El Estado y sus instituciones tienen legitimidad sólo por sus funciones protectoras de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos y de los intereses esenciales de la sociedad entre los cuales resulta esencial o preminente el amparo a los menores, si un Estado no es capaz de responder a estas necesidades esenciales pierde su función y su legitimidad.

El caso que nos ocupa es el de una menor que demuestra que las instituciones de Bizkaia están fallando en este aspecto elemental, ni cuidan ni velan por los niños y adolescentes que se encuentran bajo su custodia para sustituir a la familia.

En el caso de M.A.P, una adolescente de dieciséis años, se encuentra internada en un centro de la Diputación Foral de Bizkaia porque se afirma que su madre no podía cuidarla adecuadamente, entendemos que esto es discutible pero el motivo de denuncia pública es la forma de ejercer su papel por la institución foral.

La menor lleva internada desde los trece años, y desde el principio protagonizó fugas reiteradas de los dos centros en los que ha estado, Txurdinaga y Laukiz, lo que la Diputación realiza ante las fugas es una simple comunicación a la policía autonómica para que la busquen, y cuando es hallada, una vez entra en el centro de nuevo, la castigan con aislamiento en su habitación durante periodos de más de ocho horas de duración, según ha reconocido su referente tutelar ante el Juzgado de Getxo en el mes de julio cuando la Ley Orgánica de Protección del Menor prohíbe un aislamiento superior a seis horas de duración. Es reseñable que la madre, por imperativo legal, entrega la su hija al centro cuando esta, tras unos días de fuga, acude a la casa familiar.

La situación de sanción extrema provoca que la chica quiera escapar nuevamente y así el ciclo comienza una y otra vez lo que ha provocado la práctica desescolarización de la muchacha en los últimos tres cursos escolares, donde ha faltado más veces a clase que las que ha ido, pues debemos tener en cuenta que durante los periodos de castigo sus tutores no mandan a la chica a clase, algo que, si lo hiciese una familia, sería considerado como un motivo de retirada de custodia por desamparo escolar.

Realmente lo más grave de todo y motivo de este artículo es que la joven, cuando sólo contaba catorce años de edad comenzó una relación abusiva con un hombre de unos treinta años de edad que la manipuló, y al que, la misma referente tutelar, la misma psicóloga de Diputación denominaba alegremente como “novio”, la menor sufrió una interrupción voluntaria del embarazo, acordada por el ente tutelar, a los catorce años de edad, y sin embargo este ente no veló por ella, pues no denunció a la persona que había mantenido las relaciones de las que surgió el embarazo, una denuncia que hubiera podido dar lugar a conservar muestras para identificación del depredador sexual.

Fue la madre la que, velando por su hija, tal como lo impone la Ley positiva del Estado y la Ley Natural, descubrió la identidad y la dirección del presunto pederasta conduciendo hasta el portal a la Ertzaina que informó a dicho hombre de que la chica tenía catorce años, de que la Ley prohibía estas relaciones sexuales incluso con consentimiento de la joven y de que la madre no deseaba que este hombre frecuentase a su hija.

Días más tarde la joven se volvió a fugar en compañía de su presunto agresor, F.M.F, y fue localizada por la policía en el portal del hombre, fue reconocida en el hospital de Cruces y el Instituto Nacional de Toxicología ha declarado que las muestras de ADN masculinas que fueron recogidas en el cuerpo de la chica corresponden a F.M.F.

En enero del 2017, a petición de la acusación particular ejercida por la madre se obtuvo una orden de protección y alejamiento del presunto agresor pero fue constantemente incumplida, la madre debió aprender a investigar las redes sociales y accedió al contenido de un servicio de mensajería en el que la hija seguía contactando con este presunto depredador, poniendo la acusación particular los hechos en conocimiento del Juzgado.

Sin embargo, la menor regresaba de sus fugas relatando a sus monitores del centro residencial que había pernoctado o visitado a F.M.F, pero estos monitores elaboraban informes mensuales para la Diputación y ni ellos ni la Directora del centro ni la referente tutelar ponían en conocimiento de la policía o del Juzgado los hechos.

Más adelante la chica comenzó a informar de que F.M.F, permitía a otros individuos que tuviesen relaciones con la menor a cambio de dinero, posteriormente se supo que estas personas presuntamente disponían de un local en la zona de Santutxu a donde condujeron a varias internadas en distintos centros tutelares para mantener relaciones sexuales con ellos, creando así un club de prostitución con niñas, algunas de tan solo doce años.

La chica presentaba hemorragias vaginales y relataba esta tremenda historia pero la Diputación afirmaba no dar credibilidad a la misma y no formulaban denuncia ni comunicaban lo ocurrido a la policía o al juzgado hasta que relatos similares en otro centro tutelar, referentes a otras niñas dieron lugar a que aquél otro centro informase a la Fiscalía de Menores y se produjese una investigación que, por cierto, ratificó que la menor de la que nosotros hablamos había estado en ese antro.

En la actualidad, la Audiencia Provincial de Bizkaia ha denegado el recurso de apelación contra la retirada de la tutela a la madre, analizando principalmente las causas de esta retirada y la relación de la hija con la madre, sin analizar todo lo sucedido en los centros tutelares.

La chica ha intentado su propia emancipación, juicio en el que se ha demostrado que el centro tutelar incumple las normas de aislamiento máximo de los muchachos internados, pero la emancipación ha sido denegada, pues el juzgado aprecia que se trata de una demanda suscitada por la madre como forma de revisar la retirada de custodia, sin analizar el ejercicio de la custodia por el ente foral.

Esta parte está estudiando la interposición de una acción específica por ejercicio inadecuado de custodia como forma de que, en algún lugar, se analice el desamparo institucional tan grave que la Diputación está generando, la desescolarización, la permisividad ante la actuación de los delincuentes con las chicas tuteladas, y, en definitiva, toda su actuación omisiva y negligente, se ha solicitado también la intervención del juzgado de Violencia Sobre la Mujer para que adopte la medida protectora de emancipar cautelarmente o permitir el retorno provisional de la menor a su hogar familiar por cuanto la madre, con apoyo en jusrisprudencia reciente, considera responsable civil subsidiario de los delitos cometidos contra su hija a la Diputación Foral de Bizkaia.

Si la Administración foral no ha protegido a la chica, ni a los demás menores tutelados por ella y si los procedimientos judiciales no sirven para revisar esta actuación, es lógico que recurramos al tejido asociativo y a la opinión pública para denunciar lo sucedido y reclamar que la muchacha resida con su madre, tal como es su voluntad, ante la demostración evidente de que la custodia institucional no le reporta ningún beneficio y que se revise la actuación de la Diputación Foral de Bizkaia en materia de menores, pues es conocida su permisividad con las fugas que provoca que estos menores no se encuentren verdaderamente tutelados, ni educados, ni integrados ni amparados, sino simplemente recogidos ocasionalmente, formando, en realidad, un grupo abundante de niños y niñas de la calle, algunos empujados a la delincuencia y otras a la prostitución infantil.

Estos sucesos deberían generar un debate y reflexión serios por parte de toda la sociedad, no sea que el día menos pensado pueda ocurrirles a nuestro hijos, como sociedad moderna y humanista, los hijos de los demás y los excluidos son también los nuestros.