Abogada
Del «fast and furious» al Retorno al pasado

He dicho que el PNV lo tiene que decidir pero debería decir que se tiene que posicionar públicamente, porque decidido lo tiene: una vez más echa el freno de mano a las ansias de este país y opta por un nuevo acomodo en España

08/12/2019

En mi artículo de noviembre vaticinaba que tras la celebración de la elecciones generales, donde aparecieron con su cara más vasca y retadora, Urkullu y los suyos enarbolarían de nuevo la bandera del nacionalismo realista para que nada cambie. No es que sea muy lista, es que en este país todos nos conocemos de sobra. Tras cuarenta años del día de la marmota, han dejado de tener la capacidad de sorprendernos. Otra cosa no sé, pero previsibles son un rato.

Tan previsible ha sido la actitud postelectoral del PNV como el resultado del trabajo de la comisión de expertos. 14 meses de trabajo que han permitido ganar tiempo a los que no quieren avances en este país y que han vestido de resolución jurídica algo que no es más que un debate político que se debe dar en un parlamento representativo de las diferentes sensibilidades que existen en esta parte del país. Cinco expertos de los que tres tienen una clara trayectoria política, lo que evidentemente, ha desembocado en diferentes textos siendo el consensuado por los expertos del PNV, el PSE y Podemos un texto que no llega en cuanto a técnica jurídica a ser un texto articulado que se puede ejecutar sino a una amalgama de deseos sin recorrido jurídico y sin que se haya basado en el acuerdo de principios y bases que debían articular. Esto es, el Parlamento vasco solicitó un trabajo concreto y le ha sido devuelto otro. Imagínense que van a un concesionario a comprar un vehículo y les entregan otro, diferente y defectuoso cobrándoles el mismo precio. Se pillarían un cabreo monumental, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que ha pasado. Del Burgo y Urrutia, miembros de la comisión, ya lo han reconocido, habiendo éste último tenido que presentar un texto articulado propio, técnicamente impoluto y que respetaba la encomienda que se le hizo.

Y como era de prever, la reacción de los de Urkullu no ha defraudado. Además de elogiar el trabajo de la comisión, han reconocido que «les gusta la propuesta de renovación del estatus político para la CAP realizada por el experto propuesto por EH Bildu pero no es realista». Cachis. Las personas que conformamos EH Bildu somos majetes y bienintencionados pero así no se hacen las cosas, porque para prosperar (en este caso para modificar el estatus) hay que «consensuar» con los unionistas progres, cosa que por cierto, los unionistas se han apresurado a desmontar ipso facto. Es decir, que no hay acuerdo sobre el derecho a decidir entre el PNV, PSE y Elkarrekin Podemos, sino un fallido intento por parte del experto del PNV (más del PNV que experto, diría yo) de introducir dichas palabras en un lugar que no corresponde y que ninguna eficacia jurídica tiene, con el ánimo de simular un compromiso con el derecho a decidir del PNV frente a parte de su electorado que lo reclama. Sinceramente, aún dentro de la previsibilidad, me esperaba un argumentario más sólido por parte del PNV.

Esta misma semana se reunirán de nuevo la totalidad de los partidos del arco parlamentario para decidir qué hacen con semejante despropósito. Las posiciones están tan claras como hace quince meses: PP y PSE no quieren avances en materia de estatus porque ni tan siquiera les agrada el actual estatuto de autonomía, vigente desde hace cuarenta años y que no ha sido desarrollado hasta la actualidad porque sencillamente, no quieren otra cosa que el sometimiento de las vascas a la unidad española; Podemos que dice que quiere pero no quiere, porque no dejan de ser una fuerza unionista que cada vez enseña más la patita sobre su modelo de Estado y aparca con más descaro el derecho a decidir; la izquierda independentista que defenderá el derecho a decidir para que este país tenga una relación de igual a igual con el Estado y el ¿PNV qué?

Pues sencillo: tendrá que decidir si asume que el derecho a decidir es troncal y prioritario en cualquier nuevo texto articulado para que este país pueda desarrollar nuevas competencias y regular en su totalidad las vidas de las personas que lo componen sin que ni el Gobierno español ni el Constitucional torpedeen sus aspiraciones tal y como acordó inicialmente con EH Bildu o, por el contrario, si decide quedarse como estamos, sin poder regular ni nuestras becas, ni nuestras pensiones, derechos laborales, protección social … y decidir retroceder de la última propuesta oficial que se les conoce que data de 2004 y la defendió Ibarretxe. Deberá decidir si quiere que este país transite a un futuro con una amplia mayoría del Parlamento (46 parlamentarios con aportaciones parciales de la coalición morada) o retorna a un pasado de más de quince años. Les ha llegado el momento de dejar de marear la perdiz y adoptar decisiones (sean las que sean) de manera valiente. Posicionarse y explicárselo a sus bases. Esas bases que al contrario que nos gusta pensar son bastante disciplinadas con los postulados de sus líderes pese a que su estratega guipuzcoano retuiteado por el mismísimo diputado general ladre un poquito, lo justo, exigiendo que se reconozca el derecho a decidir, pero conscientes de que eso no va a variar la posición de los que mandan y que nadie va a plantear una rebelión interna.

He dicho que el PNV lo tiene que decidir pero debería decir que se tiene que posicionar públicamente, porque decidido lo tiene: una vez más echa el freno de mano a las ansias de este país y opta por un nuevo acomodo en España. No es extraño, le va estupendo con este esquema. Pero que lo explique y lo haga antes de las próximas elecciones autonómicas para que así todo el mundo pueda ver que aquí lo que se está cociendo es un gran fraude para las próximas décadas. Los independentistas tendremos que ponernos la mochila de la responsabilidad una vez más a la espalda en solitario y seguir haciendo camino sin esperar a reconversiones políticas de nadie.