La transición política se realizó bajo una constante presión militar involucionista sobre el poder civil que se manifiesta con incidentes de variada intensidad durante todo el proceso de reforma política. Las Fuerzas Armadas fueron el único actor con capacidad para hacer fracasar o limitar el proceso de cambio político entre 1975 y 1982. La mayor parte de los mandos militares mantenían una lealtad inquebrantable a Franco y a su sucesor, Juan Carlos I. Se consideraban los garantes del orden institucional y los guardianes de las esencias nacionales. El creciente protagonismo militar se convirtió en un condicionamiento de la acción de gobierno y del proceso político.

Todavía hoy existe un gran desconocimiento de los frecuentes incidentes, conspiraciones, intentos de golpes de Estado y tensiones provocadas por ese sector ultra predominante en la cúpula militar. De la misma forma que se tiene una escasa información de la apelación de lo sectores de la élite civil franquista a los militares para que actuaran contra la situación existente. Como dice Tusell, resulta difícil historiar todos estos incidentes porque han dejado poquísimos rastros escritos, aunque fueron insistentes y repetidos.

La primera conspiración militar de carácter involucionista de la que se tiene información tuvo lugar pocos meses después de la muerte de Franco, en marzo de 1976, cuando el tímido proyecto liberalizador de Arias Navarro y Manuel Fraga daba sus primeros pasos. Conspiración en la que además estaban implicados los cuatro ministros militares del gobierno de Arias. Acababan de producirse los trágicos sucesos de Vitoria y coincidiendo con el inicio del juicio de los miembros de la Unión Militar Democrática tuvo lugar una importante reunión de mandos militares liderada por el vicepresidente para la Defensa, teniente general Fernando de Santiago, con el objetivo de forzar un cambio de gobierno con personas más afectas al franquismo. «Es tal vez la que más éxito podría haber tenido porque se produce en un momento en el que todavía no se había iniciado el proceso de democratización. Podían haber presionado al Rey para poner al frente del Gobierno a un militar que hubiese dirigido la transición hacia una democracia limitada», opina Muñoz Bolaños, un experto en historia militar española en su nuevo libro en el que reconstruye las operaciones e intentonas golpistas que se sucedieron desde la muerte de Franco hasta 1986.

El general De Santiago lideraba una de las tendencias existentes en las Fuerzas Armadas posfranquistas frente a la que se alzaba el grupo encabezado por los generales Díez-Alegría y Gutiérrez Mellado. La primera era partidaria de que las Fuerzas Armadas dependieran directamente del rey, de que fueran un poder autónomo respecto al civil y de que fueran las garantes del nuevo régimen y en cierta forma las que lo determinaran. Por el contrario, la segunda tendencia defendía la profesionalización de las Fuerzas Armadas, su separación total de la política y su subordinación al Gobierno legítimo del Estado. Para los militares ultras el rey era la suprema referencia decisoria. Aún respetaban a Juan Carlos como sucesor de Franco y estaban dispuestos a presionarle con toda dureza para exigirle una rectificación en sentido involucionista.

Con Adolfo Suárez en el Gobierno, una vez forzada la dimisión de Arias por el rey, y tras la legalización del Partido Comunista en abril de 1977, en un contexto crítico, en el que a una crisis social y un paro creciente se añadían los atentados de las dos ETAs, el GRAPO, la extrema derecha y parapolicial, se gestaron una decena de operaciones civiles y militares contra el rumbo que tomaba la transición. Operaciones descubiertas y desarticuladas, perpetradas por un sector de un ejército que, no olvidemos, se había sublevado en cincuenta ocasiones en dos siglos y que había permanecido cuarenta años en el poder desde su última intentona exitosa en el 36.

En el invierno de 1977 tuvo lugar el primer intento de lo que el historiador Muñoz Bolaños denomina «transición paralela», un proyecto civil, una especie de «franquismo coronado», impulsado por un importante grupo de empresarios, financieros, periodistas, políticos y militares, cuya figura más visible era Luis María Ansón, presidente de la Agencia EFE. Operación que tenía como objetivo sustituir a Suárez por un afín a los conspiradores, de la confianza del rey, y poder así controlar el proceso de cambio en beneficio de esa élite. En el verano de 1978 se trató de destituir a Gutiérrez Mellado y nombrar al tecnócrata del Opus Dei Gregorio López-Bravo, exministro de la dictadura, como vicepresidente de Suárez, para ser su alternativa, una operación que se consultó con EEUU.

Con otra orientación y finalidad más radical, también los camisas azules y los militares claramente involucionistas conspiraron contra el gobierno de Suárez –y más tarde de Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe González– pero su objetivo no era controlar el proceso de cambio sino revertirlo mediante un golpe de estado militar. Precisamente fueron dos militares falangistas los protagonistas del primer intento de golpe duro, de la conocida como «Operación Galaxia», el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y el entonces capitán de Infantería Sáenz de Ynestrillas. No sería su primer intento involucionista, más tarde Tejero cambiaría este asalto al Palacio de la Moncloa por el palacio de las Cortes y su compañero Ynestrillas participaría en el plan de secuestro de las más altas magistraturas del Estado en el Palacio de la Zarzuela, el 24 de junio de 1981, durante una recepción del rey, así como en el intento de asesinato de los reyes, las infantas, Felipe González, Narcís Serra y los miembros de la Junta de Jefes de Estado Mayor mediante la voladura de la tribuna durante el desfile del día de las Fuerzas Armadas en La Coruña en 1985.

A la «operación Galaxia» le seguiría el protagonizado en 1979 por el último de los africanistas, el general Jefe de la División Acorazada Brunete nº1 Luis Torres Rojas, cuya finalidad era instaurar un gobierno militar, disolver el Parlamento e ilegalizar al PCE. Posteriormente participaría en el 23F.

De todas estas operaciones civiles y militares fracasadas, las civiles diseñadas por Luis María Anson contenían unas líneas de actuación que se repetirán en la más conocida «Solución Armada”, origen del golpe de Estado del 23F en 1981. Solución que contaba con la posición favorable del rey, el consenso de algunos de los líderes de los principales partidos y la bendición de numerosos y variados actores, como la CEOE, la jerarquía eclesiástica, entre otros. Su objetivo era convertir al preceptor e íntimo del rey, el general Alfonso Armada, en presidente de un Gobierno de salvación con representantes de todos los partidos políticos salvo los nacionalistas periféricos. La inesperada dimisión de Suárez, conocedor de la trama golpista, y el pleno de investidura de Calvo-Sotelo, fueron imprevistos que aceleraron los planes de los conspiradores, entorpecieron la coordinación de las distintas piezas estancas en juego y precipitó el asalto a tiros de Tejero al Congreso, desconocedor de todos los pormenores del plan. Cuando Alfonso Armada se presentó en el Congreso Tejero no le permitió dirigirse a los diputados para proponer su gobierno de salvación con Felipe González de vicepresidente y a las «órdenes del rey». Tejero, que quería una junta militar presidida por Milans del Bosch, al conocer dicha propuesta, se sintió engañado y utilizado. El suyo era un golpe duro que acabó por arruinar el golpe blando de Armada.

Lo que aconteció después fue una vergüenza, un proceso judicial deficiente, que se cerró con rapidez, sin investigar, con desaparición de pruebas, unas condenas ridículas, unos indultos escandalosos y un secretismo incomprensible. El Supremo dictó sentencia condenatoria contra un reducido grupo de treinta implicados y acordó el secreto de sumario hasta veinticinco años desde la muerte de los procesados o cincuenta desde la fecha del golpe (para 2031). El Gobierno sigue custodiando bajo llave documentos, grabaciones e informes de los servicios de inteligencia y se resiste a desclasificarlos.

Resultó descarado y vergonzoso el silencio de los líderes de los partidos políticos respecto a lo que sabían y la manipulación de los hechos por parte de los principales medios de comunicación, la debilidad manifiesta de las instituciones representativas frente a las cloacas del Estado, en las que sectores del Ejército y las Fuerzas de Seguridad operaban por su cuenta y riesgo, hasta el papelón del propio monarca, al que con la información hoy disponible resulta escandaloso que haya todavía quienes sigan exculpándolo de toda implicación.

El Rey fue, sin duda, quien a la postre resultó el gran beneficiario. Es a partir de entonces cuando el juancarlismo, la adhesión a la figura del Rey por amplios sectores que no se reconocen como monárquicos, se convierte en uno de los mitos fundacionales de la Transición. Él había salvado al país del golpe y de la involución, y gracias a él y a su compromiso constitucional la democracia superó la dura prueba golpista. Paradójicamente fueron PSOE y PCE quienes más hicieron por asentar esta lectura de la Transición.

El poder civil no ejerció el mando de las Fuerzas Armadas en el sentido real del término hasta mediados de los ochenta en que se produce una relevante renovación generacional. Los gobiernos de la transición, tanto los de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, como los socialistas de Felipe González, mostraron una gran debilidad en la política militar ante la amenaza constante de involución.