Actualmente, se está debatiendo el avance del Plan General del municipio de Iruña de Oca cuyo planteamiento urbanístico en lo que respecta a las edificaciones de Nanclares, básicamente consiste en la aplicación de un fuera de ordenación masivo en la zona central y norte de la Avenida Langraiz, incluyendo en dos perímetros rojos, todas las edificaciones afectadas por esta figura.

La memoria presentada fundamentalmente, apela a dos premisas; el crecimiento más factible a 15 años será de 800 viviendas y se realizará la «regeneración» de toda la zona central de la Avenida Langraiz.

A partir de aquí, se aplica la figura más estigmatizadora que puede recibir una edificación o propiedad, después de la de ruina, ya que la legislación actual, para el fuera de ordenación, prevé la desaparición, por agotamiento, ruina o expropiación para implantar los nuevos edificios previstos, entre otros añadidos, ya que simplemente por declararla fuera de ordenación, pierde parte de su valor, se ve limitada en sus derechos urbanísticos de consolidación, reconstrucción etc. y no se admite como garantía de préstamos hipotecarios.

La cuestión es que la declaración de fuera de ordenación, no puede ser discrecional o caprichosa, ya que incide en un valor fundamental recogido por la Constitución, que es el derecho a la propiedad, que sólo se puede limitar cuando se invoca un valor superior, que es el interés general.

Bien, en este punto, nos encontramos con que la línea roja que delimita la zona central, no parece seguir una pauta lógica y con sentido común, alejándose el proyectista de un rigor técnico comprensible, ya que cuando llega a la zona del río, no contempla la recuperación de la zona de servidumbre del dominio público hidráulico que refleja nuestra ley de aguas para los cauces públicos.

Por otra parte, en la zona norte, pretende edificaciones de bloques colindando junto al colegio, en las estribaciones de la sierra de Badaya y con ésta al fondo, algo que medioambientalmente no se puede defender.

Señalar que en nuestra legislación, los valores medioambientales prevalecen sobre los urbanísticos, y tal y como cita la propia DFA en su informe de evaluación emitido en Mayo de 2016 sobre el Plan General propuesto:« Este fuerte impacto ambiental no se justifica convenientemente en base a la previsión real de crecimiento de la población».

Es incompresible, para el ciudadano de a pie, que se esté utilizando la figura de fuera de ordenación a edificaciones consolidadas, que en su día pagaron todos sus impuestos, licencias, proyectos y que contribuyeron a las cargas y cesiones de urbanización, es decir, que cumplieron con todas sus obligaciones y deberes. Sí parece, sin embargo lógico, que se aplique al dominio público hidráulico, al dominio marítimo, a casas que están destinadas a desaparecer por el proyecto de una carretera, es decir, a casos excepcionales y con la justificación del interés general.

Aquí se invoca la terminología de regeneración de la zona central de la avenida Langraiz. Cuando se habla de regeneración, se puede entender que las nuevas edificaciones previstas, se integran en las actuales, con una armonía en alturas, configuración, estética etc... Sin embargo, el proyectista lo entiende con la desaparición absoluta de lo existente a medio o largo plazo, y la implantación de bloques de cinco alturas frente a la Avenida Langraiz, teniendo en cuenta, que tanto delante, detrás y enfrente, las edificaciones son de una, dos o en algunos casos de tres, provocando un efecto desarmonizado, que es difícilmente defendible, ya que lo que provoca, es un cambio de modelo, pasamos de edificaciones tradicionales, del tipo de baja densidad, a un modelo de pisos que ya lo conocemos en una ciudad como Vitoria.

La siguiente premisa de crecimiento, también es errónea tal y como igualmente cita la DFA en su informe mencionado anteriormente: «generándose además unos impactos que a falta de un análisis más detenido ya se prevén como muy relevantes». Iruña de Oca y Vitoria, se sitúan estratégicamente, próximos a tres polígonos industriales, Jundiz, que pertenece a Vitoria y es el más grande, Subillavide, que es compartido y Los Llanos, que pertenece a Iruña de Oca. Los ciudadanos pueden elegir vivir en un municipio o en otro. La cuestión es que Vitoria es muy superior en servicios, e Iruña de Oca, para competir en términos residenciales, ha ofrecido históricamente, un modelo superior, que es el de casas unifamiliares o adosados, con un coste económico similar a un piso en Vitoria. Esta es la razón por la que también ha crecido Alegría. Tenemos en Vitoria varias zonas residenciales prácticamente paradas, Esmaltaciones, Salburúa y Zabalgana, es decir, suponer que el municipio de Iruña de Oca va a crecer ofreciendo un modelo de pisos, es un planteamiento irrealizable y carente de realismo.

El interés general, no es un concepto abstracto y debe estar bien fundamentado en la memoria presentada, siendo la primera línea receptora de dicho interés los ciudadanos del municipio.

El viernes 6 de octubre, los vecinos de Iruña de Oca fuimos convocados a una reunión en el Centro Cívico de Nanclares, en la que se nos iba a informar del Plan General en tramitación y de sus implicaciones, protagonizando la conducción y moderación del debate, el alcalde, Javier Martínez. Su actuación fue penosa, siendo incapaz de explicar las consecuencias de la figura de «Fuera de Ordenación» y negándose a presentar en la pantalla, los planos y la afección de las casas del nuevo planeamiento, y los edificios a implantar en el futuro, a pesar de que se le requirió insistentemente y la ley obliga a su divulgación pública.

Si no pasamos de la información pública, porque ésta es oscurantista, y se niegan las explicaciones y el modelo que se quiere implantar, difícilmente la ciudadanía puede aceptar un avance del Plan General que estigmatiza sus propiedades y desnaturaliza su pueblo, convirtiéndolo en un barrio de Zabalgana. Esperemos que instancias superiores en la tramitación posterior, corrijan este desatino, y al menos, se cumpla la ley en su información, publicación, motivación, participación y aprobación.

Los vecinos de Iruña de Oca no se merecen ser convocados a una reunión con una carga de preocupación y que ésta finalice con una angustia y enfados añadidos, porque su alcalde, Javier Martínez, no quiso reconocer, que el modelo presentado, en ningún caso va a ser aceptado por sus vecinos.