En Euskadi del total de personas muertas por el covid-19, el 40% han sido personas mayores en residencias. Si algo clarificador ha tenido esta pandemia es que ha dejado al desnudo cómo está construido este estado de bienestar que, sobre todo en Euskadi, nos han vendido como algo con unos niveles casi de perfección mundial.

A día de hoy hay 155 residencias autorizadas para personas mayores en Bizkaia, con 10.748 plazas en régimen foral. Han fallecido 290 personas de covid y 32 en sospecha. Según los datos del 2017 del CSIC, en el año 2017 existían 380 residencias para mayores en Euskadi, de las que 277 habían pasado a ser privadas, 99 públicas y gestionadas por – en teoría– fundaciones u ONG sin ánimo de lucro . Las privatizadas están casi todas en manos de multinacionales de las que algunas nos suenan como Domus VI, Vitalitas, Imq, etc. Empresas que lógicamente tienen que sacar un beneficio y eso se hace aligerando costes, plantillas, salarios, dotación de material…

Las residencias de mayores están pensadas por los sucesivos gobiernos e incluso por la sociedad como unos lugares donde esperar la muerte, pero con una mínima asistencia. Y también con grandes beneficios empresariales. A principio de los 60 los asilos cumplían una función de caridad y eran gestionados por religiosas. Se consideraba casi como una deshonra para la familia llevar a un familiar a morir a un asilo. Era para personas muy pobres o los sin familia

Pero este concepto ha ido evolucionando, según han ido cambiando la estructura social y económica, las relaciones en la familia y la incorporación de las mujeres al mundo laboral. Las familias ya no tienen la misma estructura (en muchos casos). Y el tema de los cuidados, por lo tanto, sale fuera de la familia. Hay una demanda de espacios externos para cuidar a las personas mayores y surgen las residencias de ancianos y ancianas.

De estas residencias públicas, se hace cargo las instituciones. En la comunidad autónoma son las diputaciones y algunos ayuntamientos las que las gestionan, pero desde un concepto puramente asistencial. Al mismo tiempo, el capital privado (con el beneplácito de los gestores de lo público) se hace cargo de muchos de estos centros y se lleva a cabo la externalización.

Así, los servicios sociales públicos son gestionados por empresas privadas que hacen negocio prestando servicios de baja calidad y teniendo trabajadoras y trabajadores en condiciones laborales de miseria.

Estas residencias, en vez de servir para dignificar la vida de las personas mayores y liberar a las mujeres de la carga de los cuidados, se han convertido en un aparcamiento para el abuelo o la abuela. Y por lo que se ha demostrado, con muy poco control por parte de las instituciones que debían haber hecho una inspección continua. La crisis sanitaria ha puesto en cuestión la capacidad gestora de las instituciones y del propio modelo.

Nos encontramos ante una situación demográfica que nos enfrenta a un problema social sobre el que muchas asociaciones de familiares, sindicatos, partidos, universidad, intelectuales ya están reflexionando y trasladando sus ideas para que se pueda hacer un debate social del cuidados. Y ahí es donde los pensionistas y las pensionistas como sujetos de derecho debemos entrar haciendo que se oigan nuestras reflexiones y alternativas.

Nuestro movimiento reclama el derecho a la autonomía personal de los mayores y dependientes; la necesidad urgente de servicios de calidad en residencias y ayuda a domicilio; ayudas económicas a familiares y voluntarios (en su inmensa mayoría mujeres) y responsabilidad pública sobre la calidad y suficiencia del servicio público.