«El Estado de derecho no es el Estado de derecho de los jueces». Así se ha pronunciado el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, que ha alzado la voz contra un fallo del Tribunal Supremo sobre la comisión que regula a la radiotelevisión comercial.

El Tribunal Supremo dictaminó en mayo la suspensión del Consejo de la Segunda Autoridad, organismo regulador de la radiodifusión comercial, después de que organizaciones como la Unión de Periodistas de Israel denunciaran ciertos nombramientos controvertidos realizados por el Gobierno.

Karhi fue acusado de imponer miembros afines al Ejecutivo, incluyendo a Ben-Hai Segev como presidenta, a pesar de que esta se encontraba en el centro de múltiples conflictos de intereses vinculados a sus anteriores funciones en la industria y a su implicación en el juicio por corrupción contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

El Supremo decidió que la comisión podría funcionar sin los miembros que el Gobierno pretendía imponer, algo que no ha gustado al Gabinete de extrema derecha, que ha abierto una crisis constitucional al anunciar que no acatará la decisión del Alto Tribunal. 

El propio Karhi y el ministro de Justicia, Yariv Levin, han señalado en redes sociales que, en una decisión descrita como «un paso histórico para devolver el Estado judío y democrático al pueblo», el Gobierno ha determinado que «la decisión del Tribunal Supremo con respecto a la Segunda Autoridad es ilegal, y las acciones tomadas en virtud de ella son ilegales».