Un número a vuelapluma de los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas perpetradas por cuerpos de seguridad del Estado o agentes parapoliciales. Una aproximación, un esbozo de la dimensión total de las vulneraciones estatales, porque todavía hoy no existen registros oficiales definitivos. Casos sobre los que pesa el agravante de constituir delitos de lesa humanidad, esos que horrorizan a toda la comunidad internacional. ¿A toda? No. El poder judicial español es ajeno a dicho sentimiento.

Organismos oficiales están dando pasos para sacar a la luz todo ese universo de sufrimientos. Sin embargo, jueces y magistrados aún no se dan por aludidos. Se están reconociendo a torturados, ejecutados, desaparecidos, pero el poder judicial es contumaz en eludir su responsabilidad de perseguir a los torturadores o ejecutores. Los delincuentes de Estado están ahí, en sus puestos, tal vez retirados. Pero quienes deberían aplicar justicia, como los tres monos japoneses, no ven, no oyen, no hablan del mal. Quienes impusieron antes el derecho excepcional del enemigo, para quien no ahorraron condenas y castigos, administran ahora el derecho excepcional del amigo, regalando impunidad a los perpetradores de Estado. Aquella justicia hiperactiva antes para acoger a unas víctimas, es hiperpasiva ahora para otras.

Las víctimas de ETA establecieron ciertos parámetros −muy cuestionables− sobre los que erigir una conclusión, igualmente cuestionable: la mitad de sus víctimas no habrían conseguido justicia. Argumentan que con la Ley de Amnistía se vaciaron las cárceles de militantes antifranquistas; que alguno de los presuntos autores no fue identificado, detenido, condenado; que no hubo esclarecimiento por la muerte del infractor (circunstancia, como es lógico, de extinción de la responsabilidad penal)... todo derivado de una supuesta inacción policial o judicial, dicen. Repasando números, una inacción que conllevó «40.000 personas detenidas, de las que, según el Ministerio de Interior menos de 10.000 fueron imputadas por su relación con ETA», dice el “Informe-Base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013)”, encargado por el Gobierno Vasco.

Extrapolando criterios y cifras, ¿cuál debería haber sido el volumen total de la actuación policial y judicial ante las vulneraciones de los propios aparatos del Estado? ¿Cuántas detenciones debieron haber practicado? ¿Cuántas condenas impuesto?

Sabemos que la reacción punitiva estatal hacia estos responsables de gravísimas vulneraciones ha rondado el cero. Sabemos que la «Brunete judicial» ha mirado hacia otro lado. Sabemos que nunca investigaron, tal y como sientan doctrina ya diez condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sabemos que emplearon todas las argucias posibles para llevar los hechos a la prescripción, aunque decisiones recientes de Naciones Unidas hayan descubierto la treta, reclamándolos imprescriptibles.
 
A pesar de que sabíamos todo ello, desde el GEBehatokia decidimos recorrer de nuevo todos los caminos para reclamar justicia para las víctimas del Estado. Y si no fuera posible, demostrar la injusticia a la que son sometidas.

Es más fácil renunciar. Cuando el Gobierno Vasco invoca verdad y reparación en los actos de reconocimiento a las víctimas del Estado, no es casualidad que olvide la tercera pata: la justicia (a las víctimas de ETA se la reconoce). Pero la única lucha que se pierde es la que se abandona. Por eso volvemos a interpelar al sistema de Justicia español, mirando de reojo al de más allá, al europeo, al internacional. Justicia irrenunciable, que completa los procesos de verdad y reconocimiento. Justicia que demandamos porque las víctimas tienen derecho a ello y el Estado obligación internacional de otorgársela. Comenzamos con casos del franquismo, ¿Quién podría negar la revisión de aquellos crímenes?

Llevamos a querella víctimas del Estado reconocidas por la Comisión de Valoración en aplicación de la Ley 12/2016 tales como Josu Múgica o Méndez y Mondragón en la playa Asturiaga. Fuimos hacia atrás en el tiempo, para demostrar que víctimas como Txomin Letamendi, muerto en 1950 están desprovistas todavía de amparo legal. Y avanzamos porque las ejecuciones y torturas se acomodaron en un sistema constitucional que reprodujo los métodos del terrorismo franquista. Hemos solicitado la reapertura de las denuncias por torturas de Pello Alcantarilla, Iratxe Sorzabal y Raúl Fuentes al amparo de decisiones internacionales que demandan acción judicial, tal vez esperando acoger los casos que la justicia española deniegue.

En el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, decimos que a tantas víctimas no se les puede negar verdad, reparación... pero tampoco justicia. Y que, si los jueces, magistrados y fiscales españoles no miran, no oyen, no actúan, instituciones internacionales deberán hacerlo. Y, entonces, asumir que un Estado que no solo perpetra estos delitos, sino más aún, que encubre a los criminales, no se puede considerar democrático.