En Irak, la cuestión de las milicias no es algo reciente: desde la desbaazificación del país, organizada por Estados Unidos tras su invasión en 2003, estructura buena parte de los equilibrios de poder.

El asunto dio un nuevo giro en 2014, cuando el ayatolah Al Sistani, máxima autoridad religiosa chií iraquí, lanzó una fatwa - un dictamen religioso - para movilizar a la población frente al avance del yihadista Estado Islámico. Desde el empobrecido sur chií así como desde la capital, miles de jóvenes se incorporaron a la multitud de facciones que acabarían conformando las Hachd al Shaabi, las Unidades de Movilización Popular.

Su papel, a menudo infravalorado, fue decisivo, favorecido además por la debilidad del ejército iraquí. Para regularizar su situación, los diputados chiíes aprobaron en 2016 la ley nº 40, que las convirtió en parte integrante del sistema nacional de defensa.

Desde entonces, las Hachd al Shaabi se han dividido, de hecho, en dos grandes bloques. Por un lado, las formaciones ampliamente mayoritarias, plenamente integradas en el Estado iraquí. Por el otro, un puñado de grupos que han conservado una autonomía estratégica. Es este sector armado, agrupado bajo el paraguas de la Resistencia Islámica en Irak, el que desde el 7 de octubre de 2023 ha llevado a cabo ataques contra posiciones estadounidenses y aliadas, en nombre de la unidad de los frentes impulsada regionalmente por Teherán.

Durante los últimos meses, estos grupos han condicionado su plena integración en el Estado a la salida de las fuerzas extranjeras del país. Como era previsible, pese a que esa retirada se hizo efectiva el pasado 30 de setiembre, la Resistencia Islámica no tiene intención de deponer las armas. Previsto inicialmente para esa misma fecha, su desarme ha sido aplazado hasta junio de 2027.

«No hay que engañarse: mientras exista una amenaza existencial sobre la República Islámica de Irán, no van a deponer las armas. Aunque sus ataques sean cada vez menos frecuentes, forman parte de la arquitectura regional de seguridad iraní y constituyen una fuerza de disuasión», explica, bajo condición de anonimato, un general retirado del ejército iraquí.

Así, las negociaciones en curso parecen condenadas desde su nacimiento. «Estos grupos negocian con el Estado cuando ellos mismos forman parte del Estado. Tienen representantes en el Parlamento, no están en la oposición al poder: son una de sus formas, aunque hayan conservado cierta autonomía. Eso hace prácticamente imposible cualquier avance», confía una fuente implicada en las conversaciones.

«En su forma actual, estos grupos constituyen una suerte de brazo armado informal del Estado», señala el politólogo Hardy Mède. «El Estado puede apoyarse en ellos para llevar a cabo acciones que no podría emprender directamente como entidad jurídica reconocida internacionalmente. Pero va más allá: para el propio Estado son también un instrumento de poder interno».

En Irak muchos de los detractores de este entramado ven en la dinámica actual una puesta en escena destinada a tranquilizar a Washington sin incomodar a Teherán. Un juego de apariencias en el que Ali al Zaidi, nuevo primer ministro surgido de la corriente chií proiraní, está condenado a ejercer de equilibrista. Respaldado por Washington -el empresario ha recibido el apoyo de Donald Trump-, apenas dispondría en realidad de margen de maniobra.

Entonces, ¿dónde se encuentra el verdadero centro del poder iraquí y quién toma las decisiones? La respuesta parece repartirse entre dos direcciones. La primera, Bagdad, donde el juez Faiq Zaidan, presidente del Consejo Superior de la Magistratura, ha asumido los expedientes más delicados, aunque sin disponer necesariamente de la capacidad de resolverlos. La otra, Teherán, donde los Guardianes de la Revolución siguen ejerciendo todo su peso tanto sobre los grupos armados como sobre la coalición gobernante.

¿Hasta el punto de imponer su propia agenda a espaldas de Bagdad? Todo parece apuntar en esa dirección. Los ataques con drones lanzados el 10 de septiembre desde Irak contra el oleoducto saudí Este-Oeste, que permite al reino eludir el estrecho de Ormuz, parecen reforzar esta tesis. La ironía es que apenas un mes antes Ali al Zaidi, que había prometido a los saudíes que el territorio iraquí no serviría de plataforma para este tipo de operaciones, intentaba convencer a Riad de que ayudara a Irak a exportar su crudo.

El episodio ha dejado sobre todo al descubierto los límites de la gobernanza iraquí. La ofensiva, que habría sido ejecutada por células que operan al margen de las cadenas de mando habituales y dirigida directamente por los Guardianes de la Revolución, recuerda hasta qué punto Irak sigue siendo vulnerable a las convulsiones regionales. Y, sobre todo, a un orden miliciano que, a todas luces, todavía tiene muchos años por delante.