Artículo 27

28/01/2020

Llevo 36 años educando. Y digo educando, no simplemente enseñando o instruyendo. He sido docente en Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, dirigido algún centro, formado equipos directivos y profesorado, publicado artículos y algún libro, y desde hace más de una década soy inspector de Educación. Me he bregado en aulas de todos los niveles, en administraciones educativas de varios colores, en un sindicato sectorial y en incontables foros profesionales (congresos, simposios, mesas redondas, ponencias, conferencias…). No esgrimo nada de eso como mérito, tan solo como aval de mi conocimiento del medio.

A lo largo de todos estos años he presenciado cambios de todo tipo: gobiernos, leyes, agendas, prioridades, teorías, métodos, recursos… Y, sobre todo, he conocido cientos, miles de alumnas y alumnos de todas las edades, a sus madres y padres y, luego, a sus hijas e hijos. Miles de vidas, miles de historias personales que en mayor o menor medida se han ido mezclando con las mías, y a la inversa.

He sido, además, activista social, político y LGTBIQ+ (en realidad son lo mismo) durante buena parte de mi existencia. Y de mi docencia. En épocas bastante más hostiles que esta, me he batido públicamente el cobre con Polainos y Alveares por la naturalización de la diversidad afectivo-sexual, con ministros y consejeras por el matrimonio igualitario y el derecho a la adopción cuando la ley de parejas de hecho parecía todavía un imposible, con el PNV «euskaldun fededun» de la época por el reconocimiento de la realidad y el movimiento LGTBIQ+, he defendido la libertad y la igualdad de derechos tras pancartas en las calles y en despachos de Estrasburgo, he luchado contra la invisibilidad y la discriminación en los medios, he publicado materiales escolares para la normalización de las personas LGTBIQ+ cuando todavía parecían apología sodomítica y los Abascales estarían aún en el instituto (parece que no les llegaron), he participado en seminarios de coeducación aún por encima del apellido que me tocó en suerte, he colaborado en programas didácticos para la acogida del alumnado transexual o con comportamientos no normativos, y en protocolos contra el bullying homofóbico…

Y también durante todos estos años, he conocido episodios infames de racismo, de machismo, de homofobia, de clasismo, de insolidaridad, de acoso, de odio y de crueldad movidos únicamente por prejuicios, ignorancia y fanatismo. Ninguno de estos valores está presente en la escuela. Sí en algunas casas. He visto mujeres maltratadas por sus maridos y niñas y niños víctimas de esa violencia de género en sus hogares, abusos sexuales en el ámbito familiar y en colegios de curas, desprotección y maltrato físico y psíquico por sus progenitores, situaciones de riesgo por cuidado negligente, embarazos adolescentes no deseados y prohibiciones de abortar, explotación infantil, menores que se entretienen con el porno de sus padres o de internet, exposición al alcohol, drogas y prostitución en sus casas, cónyuges que utilizan a sus vástagos como misiles en sus disputas... Algunos de los casos más graves, pocos, han concluido en la retirada de la tutela a sus padres. Pero en general, aquí parece primar su sacrosanta (y judeocristiana-romana) patria potestad sobre el derecho superior del menor, justo al contrario que en la mayoría de países anglosajones, donde prevalece la protección de la infancia incluso frente a su familia. Porque, también lo he visto, en ocasiones el mayor riesgo que afrontan algunas niñas y niños son precisamente sus propios padres y madres: sus comportamientos, modelos, ideas y valores.

He visto profesores gays y profesoras lesbianas encerrados a la defensiva en el fondo de los armarios más oscuros, padres (casi siempre ellos) exigiendo inyectados de odio que a su hijo no le diera clase aquel profe maricón (ni, ya de paso, le sienten junto al gitanillo o al morito), alumnas y alumnos que aún no se saben (o ya sí) gays o lesbianas ahogados en un mar de dudas y sufrimiento, adolescentes brutalmente acosados por tan solo parecerlo, menores de edad expulsados de sus vidas y algunos de sus casas por reconocerse abiertamente como tales, adolescentes transexuales suicidados y asesinados, personas disgregadas entre su propia identidad y las creencias religiosas o ideológicas de su entorno, cientos de cicatrices en los cuerpos y en las almas por repetidas heridas de diferencia.

Pero también he conocido a esa alumna que, algún tiempo después, me aborda en un bar para presentarme a su novia y decirme que su adolescencia fue mucho mejor gracias a mí, ese alumno que confiesa que aquel año en Inglaterra no fue para aprender inglés como les dijo a sus padres, sino para liberarse de su yugo y poder empezar a ser él mismo en libertad, aquel otro que comenzó a pensar que podía ser gay y feliz cuando me vio una noche en un debate de televisión y al día siguiente en el instituto con total normalidad, aquella que me confiesa nerviosa que tiene miedo de irse de vacaciones con su familia porque cree que sus padres quieren casarla, la que me dice que cree estar embarazada y aterrorizada de contarlo en casa sin saber qué hacer ni dónde ir, o la compañera de trabajo que se acaba de enterar de que yo había hecho aquellos materiales que les dieron en la ikastola y que supusieron la primera luz en su largo túnel.

Y es precisamente por todo eso y por mucho más que la educación pública, la escuela, es el instrumento imprescindible del que se dota cualquier sociedad democrática para garantizar el desarrollo de todos los niños en torno a los pilares fundamentales de la convivencia civilizada y democrática: la libertad, la igualdad, la solidaridad, los derechos humanos y la diversidad en todas sus formas. Porque esos valores colectivos están siempre por encima de los individuales de cada cual, y es por eso que constituyen una parte imprescindible y fundamental de la legislación educativa (fines y principios de la educación), de la organización escolar (derechos y deberes, diversidad, convivencia) y de todos los currículos académicos (aprendizajes y competencias personales y sociales). Es más, en la medida en que algunos de esos valores particulares puedan suponer un peligro para la vida en sociedad, han de ser proscritos, desterrados, y todos los poderes públicos deberían luchar activamente contra ellos hasta erradicarlos por completo.

Y es la escuela la que, a veces por encima, en contra incluso de su familia, garantiza los superiores derechos de las niñas y los niños, de todas las niñas y los niños. Precisamente por eso el tan cacareado artículo 27 habla más de la obligatoriedad de la enseñanza básica para el pleno desarrollo de la personalidad, de los principios democráticos de convivencia y de los derechos y libertades fundamentales que de cualquiera de esas mamandurrias que ahora infectan el debate. Por eso las leyes educativas y los currículos escolares son obligatorios y comunes para todas y todos. ¡Ah! Y el artículo 20 también establece la libertad de cátedra como derecho fundamental del profesorado.

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