Joseba Orduña Navarro

Clínica Universitaria, empresa privada

Las empresas privadas son fuente de riqueza para la sociedad en su conjunto. Su buena salud ayuda a la buena salud de toda la ciudadanía, en la medida en que activan la economía y suponen ingresos, vía impuestos, para la caja común.

Pero esa caja común no puede auxiliar a las empresas privadas escudándose en datos inciertos o directamente falsos. Esa caja común ha de atender a las necesidades ciudadanas de manera directa; y, solo cuando éstas se han atendido, activar otras maneras indirectas de mejorar la economía.

Ese párrafo introductorio viene a colación de la polémica, en los últimos días, sobre la ruptura del convenio entre Osasunbidea (SNS-O) y la Clínica Universitaria (CUN). Un convenio que, desde la Universidad de Navarra, se ha calificado como «bueno para ambas partes». Una afirmación que debemos, como ciudadanos, analizar con tranquilidad y sin apasionamiento. Está en juego la gestión de nuestro dinero, el de todos y todas.

Lo bueno para Osasunbidea parece claro: será bueno para Osasunbidea que la ciudadanía navarra esté bien atendida, y que lo esté al menor coste posible. Lo primero es clave, lo segundo también. Lo bueno para la CUN también parece claro: como empresa privada que es, lo que quiere es ingresos. Se define la UN como entidad sin ánimo de lucro, y dice revertir sus ganancias en el mejor trato a los pacientes. Habrá quien ponga en duda estas afirmaciones, pero no viene al caso.
Viendo «lo bueno» para cada una de las partes, parece claro que «lo bueno para ambas partes» será «que la ciudadanía navarra esté bien atendida, que lo esté al menor coste posible, y que la UN reciba ingresos». Es una simple suma de palabras. Ahora toca analizarlas.

¿Se atreve alguien a decir que la ciudadanía navarra no estará bien atendida en los hospitales y centros de salud de la red pública? Supongo que no; toda vez que muchos de los que ahora defienden con ahínco el convenio con la CUN han dicho repetidas veces que «tenemos uno de los mejores sistemas de salud públicos». Por lo tanto, la ciudadanía navarra puede estar bien atendida en la red pública.

Vayamos a la segunda parte de esa frase-suma: ¿cómo atender a la ciudadanía navarra al menor coste posible? No escatimando inversiones y, a la vez, no derrochando en gastos. Parece una obviedad, pero hay que recordarlo. Derrochar será gastar más de lo que se podría gastar para dar la misma atención, ¿no? Bien, pues eso es lo que estaba ocurriendo con el convenio con la CUN.

Si hacemos caso a los datos de la Consejería, 3,2 millones de euros es el coste anual de 7.200 personas en el SNS-O. Y 5,4 millones es lo que se pagaba a la CUN por esas 7.200 personas. Por lo tanto, se gastaba más de lo que podría gastarse. La CUN ingresaba, sí; pero no al menor coste posible. Una de las dos condiciones para que el acuerdo fuese bueno para Navarra se estaba incumpliendo. Había 2,1 millones de euros de incumplimiento, vaya. El acuerdo, así planteado, no era bueno para ambas partes.

¿Cuál sería buen acuerdo para ambas partes? Pues se me ocurre, quién sabe por qué, que tal vez un buen acuerdo para ambos sería un convenio por valor de 3,2 millones anuales, ni un euro más. Y ahí se me plantean dos dudas. Una es si la CUN lo aceptaría; la otra, si no es mejor, no suponiendo ahorro, que sea la Administración pública la que maneje cada año esos 3,2 millones de euros, en vez de darlos directamente a una empresa privada. Vuelvo al primer párrafo: si esos 3,2 millones de euros son necesarios para atender directamente las necesidades de la ciudadanía, úsense para eso… y no para financiar a una empresa privada.

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