El derribo del caserío Txanpuene (siglo XVIII) se realizó sin concluir el proceso judicial

El derribo del caserío Txanpuene del siglo XVIII, en Donostia, se ha llevado a cabo sin que concluyera el proceso judicial ni la tramitación ante el Gobierno de Lakua de su protección como patrimonio cultural.

Hace poco más de una semana culminaba el derribo del caserío Txanpuene, que databa de 1773 y era el único que permanecía cercano al centro de Donostia, en la parte alta de la calle San Roke, en Amara-Aiete. En esta zona está previsto que las promotoras Inmobiliaria Irunesa, Neinor Norte e Inmobiliaria Renteria construyan viviendas que está previsto que se vendan a un mínimo de 1,2 millones de euros.

El derribo, según denuncia la familia Etxabe, se ha realizado sin que los tribunales hayan concluido el proceso judicial sobre el caserío y sin que se haya dejado que el Gobierno de Lakua culmine la solicitud de protección solicitada en base a la Ley de Patrimonio Vasco.

De este modo, la especulación inmobiliaria ha acabado con un caserío centenario y que era referente también en lo referido a la historia del abastecimiento de agua de Donostia. En esta zona se situaban manantiales que sirvieron para dar de beber a la ciudad e, incluso, estaba proyectado el impulso de un Museo del Agua.

En la actualidad, la Asociación Cultural Txanpuene Kultur Elkartea ha interpuesto una denuncia en los tribunales para reclamar que la familia Etxabe son los propietarios del derribado caserío. Según han explicado fuentes jurídicas, los Etxabe vivían en Txanpuene desde hace más de 110 años, desde 1887, «en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida».

Desde hace décadas, han actuado como propietarios de la finca, realizando tareas agrícolas en el caserío, habitando en el mismo y llevando a cabo las tareas de mantenimiento y acondicionamiento necesarias. Esta circunstancia se considera fundamental para dirimir a quién corresponde la propiedad del caserío, algo que no se ha decidido en esta vía judicial.

Paralelamente, es cierto que los promotores consiguieron una victoria judicial en relación con un desahucio por precario. Inicialmente, el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Donostia falló a favor de la familia Etxabe y les reconoció como dueños de la propiedad. Sin embargo, en el recurso que presentaron los promotores, la Audiencia Provincial de Gipuzkoa exigió a los Etxabe «el título de dueño», pese a que la ley no lo considera necesario. Fuentes jurídicas califican de «error incomprensible» que se hubiera planteado esta exigencia en esta sentencia, que fue la base para el desalojo que se produjo el pasado 1 de diciembre.

La causa posteriormente acabó en el Tribunal Supremo español, donde se resolvió en un periodo inusualmente rápido de apenas nueve meses, en plena pandemia de la covid-19. Fallaron a favor de los promotores.

Protección como bien histórico

Un caserío del siglo XVIII con una vinculación tradicional al abastecimiento de agua merece una protección por su valor histórico. Parece algo que no necesita demasiado explicación. Sin embargo, el Ayuntamiento de Donostia rechazó la petición de este tipo de protección, argumentando que Txanpuene no estaba en la lista de bienes protegidos.

La familia Etxabe ha solicitado al Gobierno de Lakua esta protección, haciendo referencia a la recientemente aprobada Ley de Patrimonio Cultural Vasco, de mayo de 2019. Esta norma establece que «forman parte del patrimonio cultural vasco todos aquellos bienes culturales inmuebles, muebles e inmateriales que ostentan un valor artístico, histórico, arqueológico, paleontológico, etnológico, antropológico, lingüístico, científico, industrial, paisajístico, arquitectónico o de cualquier otra naturaleza cultural que merezcan ser considerados de interés para su reconocimiento y transmisión intergeneracional», algo que Txanpuene cumple con creces.

Así se señala en la documentación pericial aportada al expediente, que recuerda, además que junto a Txanpuene se encuentran protegidas una cruz y un dintel.

Ante el valor histórico del caserío se solicitaba a Lakua «que se adopten con carácter urgente, las medidas necesarias para la salvaguarda del patrimonio cultural vasco, y en particular, evitar el derribo y la pérdida del caserío Txanpuene», algo que no se ha llevado a cabo.

Sin embargo, Lakua no ha contestado todavía a este requerimiento, por lo que el expediente está abierto. Pese a ello, se ejecutó el derribo.