El pasado 6 de mayo, con motivo del Día del Tercer Sector Social de Euskadi, el lehendakari Pradales declaró que «Fortalecer la democracia es probablemente uno de los grandes retos de nuestro tiempo, estrechamente vinculado a la justicia social», e hizo un llamamiento a la participación de la sociedad civil. Justamente la Iniciativa Legislativa Popular para crear en Euskadi un sistema vasco de complemento de pensiones, que equipare las pensiones mínimas de la Seguridad Social al salario mínimo interprofesional, ejerce un derecho de participación política de primer nivel, garantizado por el art.23.1 de la CE, y que, según el Tribunal Constitucional, representa la manifestación de la voluntad popular directamente practicada por el pueblo.

En el ejercicio de este derecho, el pasado 15 de mayo se depositaron en el Parlamento Vasco 145.142 firmas autenticadas legalmente. Firmas que pudieron ser muchas más si el Gobierno Vasco hubiera desarrollado el reglamento que desde hace nueve años debió facilitar la firma electrónica. Validadas, este 17 de junio, las firmas mínimas exigidas, el Gobierno Vasco podrá manifestar su criterio por escrito y, si no hay impedimento, deberá convocarse el pleno del Parlamento Vasco para que se vote la toma en consideración de la iniciativa. Un requisito que subordina el ejercicio de un derecho esencial a la decisión de los grupos parlamentarios. El PNV se opuso a este trámite en el debate de la ley estatal 4/2006 pero solo ha sido suprimido en la ley catalana. Actualmente, el PNV y el PSE-EE son los únicos grupos que no se han pronunciado, mientras que los demás (EH Bildu, Sumar y PP) sí votarán a favor de que se pueda tramitar.

Sería un fraude sin paliativos ofrecer un cauce de participación que conlleva un trámite largo y complejo, que exige crear una infraestructura y organizar una campaña que implican gastos, poner en tensión a la sociedad, movilizar tantas energías, para después rechazar a limine una proposición que apoyan todas las organizaciones sindicales sin excepción, cientos de organizaciones sociales y feministas, 289 personas que son referentes en prácticamente todos los ámbitos y, sobre todo, miles de personas. Sería, además, un grave incumplimiento de la Ley 10/2016 reguladora de la ILP, aprobada por unanimidad por el Parlamento Vasco, cuando fija como objetivos «una mayor participación ciudadana en la función legislativa que corresponde al Parlamento, acercar las instituciones a la ciudadanía y, en general, mejorar el funcionamiento del sistema democrático».

Si el Parlamento Vasco tiene competencia plena para tramitar esta iniciativa legislativa, tal y como han certificado la mesa y los servicios jurídicos de la Cámara, no es de recibo que se estén reclamando al Estado competencias no transferidas y, al mismo tiempo, se renuncie a ejercer una competencia que mejora la vida de las personas pensionistas más precarias y reduce decisivamente la desigualdad en pensiones entre hombres y mujeres. Las pensiones mínimas de la Seguridad Social son insuficientes para que una persona pensionista pueda vivir dignamente en una comunidad de las más ricas y caras del Estado y, además, las perciben mayoritariamente las mujeres porque han sido discriminadas laboralmente y, dada la insuficiencia de los servicios públicos, han dedicado su vida a tareas de cuidados que ni están reconocidas ni retribuidas.

El argumento de que ya existe la Renta de Garantía de Ingresos es insostenible porque su diseño está previsto como prestación temporal hasta la reinserción laboral, porque excluye a las unidades de convivencia de dos personas, una al menos pensionista, y la otra, pensionista o trabajadora en actividad profesional, obligando a una de ellas, normalmente la mujer, a depender de la otra por no disponer de ingresos para vivir con suficiencia y autonomía, y porque su cuantía unipersonal es insuficiente. De hecho, apenas se aplica a 15.000 pensionistas cuando hay más de 90.000, la mayoría mujeres, con ingresos precarios y míseros.

Un sistema vasco de complemento de pensiones permitiría dar respuesta a la necesidad, a la desigualdad y a la justicia social para un colectivo especialmente vulnerable. El coste económico adicional que supondría sería inferior al 1,4% del presupuesto, iría decreciendo a medida que aumentasen las pensiones mínimas y se reduzca el número de quienes perciben una pensión inferior al SMI, y retornaría en buena parte a la sociedad ya que, al dedicarse a un consumo básico, aumentarían los impuestos y el valor añadido y se mantendría y crearía empleo.

El pasado 26 de mayo, el lehendakari respondió positivamente a mantener una reunión con la comisión promotora de la ILP, a la espera de encontrar un hueco en su agenda. Ahora que la mesa del Parlamento Vasco le ha requerido para que su gobierno emita informe, consideramos apremiante reunirnos para informarle directamente del contenido y alcance de esta iniciativa legislativa, de la urgencia de dar respuesta a las personas pensionistas más precarias, principalmente mujeres, y de la trascendencia de su decisión para que el pleno del Parlamento Vasco vote a favor de tramitar una proposición de ley que tanto esfuerzo está recabando y tanto apoyo recibiendo. Por nuestra parte, no vamos a dejar de luchar para que ninguna persona, al final de toda una vida de trabajo o de cuidados, se vea desamparada y sin recursos suficientes para vivir con dignidad y autonomía.