Este gobierno ha promovido y reforzado una opinión pública contraria y visceralmente opuesta a una resolución ética del conflicto, en especial ante el grave problema de los presos y presas vascos. Ahora necesita para su mantenimiento en el poder ejercer una dureza extrema e intransigente para no alterar al electorado español y asegurarse su voto. Cualquier concesión sería un retroceso peligroso en su cómoda mayoría dominante.

Esta postura política contrasta con las recomendaciones, análisis, declaraciones de líderes y políticos estatales e internacionales. Sus propuestas no son atendidas en absoluto y ante sus argumentos éticos, políticos y sociales oponen la razón de Estado, según los intereses de un gobierno encerrado en sí mismo y en su poder.

Sin embargo desde el «Acuerdo de Gernika», la «Declaración de Aiete», el cese definitivo de la actividad armada de ETA, las reflexiones y recomendaciones del Foro Social, los comunicados del colectivo de presos de ETA (EPPK), el escenario político de Euskal Herria ha cambiado radicalmente. El problema para lograr la paz ya no está en el binomio enfrentado de violentos-demócratas que impedía cualquier avance o propuesta de diálogo y negociación, sino en la realización de los derechos humanos y de la justicia. Por supuesto, el medio indispensable sigue siendo el diálogo y el cumplimiento íntegro, por parte de todos sin excepción, de los derechos humanos e, incluso, de la misma ley, incumplida precisamente con presos y presas. Así lo han expresado con toda claridad jurídica personas autorizadas, imparciales y creíbles en el último encuentro organizado por el Foro Social. Sus constataciones y conclusiones convergentes, ante las que el gobierno y su partido hacen, una vez más, oídos sordos han sido que no hay razones éticas ni jurídicas para seguir manteniendo la penosa y vengativa política penitenciaria; se debe, por tanto acabar con estas medidas de excepción y caminar hacia una «reflexión constructiva» por parte de todos.

Dentro de este contexto es necesario insistir en una dimensión que debe ser reforzada: la sensibilidad social y la opinión pública. Queda todavía mucho por avanzar y trabajar para que la mayoría ciudadana tome conciencia del principio ético-social de que la conculcación de los derechos de las personas presas nos afecta a todos, porque sus derechos son nuestros derechos, ya que los presos y presas sociales y políticos forman parte de la sociedad. Su condena a la pena de privación de libertad no significa que estén excluidos de la red ciudadana. Todo lo contrario. Son un sector fundamental en la realidad social y su reclusión en cárceles por el delito cometido, según la ley y juicio correspondiente, no debe llevar al olvido ciudadano y a la marginación, como si fueran un reducto de la sociedad ante el que, para acallar la conciencia y desentenderse de su situación, se recurre al «por algo estarán ahí...».

Esta amnesia social olvida que son personas con derechos inalienables que deben ser respetados. La pena por el delito cometido consiste en la privación temporal de libertad. Privarles del resto de sus derechos -acercamiento a su tierra de origen, libertad para presos gravemente enfermos, prolongación de penas, incomunicación- es una ilegalidad y un delito ético que un Estado de derecho, si quiere serlo, no puede permitir, ya que cuenta además con los medios eficaces para impedirlo.

Pero ante esta vulneración de derechos en las cárceles de los estados español y francés, un amplio sector de la ciudadanía vuelve la vista a otro lado. Incluso piensan que la defensa de sus derechos puede implicar una cierta complicidad. Pero una sociedad que permite, tolera u olvida -o incluso llega a aprobar, como expresión vengativa- que personas sean privadas de sus derechos y se abstiene de denunciar que las cárceles sean lugar de conculcaciones éticas y no es sensible a esta penosa realidad sin exigir soluciones, está mostrando una alarmante falta de moral social. No sólo con las personas recluidas, sino también con la misma convivencia social que, al hacerse insensible a esas situaciones, se endurece y deshumaniza. «Quien la hace la paga» no es excusa ni razón para inhibirse ante la situación de las cárceles y, más aún, teniendo en cuenta la responsabilidad colectiva ante el delito, perpetrado en muchas ocasiones a causa de realidades sociales y políticas injustas.

Desde esta perspectiva y ante esta responsabilidad ciudadana de defensa de los derechos humanos conculcados, en especial con los presos y presas políticos vascos, toda la sociedad está obligada éticamente a exigir soluciones. Es evidente que las manifestaciones de estos últimos años (basta recordar la marea humana del pasado enero) demuestran un alto grado de conciencia en Euskal Herria. Pero queda mucho por avanzar para lograr una mínima sensibilidad social en el resto del Estado y en las instituciones de todo tipo.

Y dentro de estos sectores no deja de ser llamativo el silencio de la Iglesia institucional y, en concreto de los obispos vascos, cuando no fue así en tiempos cercanos. Cualquier ocasión es oportuna para condenar la violencia de una de la partes, pero ¿acaso el evangelio no habla de atender a todos los presos y presas sin excepción (como lo hace Pastoral penitenciaria), y una jerárquica eclesiástica que se autoproclama oficialmente defensora de los derechos humanos no debería denunciar tales conculcaciones?

Estamos ante un apremiante desafío para lograr la normalización social y educación de la ciudadanía en la justicia y respeto de todos los derechos humanos de todos y para todos. Se han dado pasos importantes. Surgen organizaciones, asociaciones, foros sociales que impulsan un proceso necesario para toda la sociedad. No sólo para las personas encarceladas, sino para que la ciudadanía responda a las exigencias éticas de una convivencia responsable y sea sensible y humanizada.

Es necesario potenciar una pedagogía adecuada para lograr una concienciación ético-social (y aquí apelo también a la responsabilidad de la Iglesia en su ámbito de influencia) para conseguir un cambio que también es cultural. En una sociedad dominada por parámetros de competitividad y enfrentamiento y encerrada en el pensamiento único del capitalismo neoliberal, sus modelos se guían por la oposición entre vencedores y vencidos, ricos y pobres, víctimas y victimarios. En estos parámetros la venganza, el odio, el enfrentamiento es lo aceptado y normal socialmente y quien así no se comporta es considerado cómplice del enemigo.

En este contexto, el discurso y planteamiento de los derechos humanos no encuentran eco cultural. No tienen cabida en la cultura del beneficio (económico, político, social) a costa de lo que sea; también de las personas y más aún de las más vulnerables como son los presos y presas.

Por estas razones la exigencia de respeto y cumplimiento de sus derechos humanos es una cuestión no sólo política sino de salud social y ética. De su consecución dependen el futuro de nuestra sociedad y una paz justa.