La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, desarrollada por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), establece en su disposición decimocuarta que los ayuntamientos deben realizar antes de 2028 un censo de instalaciones y emplazamientos públicos y privados con amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada y que esta se priorizará atendiendo al grado de peligrosidad y exposición de la población más vulnerable.

Dicha tarea deberá realizarse en diferentes fases, enumera Aingeru Pérez, jefe de la Unidad Técnica del Sector Primario y Construcción del Instituto de Salud Pública y Laboral de Nafarroa (ISPLN). En una primera, se procederá a la identificación de aquellas edificaciones, instalaciones y emplazamientos en los que pueda haber materiales con amianto (MCA), incluidos edificios públicos, empresas, naves, viviendas privadas, huertas, bordas, etc. 

Dada la numerosa cantidad de tipos de MCA, esta labor presenta una gran complejidad, de ahí que deba ser llevada a cabo por personal técnico cualificado. En el caso de las empresas, sus preceptivas Evaluaciones de Riesgos ya deberían tener identificado y evaluado el riesgo derivado de la presencia y manipulación de los MCA en el centro de trabajo.

También hay que poner de manifiesto que los materiales visibles no friables –aquellos que no se pueden desmenuzar con facilidad–, como por ejemplo las placas de fibrocemento, son más fáciles de reconocer. Otros, sin embargo, pueden estar ocultos, por lo que sería necesario recurrir a planos de las redes de abastecimiento y saneamiento, disponibles en las diferentes mancomunidades.

Cumplido este trámite, el siguiente proceso es la elaboración del censo. Ante la complejidad que supone cumplir con la mencionada disposición adicional decimocuarta, el personal técnico cualificado puede ayudarse del documento Directrices para la retirada del amianto instalado, que se puede descargar de internet.

Para evaluar la peligrosidad de los MCA existentes, es necesario aplicar el algoritmo descrito en dicho documento, teniendo en cuenta factores como el tipo de amianto, la forma, el deterioro, la accesibilidad o el número de personas que pueden resultar afectadas, entre otros. De ello se obtiene un valor que va a determinar la prioridad de las actuaciones y, en su caso, la retirada.

Esta última intervención debe ser llevada a cabo por empresas especializadas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) y tras la aprobación por parte de la Autoridad Laboral de un Plan de Trabajo. La eliminación de los residuos generados se tiene que hacer a través de un Gestor de Residuos Autorizado, que se encargará del definitivo traslado a un vertedero final, donde se introducirán en celdas especialmente preparadas para ello.

«Importante coste económico»

Materializar todos estos trámites va a suponer «un gran reto, una ingente labor y un importante coste económico, que muchos ayuntamientos no van a poder llevar a cabo en su totalidad», advierte Pérez, ante la complejidad de todo el proceso. 

Lo cierto es que, a punto de superarse el primer trimestre de 2026, las previsiones son bastante dispares dependiendo de la zona. En el caso de Nafarroa, desde el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente se apunta que todavía ningún ayuntamiento ha presentado dicho censo, si bien parece ser que el Consistorio iruindarra sí que está en ello, aunque sin que se haya finalizado.

En lo que se refiere a la CAV, donde se ha creado la Mesa Interdepartamental del amianto del Gobierno Vasco, las expectativas son más positivas. Se calcula que a lo largo de este año la mitad de sus ayuntamientos realizarán el censo.

Osalan da apoyo con diversas herramientas informáticas y viene recordando a los municipios «cada cierto tiempo, mediante comunicaciones escritas, la obligación de realizar el censo y las fechas límite que tienen para entregarlo», explica José Luis Bernal, responsable de área del centro territorial de Araba de dicho organismo, quien añade que también se realizan formaciones a técnicos municipales y que otra de sus futuras funciones es comprobar que la retirada por parte de empresas RERA sea la correcta.

Del mismo modo, el ISPLN también lleva varios años impartiendo distintas formaciones a personal técnico de otros organismos, ayuntamientos y servicios de prevención para la identificación y toma de muestras de materiales con amianto. Nafarroa se convirtió en 2020 en la primera comunidad en disponer de un Plan Director de Eliminación del Amianto.

En todo caso, «se precisa una importante dotación económica para su ejecución», matiza Pérez, quien avanza que próximamente se seguirán llevando a cabo más formaciones en coordinación con el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Nafarroa, entidad competente en la Ley de Residuos, y con la Federación Navarra de Municipios y Concejos.

Dicho departamento, entendiendo que la retirada de MCA no es solo una cuestión medioambiental, sino también relacionada con los riesgos laborales y la salud de las personas, desde 2024 viene impulsando una línea de subvenciones para empresas –industriales, agrícolas y ganaderas– que quieren llevar a cabo esa actuación.

Así, las ayudas han ido aumentando de manera exponencial. El primer año se dotó a dicha partida con 100.000 euros, cifra que se duplicó para 2025, llegando a los 200.000. Aunque todavía no se ha hecho público, la intención es que el montante económico ascienda hasta los 655.000 euros en este 2026.

255.000 muertes anuales

Pese a estos primeros movimientos, Pérez avisa de que nuestras administraciones no pueden cometer los «mismos errores» que ya se han producido en otras zonas europeas. En este sentido, ejemplifica con lo sucedido en Polonia, país que ya elaboró un programa con el objetivo de erradicar el amianto para 2032. 

Sin embargo, «todavía les quedan muchísimas toneladas de amianto por retirar y han surgido graves problemas, como la aparición de empresas no especializadas en retirada de amianto, que, en ocasiones, han puesto en riesgo a la población, o la falta de vertederos para albergar la ingente cantidad de MCA aún por eliminar». «No obstante, esto no puede ser pretexto para que no se elimine el amianto ya instalado y debe haber un compromiso claro por parte de todas las partes responsables en su retirada», matiza.

El amianto o asbesto es un conjunto de minerales que, por su naturaleza fibrosa, aportan una alta resistencia a temperaturas elevadas, además de fortaleza estructural y química, lo que le convertía en un excelente material para la construcción de edificios e instalaciones.

El problema es que también se trata de un agente altamente cancerígeno y fue prohibido totalmente en el Estado español en 2002. Ello no impide que siga presente en cubiertas y fachadas, bajantes y tuberías, aislamientos, antiguos hornos industriales, juntas, en los procesos de calorifugados, cartones y pinturas, entre otros.

Se estima que este material ha podido causar ya la muerte de millones de personas en todo el mundo y que las enfermedades relacionadas con el asbesto provocan aproximadamente 255.000 muertes cada año a nivel mundial –entre 30.000 y 90.000 en Europa– y de las que más de 107.000 serían por cáncer de pulmón, mesotelioma y asbestosis. Además, se estima que alrededor de 125 millones de personas están expuestas al amianto en su lugar de trabajo.