CL asume los «escollos legales» y confirma que Lakua y Diputación alentaron su acción

En la agria polémica entre instituciones dirigidas por el PNV y el Ayuntamiento de Azpetia gobernado por EH Bildu en torno a la antigua planta de Corrugados faltaba por oír la voz del grupo industrial CL, que está en el epicentro de este torbellino político y mediático. Entrevistado este jueves en ‘El Diario Vasco’, su consejero delegado, Miguel Ángel Leal, evita polémicas directas con el Consistorio y matiza algunas cuestiones.

Pese a que el titular escogido es ‘Nuestro proyecto para reabrir Corrugados era sólido y viable’, en la entrevista Leal lo califica más bien como una «intención» incipiente que se ha estrellado con la evidencia de que no cabe una actividad de ese tipo en la zona (por el planeamiento urbanístico aprobado por EH Bildu y PNV en la localidad). «Parece que finalmente hay escollos legales que impiden seguir adelante con el proyecto», dice el CEO de CL antes de sentenciar que «no quiero entrar en polémicas».

Sobre este detalle en concreto, Leal deja claro que hubo una actuación por detrás de Gobierno de Lakua y Diputación de Gipuzkoa, dado que «nos trasladaron que los problemas que pudieran surgir se podrían solventar». Preguntado sobre si el proyecto no era irrealizable de entrada dado que el suelo es residencial, responde que «estas cuestiones son interpretables».

Se le plantea también al responsable de CL por qué no aceptó la alternativa de reiniciar la actividad en un polígono a las afueras de la localidad, Trukutxo, ofrecida desde el Consistorio. Responde que había tres problemas para ello «que lo hacen inviable»: el plazo para arrancar, la necesidad de mayor inversión y una demanda pendiente por esos terrenos.

¿Había o no un proyecto real?

El otro gran motivo de polémica en este asunto, además de la legalidad o no de la operación, es la cuestión de si realmente había un proyecto conformado, dado que el Ayuntamiento no lo entiende así. Leal concreta que tenían «un análisis de negocio», algunos responsables y un plan de inversión y producción. «La intención era invertir 50 millones y crear, en un plazo de entre ocho y doce meses, 270 puestos de trabajo directos para una producción de 500.000 toneladas». Cuando el entrevistador le insiste en «qué significa ‘presentar el proyecto’», responde que ha habido «escritos formales» y dos reuniones «con todas las instituciones».

Frente a la insistencia y acritud de las instituciones lideradas por el PNV en señalar al Ayuntamiento que dirige Nagore Alkorta, en algunos puntos de la entrevista el CEO de Cristian Lay parece querer quitar hierro al asunto: «Sabemos que hay veces que los proyectos van bien y otras no».