La alienación parental, una forma de violencia y abuso emocional en la que se manipula a un menor para que rechace injustificadamente a uno de sus progenitores, ha sido durante mucho tiempo un fenómeno controvertido y devastador en las disputas por la custodia. Mientras los sistemas legales de todo el mundo se esfuerzan por detectar y mitigar este insidioso problema, el poder judicial noruego ha fracasado sistemáticamente a la hora de afrontarlo. En la práctica, los tribunales noruegos no solo se desentienden de la prevención de la alienación parental, sino que con frecuencia la facilitan mediante la inacción sistémica, la incoherencia jurídica y la negativa a ejecutar sus propias sentencias. El autor de este artículo examina críticamente de primera mano cómo el sistema judicial noruego facilita la instrumentalización de los menores en las disputas por la custodia, socava el principio de la crianza compartida y permite que la alienación parental prospere con impunidad.

La raíz del problema reside en la negativa de los tribunales noruegos a ejecutar decisiones legalmente vinculantes sobre régimen de visitas y custodia compartida. A pesar de los pronunciamientos judiciales que aparentemente garantizan la igualdad de acceso parental, en realidad, los mecanismos de ejecución son débiles o inexistentes. Cuando uno de los progenitores deniega unilateralmente el régimen de visitas u obstruye deliberadamente el contacto, la parte afectada se queda con pocos recursos. Las solicitudes ante el tribunal de ejecución (namsmannen) se ven obstruidas burocráticamente o desestimadas por motivos vagos como el "interés superior del niño", un término que, si bien noble en teoría, se utiliza con demasiada frecuencia como un instrumento contundente para justificar la inacción.

Lo que resulta particularmente desconcertante es hasta qué punto el poder judicial parece cómplice de la eliminación de uno de los padres de la vida de un niño. En lugar de abordar el incumplimiento de las órdenes judiciales como graves violaciones de los derechos legales y parentales, los jueces noruegos tienden a refugiarse en una excesiva deferencia hacia las evaluaciones de "bienestar infantil" realizadas por los servicios municipales de infancia o peritos designados por el tribunal. Estas evaluaciones, lejos de ser neutrales, con frecuencia reflejan la narrativa del progenitor alienante, desestimando la angustia del progenitor afectado como antagónica o emocionalmente inestable. La consecuencia es un giro kafkiano en el que el progenitor que intenta acatar las sentencias judiciales es retratado como problemático, mientras que el progenitor obstructivo se escuda bajo la apariencia de cuidador principal.

Esta postura judicial contribuye a una preocupante erosión de la previsibilidad jurídica y la igualdad parental. Si bien la legislación noruega reconoce formalmente el papel de ambos progenitores en la vida del niño tras la separación, en la práctica, los tribunales demuestran un sesgo estructural hacia la custodia materna. Los padres se ven afectados de forma desproporcionada, a menudo relegados a un segundo plano en la vida de sus hijos a menos que puedan demostrar absoluta sumisión, pasividad y desapego emocional; cualidades que contrastan marcadamente con la reacción natural de cualquier padre que presencie el sabotaje sistemático de su vínculo con un hijo.

Además, la falta de voluntad judicial para sancionar las conductas alienantes transmite un mensaje peligroso: que los padres que actúan de mala fe pueden subvertir las resoluciones judiciales sin temor a las consecuencias. Esto no solo envalentona a los padres alienantes, sino que convierte el sistema legal en una herramienta de guerra psicológica. El niño, atrapado en el fuego cruzado, se ve gradualmente condicionado a temer, rechazar o vilipendiar a uno de sus padres, basándose en percepciones distorsionadas y conflictos adultos no resueltos. Lejos de estar protegido, el niño se convierte en objeto de control y manipulación, instrumentalizado por uno de sus padres y abandonado por los tribunales.

La cultura jurídica noruega también tiende a tratar los casos de custodia con alto grado de conflicto, con preferencia por la desescalada y la reconciliación, a menudo mediada mediante asesoramiento familiar. Si bien su intención es admirable, este enfoque no distingue entre conflicto mutuo y alienación deliberada. El resultado es una forma de falsa equivalencia, donde se insta a ambos progenitores a cooperar incluso cuando uno de ellos está claramente violando las órdenes judiciales y manipulando emocionalmente al menor. Esta negativa a afrontar el daño asimétrico legitima las conductas alienantes y enmarca al progenitor victimizado como igualmente culpable, diluyendo así la claridad moral necesaria para la justicia.

La literatura académica y los estudios psicológicos subrayan el daño a largo plazo que la alienación parental inflige a los niños, incluyendo ansiedad, depresión, pérdida de confianza y confusión de identidad. Sin embargo, en Noruega, estos perjuicios, bien documentados, se ignoran sistemáticamente en favor de una concepción abstracta y cortoplacista de la "paz" y la "estabilidad infantil", lo que a menudo implica apaciguar al progenitor alienante e ignorar los derechos legales y emocionales del otro. Al no actuar con decisión, los tribunales noruegos permiten que la alienación se propague hasta que la reunificación se vuelve prácticamente imposible, momento en el que el tribunal legitima retroactivamente el statu quo, alegando la "situación de vida establecida del niño" como justificación para la inacción.

No se trata solo de una injusticia individual, sino de un fallo sistémico. La evasión de responsabilidades por parte del poder judicial representa una profunda traición a los derechos tanto de los niños como de los padres. Un sistema legal que no puede o no quiere hacer cumplir sus propias órdenes no solo es ineficaz, sino también cómplice. Mientras Noruega no emprenda una reforma sería para responsabilizar a los padres que alienan, hacer cumplir las órdenes de custodia compartida con integridad y proteger la relación entre padres e hijos del abuso psicológico, seguirá presidiendo la destrucción silenciosa de familias, todo ello bajo el manto de la legalidad.

En conclusión, el enfoque de los tribunales noruegos respecto a la alienación parental y la ejecución de la custodia constituye un grave error judicial. Al ignorar sus propias sentencias, ceder ante evaluaciones sesgadas y no distinguir entre las preocupaciones legítimas sobre la crianza y el comportamiento manipulador, los tribunales permiten la alienación sistemática de uno de los progenitores. Esto no es solo un fracaso legal, sino también moral. Una verdadera reforma debe comenzar por reconocer que los niños tienen derecho a una relación con ambos progenitores, y que este derecho debe protegerse no solo en teoría, sino también en la práctica.