INFO

El homicidio de un alcalde sacude la política de seguridad en México

Carlos Manzo, alcalde independiente de Uruapan, fue tiroteado el 1 de noviembre en el centro de la ciudad. Su muerte ha provocado un terremoto político en México, que se debate entre el optimismo oficialista y la certeza de que hay territorios donde el crimen organizado sigue siendo el que manda.

Diputados del PRI colocaron el 4 de noviembre en sus escaños sombreros con manchas rojas que simulaban sangre para condenar la muerte de Carlos Manzo. (L. BARRON | CONTACTO)

Carlos Manzo era un alcalde que sabía que podían matarlo. Desde septiembre de 2024 estaba al frente del Ayuntamiento de Uruapan, un municipio aguacatero de Michoacán, estado ubicado 400 kilómetros al oeste de Ciudad de México. En reiteradas ocasiones dijo que temía por su vida. Y alzó la voz para denunciar el creciente poder del crimen organizado en el territorio, donde el narco no solo controla el trasiego de drogas, sino que llega a imponer tasas a productos legales como el limón o el aguacate. Terminó pagándolo caro. El pasado 1 de noviembre, Manzo fue tiroteado en pleno centro de Uruapan.

Los hechos fueron grabados por varias cámaras de seguridad. En esas cintas se ve al alcalde, cubierto con su característico sombrero de ala, junto a una muestra de flores de cempasúchil, tradicionales en el Día de Muertos. Entre la multitud aparece un hombre con capucha que trata de acercarse, pero se ve obligado a dar un rodeo debido a que hay mucha gente. Luego, ya en otra toma, se escuchan los disparos, se ve a la gente corriendo y a un vecino maldiciendo: «Han matado al presidente».

La figura de Manzo era controvertida. Ejerció como diputado federal bajo las siglas de Morena, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, hasta 2024. Y luego se lanzó como candidato independiente a la Alcaldía de Urapan. Su estilo directo y tosco permitió a todos los espectros políticos encontrar alguna frase en la que sentirse representado. El oficialismo no deja de repetir unas imágenes de hace cuatro años cuando recordaba que la violencia en Michoacán tiene su origen en la mal llamada «guerra contra el narcotráfico» de Felipe Calderón. Y la oposición recuerda insistentemente su disputa con Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán. En un directo en redes sociales, el alcalde ahora muerto de forma violenta le había dicho: «Vas a tener que pasar sobre mi cadáver y vas a tener que matar a mucha gente».

A Manzo le gustaba presentarse como una especie de sheriff local, dirigiendo operativos en su territorio y abogando por la mano dura contra la delincuencia. «Delincuente que se topen que ande armado y que se resista a ser detenido o que agreda a la ciudadanía y ustedes lo detecten en la calle o en los operativos, hay que abatirlos», dijo en alguna ocasión.

En medio de todo este ruido, aparecieron medios tratando de forzar su figura como el «Bukele michoacano», en referencia a Nayib Bukele, el presidente salvadoreño que se reeligió ilegalmente y que impuso un estado de excepción con más de 80.000 personas encarceladas. En realidad, eso es una caricatura. Lo relevante del caso es que muestra la fragilidad con la que las autoridades se mueven en ciertos espacios en México. Michoacán es uno de ellos. Fue ahí donde Calderón declaró su guerra en 2006 y desde entonces el territorio sufre un conflicto armado no declarado en el que van cambiando los actores.

Primero fueron la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios. Luego entraron en juego las denominadas Autodefensas, grupos ciudadanos que se levantaron en armas contra el crimen organizado y que todavía mantienen cotas de poder. Actualmente, el territorio está en disputa entre el Cartel Jalisco Nueva Generación, la gran estructura criminal de los últimos años, y Cárteles Unidos, una amalgama de pequeños grupos que disputan el territorio. Un elemento clave aquí es la narcopolítica. Es decir, poca gente llega a un puesto de responsabilidad sin el permiso o el apoyo explícito de los grupos que controlan el territorio.

El homicidio sacudió la política mexicana

La oposición, carente de alternativas, aprovechó para atacar los mensajes optimistas de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que presume una reducción del 32% en el número de homicidios. El oficialismo se revolvió y denunció a los «carroñeros» que tratan de sacar beneficio político de la muerte de Manzo. Pero hay una realidad. Hay territorios como Michoacán donde el crimen organizado sigue siendo el que manda. Puede ser que los homicidios se hayan reducido (el Gobierno federal presume un descenso de más del 40% en cuatro años) pero las mafias locales siguen teniendo el control.

En los últimos días, grupos de jóvenes protestaron en algunos municipios michoacanos exigiendo justicia. Al mismo tiempo, Estados Unidos observa de qué manera puede aprovechar esta coyuntura, en un contexto en el que Donald Trump ha convertido el «narcoterrorismo» (lo que sea que quiera decir eso) en la excusa para bombardear lanchas en el océano Pacífico y el mar Caribe. La muerte de Carlos Manzo sacudió a México y la gran tragedia es saber que crímenes como este podrían seguir repitiéndose.