La Constitución Española «se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Así reza su segundo artículo. 40 años después podemos decir que esa Constitución ha sido una cárcel de pueblos en la medida que esa legalidad, instalada con el aliento en el cogote de la cúpula militar franquista, sigue siendo utilizada por el unionismo para impedir que la voluntad popular tenga cauces de desarrollo. Se utiliza un principio de legalidad, determinado por el franquismo, sobre el principio democrático porque el unionismo no quiere defender sus posiciones en términos democráticos.

Esta es la base del conflicto territorial. Una herencia franquista amparada en la legalidad –que no legitimidad– vigente, en torno al modelo territorial utilizada como instrumento inmutable e inmodificable para imponer la unidad de España y el modelo político. La monarquía fue impuesta directamente por Franco sin posibilidad de legitimación democrática y el Estado de las autonomías nacía con una mutación de derechos nacionales, una flexible determinación de la cascada de poder institucional y, asimismo, la designación de un arbitro –Tribunal Constitucional– siempre en disposición de recoger carrete, de recentralizar niveles competenciales.

El autonomismo, con la decisión histórica de la división de los territorios de Hegoalde, empezó a desarrollar una institucionalización y niveles de autogobierno. Un proceso influenciado y, en muchos casos, vaciado por los efectos de la Loapa, tras el autogolpe de 1981, la actuación del legislativo a través de leyes orgánicas y la acción del Tribunal Constitucional ante los recursos permanentes del unionismo. Y, además, todavía ese estatuto sigue sin completarse por decisión unilateral de una de las partes: el Estado.

La Constitución era la base de un supuesto edificio democrático que la izquierda abertzale rechazó y buscó la articulación de un espacio abertzale y progresista de respuesta. Entendíamos que sobre ese andamiaje constitucional los estatutos estarían hipotecados en su desarrollo y el sistema podría asimilar la lucha nacional y social neutralizando todo el capital político que se había configurado en la lucha antifranquista. De ahí que la izquierda abertzale abordase una estrategia de resistencia ante el marco constitucional-estatutario organizando un espacio social y político en favor de referencias básicas de reconocimiento de nuestros derechos nacionales y democráticos.

El PNV, siguiendo la estela que marcó la ruptura en Txiberta, evitó un posicionamiento frontal con la misma ya que tenía en su horizonte un estatuto de autonomía que iba a estar encorsetado en el texto constitucional. Al final, su abstención crítica tenía cierta trampa ya que se rechazaba esa Constitución pero se preparaba para decir «sí» al Estatuto de Gernika, vástago de la misma.

Así, la izquierda abertzale valoró los niveles posibles de un autogobierno para instituciones propias, pero consideró que el Estatuto de Gernika no podía ser convalidado en esos márgenes constitucionales y, especialmente, no podíamos abrir la brecha de la división territorial por sus efectos estratégicos en la construcción de un proyecto nacional.

Con todo la Constitución fue rechazada. El 51,2% del censo optó por la abstención, más de un 13% entre noes y nulos y solo un 34% de votos favorables al texto constitucional en el conjunto de los cuatro territorios de Hegoalde. Aun considerando un porcentaje de abstención técnica del 20% los votos afirmativos nunca superarían el 45%.

Hoy tras 40 años, consideramos que la posición política de la izquierda abertzale levantando un muro de resistencia ante el binomio constitución-estatutos y desarrollando una dinámica institucional y de masas en torno a un proyecto alternativo en clave nacional, social y cultural nos ha permitido recrear unas condiciones de nueva encrucijada política para dar un salto cualitativo en el proceso de liberación.

En este largo recorrido el modelo de asimilación del sistema posfranquista ha saltado por los aires dejando al unionismo sin oferta política y llevándole a una enorme pérdida de legitimidad democrática tanto en Hego Euskal Herria como en Cataluña. El agotamiento del autonomismo, reflejado inicialmente en Lizarra como gran punto de inflexión, abrió un proceso hacia un marco de soberanía que progresivamente ha contagiado al procés catalán en los últimos diez años. Es verdad que, errores de diferente naturaleza por parte del MVLN y la permanente huida del PNV de parámetros de confrontación democrática con el Estado, han hecho de ese cambio del autonomismo al soberanismo un camino de complicada definición y desarrollo. Esto no es óbice para resaltar una cuestión básica: la actual crisis del modelo de Estado, sin patrimonialismos arrogantes pero con la convicción de la corrección de nuestro compromiso y esfuerzo, no se puede explicar sin la resistencia, organización y referencias aportadas por la izquierda abertzale.

Después de 40 años de Constitución, con una mayoría de la sociedad vasca que ni tan siquiera ha tenido oportunidad de enjuiciarla democráticamente nos encontramos ante una encrucijada de similares características pero, por supuesto, con una fase quemada. La fase autonómica, la fase de instituciones cipayas al marco estatal, la fase de una dependencia estructural y una negación de nuestro pueblo como sujeto político, como comunidad política con derechos nacionales, está superada.

Hoy el futuro no pasa por abordar las competencias no trasferidas o plantear tal o cual nueva competencia. Primero tenemos que fijar la base de nuestro ser, reconocimiento nacional y derecho a decidir como ejes para el desarrollo de un concepto de autogobierno-soberanía. Esto debe caracterizar unas relaciones políticas de bilateralidad, de horizontalidad entre sujetos políticos. Y, con ello, los niveles de competencias, soberanía en términos políticos, económicos, sociales, educación, cultural, poder judicial, interlocución con Europa…, tienen que ser plenas y exclusivas evitando que el autogobierno sea un recipiente político con agujeros para su evaluación. Las competencias exclusivas tienen que posibilitarnos desarrollar estructuras de Estado y, por supuesto, construir una democracia y justicia vascas, un modelo económico y social propio, una educación y cultura con el euskara como eje vertebrador…

Estamos, pues, en otra encrucijada. La izquierda abertzale, la izquierda independentista, entiende que hay que dar una oportunidad y cauce a una gran mayoría social de perfil interclasista pero convergente en esas demandas estructurales para avanzar en nuestros objetivos estratégicos. Tenemos que buscar una vertebración nacional interna dando cuerpo al sujeto nacional vasco, tenemos que sincronizar los pulsos de Cataluña y Euskal Herria contra el unionismo intolerante y democratizar el Estado español. Tenemos que coordinar la estrategia de las naciones europeas sin Estado demandando una soberanía política como reivindicación democrática y progresista de sociedades cohesionadas que quieren empoderarse ante los establishment políticos y económicos.

Así pues, un 40 aniversario para reforzar nuestros principios, para afianzar nuestra linea política y relato histórico y, por supuesto, para apostar y ofrecer desde la izquierda abertzale la oportunidad de conformar un frente democrático por un marco de reconocimiento, democracia y soberanía para construir una nación de todas personas y para todas las personas.