Transferencias, voluntad negociadora y unidad interna, tres ficciones de Lakua

El Gobierno de coalición de PNV y PSE en Lakua convive con tres ficciones. Una es la de que antes de fin de año se cerrarán todas las transferencias pendientes, «porque hay un acuerdo». Otra es la de su unidad interna. Y la tercera, su «voluntad» de no aplastar con su mayoría absoluta.

En la rueda de prensa que siguió al Consejo de Gobierno de ayer, la portavoz del Ejecutivo y consejera de Autogobierno, María Ubarretxena, combinó su «preocupación» por las trabas que el Gabinete de Pedro Sánchez está poniendo para cumplir el calendario de cara a completar antes de fin de año el traspaso a la CAV de las competencias estatutarias pendientes de transferir, con la aseveración, al mismo tiempo, de que «es posible, a no ser que la otra parte diga que no lo es, porque hay un acuerdo suscrito que así lo dice». Y que, «por tanto, deberá ser la otra parte la que diga si no es posible y si hay tiempo o no hay tiempo».

El acuerdo de investidura firmado por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, recogía que «se procederá en los dos primeros años de legislatura a la negociación y a efectuar los traspasos correspondientes de las materias pendientes de transferencia según el listado acordado por los Gobiernos Español y Vasco en la legislatura anterior y, en su caso, se procederá a remover los obstáculos legales que impidan un mayor ejercicio del autogobierno». Los mencionados «dos primeros años de legislatura» se cumplieron realmente el pasado domingo, 16 de noviembre, pero Moncloa y Ajuria Enea han asumido la fecha del 31 de diciembre.

Lo cierto es que faltan 42 días para cerrar lo que no se ha hecho en 688, porque todavía están por transferir aproximadamente la mitad de las que quedaban cuando se firmó el acuerdo entre el PSOE y el PNV en noviembre de 2023.

La historia reciente -incluso con Ejecutivos favorables en Madrid- y el sentido común muestran que la consecución de todas las transferencias es una ficción. De hecho, si se traducen las palabras de Ubarretxena, el Gobierno de Lakua lo sabe, por eso trata de que sea «la otra parte la que diga si no es posible y si hay tiempo o no hay tiempo». Y añadió que el Ejecutivo español no ha pedido un «tiempo excepcional» para completar este proceso, por lo que el autonómico se «agarra al acuerdo que ya tenemos, y que es el cumplimiento íntegro [del Estatuto] para antes de final de año».

PERO QUIEN NO TIENE ESTO TAN CLARO ES SU SOCIO, EL PROPIO PSE, AL QUE PERTENECE LA DELEGADA DEL GOBIERNO ESPAÑOL EN LA CAV, MARISOL GARMENDIA,

quien el pasado viernes pedía al lehendakari y al PNV que no se «obsesione» con las fechas, porque «poco a poco» se cumplirá el calendario, «sin prisa, sin pausa y, sobre todo, con seguridad jurídica».

Pero lo que es peor es que desde dentro del propio Ejecutivo autonómico se estén cuestionando algunas de las transferencias exigidas, como que a Pasaia se le retire la condición de «puerto de interés nacional» para que pueda ser administrado por Lakua.

Esta oposición es expresa, y ha llevado a que en una entrevista publicada el pasado domingo por el Grupo Noticias se le preguntara a María Ubarretxena si «siente que sus socios del PSE están saboteando el trabajo que está haciendo con el Gobierno español» y su respuesta es desconcertante: «Pues no lo sé».

Traduzcamos de nuevo: la consejera de Autogobierno, del PNV y principal negociadora con Madrid, «no sabe» si su socio, el PSE, le está «saboteando»; y solo acierta añadir que «tenemos un mandato como Gobierno vasco, y en el programa está claramente el cumplimiento del Estatuto de Gernika».

La reiterada supuesta unidad del Gobierno en lo que tiene que ver con su programa, al que se aferra el discurso oficial, se desvela también como otra ficción.

Convicción que se acrecienta al leer la entrevista el mismo día en “El Correo” al vicelehendakari segundo, Mikel Torres, con el titular de «No me gusta la deriva del PNV dando alas a la extrema derecha con mensajes peligrosos», y en la que asegura que «la parte del PNV no comunicó a la del PSE la decisión de que la Ertzaintza informe sobre el origen de los detenidos». Añadió que «es una decisión que ha tomado el Departamento de Seguridad y tendrá que explicar por qué lo ha hecho».

El PSE viene criticando el discurso del PNV, incluido el del lehendakari, Imanol Pradales, en materia de inmigración. Tiene hondas diferencias con la exigencia de euskara en la Administración. Consiguió con Iñigo Urkullu la victoria en la Ley de Educación desnaturalizando el acuerdo base, y lo mismo hizo en materia de Nuevo Estatus hace dos legislaturas, lo que es posible que vuelva a ocurrir. Y en materia de Vivienda, ambos socios discrepan en lo básico, que son las leyes a aplicar, que critican abiertamente desde el PNV, pero en la que han llegado a una especie de matrimonio de conveniencia público-privada con la Proposición de Ley de Medidas Urgentes.

Y PRECISAMENTE LA TRAMITACIÓN DE ESTA PROPOSICIÓN DE LEY DESENMASCARA OTRA DE LAS FICCIONES DE ESTE GOBIERNO, QUE ES SU SUPUESTA VOLUNTAD NEGOCIADORA, SOBRE LA QUE PASA LA APISONADORA DE SU MAYORÍA ABSOLUTA,

hasta el punto de machacar en unos pocos minutos las 160 enmiendas de la oposición.

¿No valía ninguna? Probablemente sí, pero el marcaje en esta cuestión que están practicando PNV y PSE, les impide entrar en ninguna negociación que puede hacer que salten sus costuras internas.

Por otro lado, este Ejecutivo está demostrando que no plantea espacios de negociación donde buscar las aportaciones positivas del resto de grupos o agentes sociales, sino que propone contratos de adhesión. Se vio en el llamado Pacto de Salud. ¿Qué tipo de pacto es el que no suscribe ningún partido de fuera del Gobierno -entre ellos el que empató a 27 escaños con el PNV- ni ningún sindicato, ni de clase ni corporativo?

Lo mismo es previsible que ocurra con los presupuestos. Primero, el consejero acotó el terreno de juego a que se presenten solo menudencias que puedan encajar en su proyecto cerrado, y luego PNV y PSE corrieron a aclarar que tienen mayoría absoluta. Esa que, desde la ficción, dicen querer ensanchar.