El Partido Popular de Castilla y León asume, como ya ha hecho en Extremadura y Aragón, el concepto de «prioridad nacional» para el reparto de ayudas públicas exigido por Vox para reeditar el Gobierno de coalición creado en 2022. Con la guerra cultural como eje principal de su estrategia, Vox ha conseguido obtener una vicepresidencia y tres consejerías, entre las que destacan las carteras de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. Son estas algunas de las materias que Vox más instrumentaliza para presentarse como defensor del campo y de lo tradicional.

Por si fuera poco, y en línea con esa deriva conservadora, la formación liderada por Carlos Pollán Fernández, quien será vicepresidente, se ha hecho también con las carteras de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; y Cultura, Turismo y Deporte.

Así, y más de dos meses y medio después de las elecciones autonómicas del 15 de marzo, en las que los populares ganaron por mayoría simple —mejorando sus resultados tras casi cuatro décadas al frente de la comunidad, con 33 escaños— y los ultras frenaron su crecimiento —con 14 procuradores—, ambas formaciones han acordado replicar lo sucedido en los recientes comicios de Aragón y Extremadura, y que posiblemente se replique en Andalucía: gobiernos de coalición en los que la «prioridad nacional» parece ser el principal peaje.

«Es un día bueno para Castilla y León», ha declarado Alfonso Fernández Mañueco, presidente del PP de Castilla y León y actual presidente en funciones de la comunidad autónoma. Ha sido Pollán el primero en mencionar el logro de su formación: «Está la prioridad nacional en la ayuda a la vivienda y ayudas sociales, trabajo importante de fiscalidad para familias, jóvenes y medio rural, y un plan de choque y de rechazo a las políticas migratorias de Pedro Sánchez».

¿Priorizar a quién?

Adquirido de la ultraderecha francesa, ambas formaciones parecen haber integrado ya dentro de sus programas y gobiernos la «prioridad nacional» como criterio de reparto de ayudas públicas. Eso sí, es el alcance que el concepto puede llegar a tener en las futuras políticas lo que verdaderamente supone, al menos según lo declarado, una discrepancia entre las formaciones. Mientras que para los ultras de Abascal supone priorizar a los españoles sobre los inmigrantes en el acceso a ayudas, prestaciones y servicios públicos, para los populares implica premiar el arraigo de un ciudadano a un territorio concreto sin importar la nacionalidad.

En la práctica, el único y declarado fin del concepto es dificultar el acceso a las ayudas a quienes menos tiempo llevan empadronados en un territorio, normalmente las personas migrantes. Aunque a priori sea el empadronamiento y no la nacionalidad el criterio a tener en cuenta, los acuerdos dejan abierta la posibilidad de que se introduzca, a futuro, el baremo de la nacionalidad cuando se aprueben normas concretas. No solo eso, sino que dicho concepto solo se aplicará a los ciudadanos «regularizados»: las personas en situación irregular sí quedarán excluidas de cualquier prestación o ayuda.

Castilla y León se convierte así en el tercer gobierno en el que PP y Vox recrudecen no solo su discurso xenófobo, sino también las políticas excluyentes derivadas del propio acuerdo. No será la primera vez que el presidente en funciones y Vox gobiernen juntos. Esta será la segunda coalición tras la de 2022, cuando Mañueco se convirtió en el primer gobernante regional europeo en aliarse con la extrema derecha.