El veto a Otegi y «Objetivo Chimborazo»
Que el pasado miércoles la dirección de ETB&punctSpace;se sintiera obligada a cambiar su parrilla nocturna es la anécdota que compendia otras realidades políticas más profundas.
El pasado miércoles, cuando todavía faltaban más de treinta horas para el inicio oficial de la campaña, la dirección de ETB decidió no emitir la segunda parte del programa dedicado a mostrar otra cara de varios políticos, entre ellos Arnaldo Otegi, por si el veto del Tribunal Constitucional podía hacer que el ente público no se ajustara debidamente a la legalidad. Preguntó a la Junta Electoral sobre la cuestión y al no obtener respuesta optó por la autocensura. No voy a entrar a si fue un exceso de celo, cierta cobardía, presiones de los partidos unionistas que ya habían puesto días antes el grito en el cielo o, como los más malévolos insinuaban en las redes, en realidad el primer programa no había dado los réditos políticos que algunos esperaban.
Lo que se puede destacar es hasta qué punto una decisión ajena, de un tribunal externo y además claramente politizado, acaba influyendo hasta en los detalles más nimios de nuestras vidas, evidenciando así nuestra dependencia. ETB se sintió obligada a alterar su parrilla, con los líos de encajes internos que ello supondrá. Y los telespectadores también vieron cambiada su rutina. Unos porque hubieran querido ver la segunda parte del programa y otros porque huyendo de politicos se fueron a otro canal y, como no estaba anunciado, se perdieron un capítulo de “Objetivo Chimborazo”, que quizá seguían semana a semana.
Lo de ETB no es más que una anécdota que sirve para reflejar cuatro realidades que van más allá esta campaña electoral. La primera es que una decisión política de un Estado, temeroso de constatar el respaldo ciudadano que podía obtener quien ha convertido en una de sus bestias negras, entorpece labores cotidianas de otros. Por ejemplo, también con carácter preventivo, la empresa Imop, que hizo las entrevistas para la última encuesta del CIS, se vio obligada a preguntar por Maddalen Iriarte como candidata a lehendakari (que no lo es) en lugar de Arnaldo Otegi y se encontró con que un 10,4% de los 3.007 encuestados le respondieron con «otras menciones a EH Bildu». También algunos periódicos andan haciendo peripecias con una realidad en la que el líder es Otegi, pero hay que buscarle repuesto para las portadas puzzle.
La segunda realidad es la evidencia de que desde Madrid se pueden controlar lo anecdótico y lo importante: la parrilla de ETB, la becas, la educación, los sueldos de los funcionarios, la plantilla de la Ertzaintza, el fracking, la Ley de Vivienda, la legislación laboral...
La tercer realidad es la de que el Estado español sigue anclándonos al pasado, lastrando nuestro futuro. El veto a Arnaldo Otegi es la última consecuencia de aquel sinsentido político y jurídico que fue el llamado «caso Bateragune». El Gobierno de Zapatero y Rubalcaba, con la firma de Baltasar Garzón, intentó aplastar a la izquierda abertzale abortando su cambio de estrategia a través de las detenciones de octubre de 2009. No lo logró, pero el Gabinete de Rajoy siguió su camino en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Constitucional, acusando de terroristas y condenando a cárcel a quienes habían contribuido a que ETA pusiera fin a su actividad armada.
Y la cuarta realidad es que la prohibición de que quien quiera pueda votar a Arnaldo Otegi, compendio de todas las anteriores, es tomada por algunos que se dicen abertzales con alivio en su fuero interno y, por ello, tratando de quitarle importancia en público. Iñigo Urkullu dijo al presentar su programa que «acabado este procedimiento» por fin todos pueden hablar de propuestas. ¿Todos?