia tartean zela, euskararen normalizazioaren aldeko «jauzia» eskatu zuen azaroaren 26an Gasteizko Parlamentuko batzorde batean egindako adierazpenetan.

Ohartarazi zuten azken urteetan «euskararen normalizazioaren aurkako oldarraldi judizial eta politikoak areagotu» egin direla, eta funtzio publikoaren esparruan ez ezik, bestelako arloetan ere atzerapausoak eragin dituztela, eta «premiazko erantzuna» eskatu zuten.

Ildo horretan, positiboki baloratu zuen hasitako legea aldatzeko prozesua, «eztabaida berriro Legebiltzarrean kokatuko delako, ez epaitegietan». «Hau aurrerapauso garrantzitsua da, baina ezin gara mugatu oldarraldiari erantzutera; euskarak behar duen arkitektura juridiko berria eraiki behar da», gaineratu zuten Euskalgintzaren Kontseiluko kideek.

Horretarako, hiru «printzipio gidari» proposatu zituzten: hizkuntza eskubideak giza eskubideak direla onartzea; atzerapausorik ez ematea, babes maila ez ahultzeko; eta hizkuntza berdintasuna, hots, euskarari gaztelaniak duen estatus juridiko bera aitortzea eta euskaldunak diskriminazio egoeratik ateratzea.

Kontseiluak gogorarazi zuen euskal gehiengo sindikalarekin batera garatutako proposamenak -langile publikoen %75 ordezkatzen duten sindikatuek babestua- administrazioa hamabost urteko epean erabat euskalduntzea aurreikusten duela, «modu errealista eta egingarrian». «Baldintza objektiboak» badaudela esan zuen, eta alderdiei «arduraz eta ausardiaz» jokatzeko eskatu zien. I.B.