Piru Zabalza, Mentxu Velasco, Antonio Salinas
Miembros de Sanfermines-78: gogoan!

De cómplices y encubridores

Cuando Unidos Podemos, ERC, Compromis y EH Bildu pidieron este año del Gobierno se les trasladara el Informe policial sobre Sanfermines de 1978 elaborado por encargo del ministro Martín Villa (de su existencia habla expresa y repetidamente el diario de sesiones del Congreso, de 19 de julio de 1978), la respuesta dada tanto por el Gobierno del PP como por el del PSOE ha sido idéntica: «No hay en los registros constancia del informe requerido».

El lunes, 5 de noviembre, el Ayuntamiento de Iruñea ha hecho suyo el acuerdo que adoptó el 18 de enero de 2018 el Parlamento de Navarra, en el que se reclamó al Gobierno central la desclasificación de toda la documentación obrante en el Ministerio del Interior referente a los Sanfermines de 1978. Aquel acuerdo parlamentario –caso insólito– fue adoptado por la práctica unanimidad del Parlamento, pues tan solo el PP se abstuvo. A pesar de ello, ni el anterior Gobierno del PP, ni el actual del PSOE, se han dignado contestar al citado requerimiento del Parlamento Foral, ni trasladar siquiera el acuse de recibo respecto a la petición formulada.

A propósito de lo anterior, el Relator para la Verdad, la Justicia y la Reparación del Comité de Derechos Humanos de la ONU, Fabián Salvioli, en su intervención realizada el pasado 18 de septiembre en el Congreso español a propósito de los requerimientos hechos por la justicia argentina para extraditar o juzgar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad del franquismo, se refirió a la obligación del Estado de facilitar la búsqueda de la verdad, afirmando expresamente que «la negación del acceso a los archivos implica la comisión de un crimen, de un delito. No es sólo una cuestión administrativa. La negación del derecho a los archivos es, o complicidad u obstrucción con la justicia, o encubrimiento...., a gusto y piacere del consumidor».

No hace falta ser jurista para saber que ocultar pruebas o encubrir a un criminal, a un violador, a un ladrón, es algo delictivo. Más aún cuando quien hace esto es el propio Estado, pues es él quien, en teoría al menos, es responsable de perseguir las violaciones de derechos humanos (torturas, asesinatos, desapariciones,..), cometidos en su territorio.

En los sumarios judiciales abiertos tras los sucesos de Sanfermines de 1978, la actitud del Ministerio del Interior, dirigido entonces por Martín Villa, a la hora de investigar aquellos hechos, fue claramente obstruccionista. Por desobedecer, desobedeció incluso hasta al propio Tribunal Supremo, quien reclamó fuera aportado el informe policial elaborado respecto a aquellos hechos, sin que esto nunca fuera acatado. A pesar de todo lo anterior, los juzgados de Iruñea consintieron todas estas trapacerías y los sumarios fueron archivados. Ningún policía llegó a sentarse nunca en el banquillo de los acusados. Mucho menos aún, condenado por aquellos hechos.

No fue ésta la única desobediencia flagrante del Ministerio del Interior respecto a la investigación de los hechos de sanfermines de 1978. Estando estos aún calientes, el Congreso español –Comisión de Interior– acordó por unanimidad el 19 de julio de 1978 «exigir la máxima claridad en la información sobre los hechos y responsabilidades ocurridos y derivadas de ellos en Pamplona (...) así como respecto de las medidas disciplinarias y sanciones aplicadas, o en vías de aplicación, a las personas afectadas por los mismos». Pues bien, a pesar de ello, ni el entonces Gobierno de UCD, ni los posteriores del PSOE y PP, han dado nunca información alguna sobre aquellos hechos.

Es más, cuando Unidos Podemos, ERC, Compromis y EH Bildu pidieron este año del Gobierno se les trasladara el Informe policial sobre Sanfermines de 1978 elaborado por encargo del ministro Martín Villa (de su existencia habla expresa y repetidamente el diario de sesiones del Congreso, de 19 de julio de 1978), la respuesta dada tanto por el Gobierno del PP como por el del PSOE ha sido idéntica: «No hay en los registros constancia del informe requerido». Pues bien, caso de ser así, que lo dudamos, ¿quién lo ha hecho desaparecer?

Hablar de transparencia está de moda. Pero como en tantas otras cosas, abundan las grandes palabras y las magras realidades. Cuando en noviembre de 2013 el Congreso aprobó (PP, CiU y PNV) la llamada Ley de Transparencia, el resto de grupos denunciaron, tanto su escaso alcance, como el hecho de tratarse de una operación de distracción encaminada a tapar la corrupción general que entonces mordía por todos lados al partido en el Gobierno. A recordar la intervención del Sr. Serrano, portavoz del PSOE en el debate, quien destacó que no se trataba solo de hacer que las administraciones actuaran con total transparencia, «sino de que colectiva y también individualmente asumamos una forma distinta de hacer política». Pues bien, la pregunta es obvia: ¿ocultar el informe «Martín Villa» es esta nueva manera de hacer política?, ¿lo es, acaso, desoír los requerimientos del Parlamento de Navarra para desclasificar la documentación relativa a los Sanfermines de 1978?

A lo largo del presente año, con motivo de cumplirse cuarenta años de aquella premeditada, indiscriminada y salvaje agresión policial, desde Sanfermines-78: gogoan! hemos realizado una larga, variada y participada campaña. Su lema ha sido "Inpunitateari STOP impunidad!". Pero el Gobierno y su policía, en vez de comenzar a abrir archivos y posibilitar que la verdad aflore y pueda lograrse la justicia negada y la reparación debida, se ha dedicado a perseguir la colocación de unas pancartas en las que hemos denunciado esta impunidad y afirmado algo que ya en 1978 señalaron la Comisión Investigadora de las Peñas y la de la Ciudad de Pamplona: aquella actuación policial fue premeditada, consentida y amparada por el entonces Gobierno de UCD. Es decir, se trató de un auténtico crimen de Estado, afirmación ésta que ha sido un clamor unánime en Navarra durante estos cuarenta años. Y ahí está la hemeroteca para probar lo que decimos.

Terminamos como empezamos, recordando las palabras del Relator de Derechos Humanos de la ONU, Sr. Salvioli: «La negación del acceso a los archivos implica la comisión de un crimen, de un delito. Es, o complicidad u obstrucción con la justicia, o encubrimiento». Pues bien, siendo esto así, ¿volverá el Gobierno del PSOE a hacer oídos sordos de esta nueva petición aprobada por el Ayuntamiento de Iruñea o comenzará, por el contrario, a avanzar por la vía de la transparencia y el desvelamiento de verdad oculta? Esperamos, por supuesto, que la opción elegida sea esta segunda.

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