El Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria de Pasaia quiere denunciar la situación prolongada en el tiempo por parte de la dirección empresarial que perjudica seriamente los intereses de los y las trabajadoras, daña a la organización de la empresa y, por ende, pone en peligro el futuro del Puerto de Pasaia.

Queremos recordar que la Autoridad Portuaria de Pasaia es la empresa pública encargada de gestionar la dársena guipuzcoana y sus espacios de carga y descarga; así como de garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones y el control de las empresas que operan en el puerto. El problema fundamental es la falta de personal en casi todas las secciones de la Autoridad Portuaria de Pasaia, situación a la que nos ha llevado la gestión de sus directivos durante los últimos años con César Salvador a la cabeza, exdirector que lleva manejando los hilos durante los últimos veinte años, cuando éramos más de doscientos trabajadores y trabajadoras y ya entonces decía que ochenta le bastaban... Ahora lleva el Área de Recursos Humanos y principal «asesor» del actual director David Candelario y presidente Joaquín Telleria en materia de personal, entre otras funciones...

Hoy la plantilla es de ochenta como personal fijo y unas dieciocho personas eventuales. Existen también diecisiete personas fuera de convenio en puestos de alta responsabilidad, colectivo este que mantiene el mismo número desde siempre, este grupo no decrece... Por lo tanto, estamos en el escenario previsto por la dirección hace ya tiempo.

Para llegar a esta situación se acometió una progresiva privatización de los servicios públicos que tiene asignados la Autoridad Portuaria. A finales del siglo pasado se deshizo de las grúas, el servicio médico, el servicio de arrastre por ferrocarril y la draga. Ya en este siglo, se ha ido deshaciendo de la limpieza, las básculas, jardinería y carpintería... dejando bajo mínimos los talleres de mantenimiento que van desapareciendo al mismo tiempo que se jubilan sus últimos trabajadores. Todos estos servicios públicos los pasaron a desempeñar empresas de capital privado. El escaso personal de mantenimiento se dedica a reparar averías y contratiempos puntuales, en detrimento de labores de mantenimiento preventivo y estructural por lo que las instalaciones van perdiendo operatividad, convirtiéndose en obsoletas.

No contentos con esto, la política de destrucción de empleo público de los últimos años ha revertido ya en los servicios de administración y oficinas. Se han cargado las secciones de Comercial y Marketing, Calidad y Normalización Lingüística y Delineación... en la mayoría de las demás secciones falta personal según las necesidades emanadas del llamado "Informe Castilla" encargado por la propia dirección, siendo las mas evidentes Prevención –Medio Ambiente, Recaudación– Compras, y Recursos Humanos, lo que genera un incumplimiento de protocolos de actuación que influyen negativamente en todo el sistema organizativo de la Autoridad Portuaria, hasta el punto de recurrir a otras empresas de la Administración estatal para suplir las carencias existentes.

En cuanto al servicio de Vigilancia, básico en la infraestructura portuaria, se está trabajando a tres turnos sin garantizar las dotaciones mínimas para cubrir todas sus funciones a pesar de la imprescindible contratación temporal, con insuficiencia de medios materiales, bolsa de trabajo caducada y abusiva precariedad laboral.

Las consecuencias de esta apuesta por la privatización son notorias en el devenir diario. En el mantenimiento se dan casos tan incomprensibles en una empresa seria como la paralización de labores por falta de guantes para trabajar, cortes de suministro del depósito de agua propio por falta de cloro para potabilizar, descarrilamiento de vagones por mal estado de las vías, mala conservación de los viales, inmovilización de vehículos de empresa por falta de ruedas, desperfectos estructurales sin resolver en la red de suministro de agua, insuficiencia en el servicio eléctrico porque solo hay un efectivo en activo, etc. con el consiguiente riesgo de accidentes y para la salud de los trabajadores y usuarios.

En las secciones de Oficina recurren a contratación externa privada, (Mantenimiento Informático, Delineación, Proyectos, Traducción, Recursos Jurídicos) para paliar la incapacidad efectiva por falta de personal, al mismo tiempo que se paralizan y dilatan en el tiempo la publicación de Ofertas Públicas de Empleo autorizadas, arbitraria inadmisión de candidatas en varias promociones internas, inexistencia de plan de formación, obstrucción a la reincorporación de excedencias que podrían reforzar las carencias, etc. Esto motiva retrasos e incumplimiento de plazos en recaudación y compras, en todo tipo de tramitaciones que dificultan su ejecución en otras secciones, como el arreglo del acceso al Faro de La Plata con el consiguiente peligro para el personal de servicio y las viandantes, etc.

En Vigilancia se están dando casos como la caducidad de su bolsa de trabajo, obstruyendo la contratación temporal necesaria por falta de efectivos fijos sobre todo ahora en verano, se han dado casos de falta de uniforme para la eventualidad, cabinas en los accesos a cuarenta grados, prohibidos por la autoridad laboral, dotaciones cubiertas con más eventuales que fijos, imposibilidad de utilizar las cámaras de seguridad, sustitución de personal habilitado de la Policía Portuaria por empresas privadas en la circulación ferroviaria, impago de sustituciones por superior categoría en los niveles inferiores, utilización de vehículos de la empresa sin identificar por negarse la dirección a solucionar la falta de elementos visualizadores, etc. con el consiguiente riesgo para la plantilla y usuarios.

Si miramos las condiciones económicas del personal dentro de convenio comprobamos que nuestros salarios están muy por debajo del IPC desde hace años. Arrastramos la merma del 5% de salario que aplicaron a todo el sector público. Dependemos de un convenio estatal ligado a las mínimas subidas salariales aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado. Ademas no nos proporciona las OPEs que necesitamos (este año tres, cuando se jubilan seis compañeras) incumpliendo la tasa de reposición... Pero a pesar de que nuestro convenio permite negociar un Acuerdo de Empresa para mejorarlo la Dirección de la Autoridad Portuaria de Pasaia lleva tres años de retraso con la excusa de su débil estructura en el Area de Recursos Humanos, dirigida ahora por el mismo César Salvador causante de dicha debilidad, porque se niega a mejorar la jornada, la actualización de niveles, los pluses, el desarrollo profesional, la productividad, el seguro de salud que nos corresponde, las bolsas de trabajo... cuando en las masas del año 2019 y 2020 se han dejado de gastar casi 500.000 euros autorizados mas las adicionales recientemente aprobadas en Madrid, precisamente destinados a estos apartados. Mientras presuntamente, se han pagado ilegalmente dos bajas incentivadas de los fuera de convenio.

Esta es la realidad interna de la Autoridad Portuaria de Pasaia, más allá del autobombo de gestión realizado con otras administraciones a cuenta de los acuerdos puerto-ciudad en San Pedro y Herrera-Trintxerpe, aunque la última sentencia sobre la interminable Lonja de Pescado resuelve que deben 2.700.000 euros a la UTE contratada... Quizás esta es la «nueva cultura» de la presidencia nombrada por el partido dominante en el Gobierno vascongado, agradar a la población que le vota al mismo tiempo que desmantela la empresa pública que gestiona para cuando el Gobierno Central resuelva la transferencia de los puertos, privatizando todo lo posible exceptuando su equipo directivo, que seguirá bebiendo de las arcas públicas sin rendir cuentas a nadie y ningún cargo de conciencia.