Hasta el año 2007 ese modelo, sin ser excelente y con graves déficits de coordinación y serias contradicciones de gestión, ha tenido efectos paliativos sobre las poblaciones más vulnerables que han permitido, si no reducir la pobreza y la exclusión, sí al menos evitar su pandemia.

Sin embargo, a partir de 2007 se inicia un ciclo viral de descomposición. La crisis y los sucesivos recortes han colapsado –si no reducido a cenizas– ese sistema de protección social. Y es que el Gobierno de Rajoy ha introducido mecanismos de gestión de la pobreza y la precariedad social basados en los nuevos postulados de dominación y control ultraliberal.

En esta etapa de gestión de la crisis se activan varias estrategias que confirman una nueva fase, la que va sustituyendo al Estado Social protector por el nuevo Estado Penal. Ahora se intenta transferir responsabilidades a la ciudadanía haciéndola responsable de sus propias adversidades y ante las cuales las personas se convierten en los principales gestores de su destino. Algunos elementos de reflexión y claves que podrían sustentar esta deriva serían los siguientes:

La crisis económica ha agudizado la individualización de las conductas hasta el paroxismo, pero no como un profiláctico ante la misma al estilo del «sálvese quien pueda», que también, sino como herramienta de poder y control social. Y esto tiene que ver con el concepto denominado «gobierno de las voluntades» que vendría a ser algo así como las prácticas y los discursos centrados en el control de las conductas y los pensamientos con el objeto de conseguir que la propia ocupación y manera de estar en el mundo y enfrentar la realidad, por dura que sea, refuerce el control del Estado, exculpe a éste de toda responsabilidad y justifique la inviabilidad natural de alterar el orden de las cosas y las propias trayectorias personales.

No sólo la crisis ha cambiado el discurso sobre la pobreza, el desempleo, la precariedad o la exclusión social. También el discurso político y económico ha creado un nuevo sujeto social perfectamente adaptado a esta nueva situación. Un sujeto que, además de padecer una grave crisis de individualidad, ahora se autoinculpa de su situación personal y social. Se inmola en una pira alimentada de culpas que han caído sobre él sin su consentimiento o ejecución. Ahora este sujeto tiene una noción de sí mismo y de su experiencia vital moralmente reprochable. Obsérvese al desempleado en la cola del paro o el cliente de los servicios sociales que acude a éstos para solicitar un subsidio o prestación económica. No sólo evidencia una situación de precariedad o exclusión social, consecuencia de una estructura social desigual que raramente es observada o identificada por los profesionales que le atienden, sino que incorpora además un juicio moral sobre sí mismo y así es evaluado.

La nueva sociología y también la filosofía del derecho advierten de una invisible implantación de un estado de excepción punitivo cuya finalidad no es otra que vigilar y castigar al insolvente, al pobre, al precariado y a las nuevas poblaciones subyugadas por el tiempo del no ingreso, el paro desesperado y una atención social fiscalizadora fuertemente criticada a su vez por generar altas tasas de dependencia social. Un autor imprescindible que nos permite un acercamiento a este fenómeno es Loïc Wacquant quien explica a través de sus dos textos de referencia, ‘Castigar a los pobres’ y ‘Las cárceles de la miseria’, un escenario en el cual «todos esos dominios –la ciudad, el cuerpo, la cárcel, el neoliberalismo, las modalidades contemporáneas de beneficencia– son cómplices necesarios unos de otros y funcionan de manera coordinada».

Y es que la desregulación del mercado laboral y el desmantelamiento de ese EB, principales estrategias del neoliberalismo agresivo de la poscrisis, requieren, según este autor, una política policial y carcelaria de sujeción para garantizar la sumisión y disuadir de cualquier desacato o deserción a sus víctimas.

En este nuevo contexto, la cuestión del riesgo o de la vulnerabilidad social se plantea más en términos morales y privados que políticos o sociales. Se proyecta así un estado social mermado estructuralmente que se reconvierte en terapéutico, penal y fiscalizador con sus clientes más débiles quienes banalizan o normalizan su propia adversidad. De lo que trata ahora el Estado higiénico-terapéutico es de preparar a los sujetos, a través de la habilitación de diversas destrezas, para transitar instruidos por el extenuante camino de la precariedad. Ser responsables en última instancia de su propia pobreza. Y es que este proyecto global de pensamiento, palabra, obra y omisión refuerza la idea de una sociedad en la que la lucha de clases ha desaparecido invisibilizada por estas prácticas neoliberales.

Frente al aumento de la crisis, de sus estragos sobre las familias y las poblaciones más desfavorecidas, se ha articulado un frente cívico de alta solidaridad privada que ha convertido al reino de España, con sus casi diez millones de pobres, en una ONG de dimensiones gigantescas. Bancos de alimentos, comedores sociales, gincanas solidarias, telemaratones, colectas y otras actuaciones con muy buena intención privada están generando un nuevo escenario más propio de la beneficencia decimonónica que el de un sistema de garantías sociales articuladas y relacionadas con el derecho subjetivo y la ciudadanía. Esta solidaridad horizontal entre iguales, que no vertical entre quien más tiene y quien carece de recursos, construye un nuevo asistencialismo caritativista adornado de buenismo social. Estas prácticas bienintencionadas de gestión alternativa de la pobreza provocan un paternalismo neoliberal encubierto. Algo sobre lo que habría que reflexionar seriamente pues ello reproduce dinámicas invisibilizadoras de las políticas sociales neoliberales y contribuye a la ocultación de la lucha de clases existente en nuestra realidad.

La crisis de 2008 activó los mecanismos reproductivos de un nuevo capitalismo de Estado, un sistema que confiscó y confisca la riqueza social a través del impuesto. O la deuda transferida. Y es que el proceso de acumulación está gobernado por el capital financiero que, como dice Lazzarato: «absorbe sectores no rozados aún por él, como la salud o la educación, y que tiende a identificarse con la vida misma». De esta manera, la deuda económica contraída por los Estados en función de sus estrategias económicas de crecimiento, manufacturización y consumo publico y privado –y sobre todo generada por la codicia bancaria y sus tácticas de crédito– está siendo utilizada, además, como una estrategia de control social. Como dice Lazzarato en su texto ‘Gobernar a través de la deuda’: «¿Qué le sucede al hombre endeudado durante la crisis? ¿Cuál es su principal actividad? La respuesta es muy simple: paga». Para Lazzarato la deuda no es solo un asunto contable, sino una relación política de sujeción, de control social y objeto de servidumbre que sirve para disciplinar a las poblaciones, para activar ajustes totalitarios, e incluso para «suspender la democracia en beneficio de ‘gobiernos técnicos’ subordinados a los intereses del capital».

Estas estrategias constituyen algunas claves interpretativas del nuevo estado socio-penal encubierto. Urge reconceptualizar los análisis de las políticas sociales. Porque la criminalización de la pobreza y la desigualdad social fragmenta la ciudadanía y la democracia e inaugura un nuevo modelo de inseguridad social.