El borrador del decreto partía con un vicio de fondo, ya que al ser una norma que viene a desarrollar la Ley 18/1986 o “Ley del Vascuence” vigente, asume la zonificación lingüística que impone la Ley, y la desarrolla artículo a artículo. Las fuerzas llamadas «del cambio» que apoyan el Gobierno no han derogado esta ley retrógrada que discrimina a las y los euskaldunes y condena a la sociedad navarra a convivir con la segregación lingüística.

No negaremos que el nuevo decreto es mejor que el anterior, ¡faltaría más! A ese respecto, son de destacar las medidas (limitadas a la zona vascófona) que aseguran la opción de recibir las comunicaciones administrativas únicamente en euskara, o aquellas que exigen recoger cláusulas lingüísticas en los pliegos para la prestación de servicios públicos.

Pero el Gobierno no ha demostrado una posición proactiva y menos aún valiente para proponer y mantener un proyecto de norma, que aún insuficiente, ofrezca verdaderas oportunidades para vislumbrar un futuro cercano en el que se garanticen los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Los cambios que ha sufrido el texto del proyecto de norma lo han descafeinado, echando por tierra las expectativas creadas, sobre todo en lo que a la gestión lingüística de los Servicios Centrales se refiere. Ha sido decepcionante constatar como la medida que aseguraba en los Servicios Centrales la atención a las personas en el idioma oficial elegido se ha convertido en un mero impulso a ello. Asegurar la opción lingüística no es cuestión de voluntad, es cuestión de derechos y deberes.

Como ya se ha señalado, el proyecto de norma ha ido perdiendo calidad a medida que recibía las aportaciones de instituciones, partidos políticos y agentes sociales. Así, se ha abandonado la opción de colaborar y coordinar una política lingüística progresista entre administraciones, y se limitará a ofrecer ayuda a las entidades locales. Además, destaca el hecho de que la administración no haya trabajado el proyecto de norma conjuntamente con el movimiento social del euskara.

Por desgracia la nueva norma que regulará el uso del euskara en las administraciones públicas no les asegurará su opción lingüística a las miles de personas que el pasado año así se lo manifestaron al Gobierno y a los partidos en la calle: su deseo de vivir en euskara. Está en manos de los responsables y representantes políticos ahondar en la frustración o atender satisfactoriamente esta exigencia ciudadana. Es su deber.

El euskara debe ser oficial en toda Nafarroa, con todos sus elementos. ¿Café descaifenado? No, gracias.