Larraitz Ugarte Zubizarreta
Abogada

Adelanto electoral para acallar lo importante

Lamentablemente, todo apunta a que el lehendakari se limitará a convocar elecciones el martes a modo de cortina de humo

Esta semana Urkullu está empecinado en jugar a la especulación con el adelanto electoral a fin de mantenernos a todas entretenidas, porque bajo su mandato están sucediendo cosas gravísimas de las que no quiere que se hable. Sin duda, lo más grave es que haya dos trabajadores bajo los escombros de un vertedero, que de acuerdo a los informes de seguimiento ambiental, se encontraba en una situación más que deplorable y con grave riesgo para la vida de las personas como así ha sucedido finalmente.

Las preguntas que nos hacemos la ciudadanía son múltiples. ¿Por qué si el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco sabía desde la inspección ambiental realizada en junio que este vertedero, que ya de por sí tenía riesgos ya que permitía que se depositaran vertidos tóxicos – entre ellos el amianto–, no lo clausuró ipso facto y se limitó a requerir a los propietarios del mismo a que regularizaran su situación en un plazo de 30 días que habría finalizado en diciembre? El informe de la Inspección señalaba fallas en cuanto a autorizaciones y licencias; indicaba defectos graves en cuanto al control de las aguas (un drenaje defectuoso hace que las tierras se corran y se produzcan los desprendimientos como el que se produjo);  en las condiciones específicas del vertedero (de lo que se puede inferir que podría estar más colmatado de lo debido, cubicado defectuosamente…) y, finalmente, en el apartado de residuos (lo que tal vez suponga que había residuos no autorizados, o no acopiados de la manera correcta, o inadecuadamente tratados…). Es evidente que en los 30 días otorgados no se realizaron las actuaciones debidas y más evidente aún que el Gobierno Vasco hizo caso omiso o un control defectuoso del desarrollo de las supuestas actuaciones.

La gestión de los vertederos es siempre un reto para las administraciones que deben tener una gran diligencia en la ordenación, ejecución y posterior control de los mismos, máxime si se trata de vertederos no inertes, es decir de aquellos vertederos que pueden presentar especiales dificultades por el tipo de materia con el que se rellenan. Los vertederos son un gran negocio para empresas privadas que utilizan nuestras praderas y bosques para que se entierren los sobrantes de obras públicas (como carreteras o tramos del TAV) o directamente basura ciudadana o industrial (como el vertedero de Mutiloa o este de Zaldibar).

Esconder la mierda bajo tierra acaba pasando factura y da mucho miedo visto que estamos ante administraciones negligentes que permiten que se gestionen de manera totalmente descontrolada. Ya lo decía la célebre frase de Lola Flores: «la verdad siempre sale a flote como la gota de aceite en el agua». Ni más ni menos, es lo que ha pasado.

Si la gestión del Gobierno de Urkullu ha sido negligente en la concesión de permisos, control y seguimiento de la evolución del vertedero, la gestión política tras el desprendimiento acaecido el jueves ha sido pésima e inmoral. El silencio de las autoridades públicas ha resonado alto. ¿Dónde está la preocupación por los dos trabajadores que se encuentran bajo los escombros? ¿Dónde está la sensibilidad mostrada ante un pueblo preocupado y conmocionado durante estos largos días? ¿Dónde están las explicaciones debidas a la ciudadanía? Se espera mucho más, una mayor diligencia y empatía de quien nos gobierna.

Aquellos consejeros que rápido se ponen unas botas de agua para mostrar los avances de obras faraónicas, no se las han querido poner para acercarse a las familias de las personas desaparecidas. Los primeros espadas del Gobierno de Urkullu han escapado de una foto que aún siendo desaconsejable electoralmente habría engrandecido la talla moral del lehendakari. Cada uno sabrá por qué se prefiere atender a los resultados electorales antes que a las necesidades humanas más básicas, pero desde luego yo no comparto esta visión de la política.

La gestión humana de la crisis ha venido acompañada de unos protocolos de actuación deplorables. Nos han mentido al decir que el fuego originado ha sido provocado por los servicios de emergencias (cosa que los bomberos han desmentido), los equipos que acudieron al lugar desconocían las características del vertedero y se han visto expuestos al amianto sin los equipos adecuados, se han vertido informaciones confusas sobre las verdaderas razones para paralizar la búsqueda de los desaparecidos por 14 horas… La lista de despropósitos está inacabada y veremos qué sucede los próximos días. Pero en un país serio el lehendakari debería asumir responsabilidades políticas por esta gran chapuza.

Lamentablemente, todo apunta a que el lehendakari se limitará a convocar elecciones el martes a modo de cortina de humo a fin de que se desvíe la atención de la ciudadanía hacia temas más frívolos. Así tratará de evitar que se hable de los desaparecidos, de la nefasta gestión tras el siniestro y, cómo no, de la reciente sentencia del Caso Bravo o Glass Costa que no se nos olvide. Ahora sabemos que el que otrora fuera Director de Hacienda de la Diputación Foral de Gipuzkoa y senador del PNV utilizó su cargo político para aprovecharse de un régimen fiscal beneficioso para su lucro personal a través de una empresa que jamás operó en Gipuzkoa. Su hermano, Jose Maria Bravo también fue condenado por cobros en metálico a contribuyentes. En el 2005, tras abrírseles la investigación hubo un gran incendio en la Hacienda de Gipuzkoa. Dos muertos y una frase de González de Txabarri: «el incendio no fue fortuito». La mierda tampoco se puede tapar bajo las llamas.

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