En contra de lo que dice la extrema derecha y quienes están asumiendo progresivamente sus postulados, la presencia de personas migrantes y refugiadas en Europa en modo alguno es la causa de un incremento de la inseguridad, ni del paro y la precariedad laboral, ni del deterioro de servicios públicos como la sanidad y la educación, ni del machismo. Para encontrar responsables hay que mirar hacia arriba, hacia quienes han dictado las políticas económicas en los últimos decenios y ahora pretenden utilizar la inmigración como chivo expiatorio y, de paso, que esa mano de obra inmigrante, en condiciones de ilegalidad y marginación, carezca de derechos políticos y laborales, como una nueva mano de obra esclava en el siglo XXI.

Millones de personas han huido y siguen huyendo de las guerras alimentadas con armas, entre otras europeas, de la miseria provocada por políticas comerciales colonialistas de las empresas transnacionales, de la desestructuración social producida por dichas políticas, por el saqueo de los recursos mineros y energéticos, por el acaparamiento de tierras que desplaza a cientos de miles de personas, por la destrucción medioambiental, fruto del cambio climático, y por la violencia machista.

Si esas son las causas del éxodo, las consecuencias son las muertes, prisión y trato inhumano de miles de personas en el largo viaje hacia Europa y la violencia que en él se ejerce de forma especialmente brutal contra menores y mujeres, siempre acechadas por las redes de trata y por la discriminación y los estereotipos que rigen sobre las mujeres migrantes en los países de destino.

En Europa la solidaridad con las personas refugiadas y migrantes está siendo criminalizada por gobiernos de todos los colores políticos. Salvar vidas, apoyarlas y solidarizarse con ellas, acoger a esas personas y ayudarlas a encontrar una nueva oportunidad en una nueva tierra se ha convertido en delito ¡Riace! En diferentes países europeos se aprueban leyes que condenan la solidaridad.

La política migratoria europea es un elemento central de una estrategia política que pretende acabar con los valores y prácticas de dignidad, respeto, solidaridad, inclusión y democracia, entre diferentes y entre todas las personas. Si llegara a triunfar, Europa perdería las libertades que aún conserva, y los pueblos de Europa se convertirían en asfixiantes regímenes autoritarios.

Con la pérdida de derechos políticos, las clases populares estarían en peores condiciones para defender sus condiciones de vida y de trabajo. La marginación y persecución de las personas migrantes es el camino más rápido para que se implante en Europa –y en el mundo– un modo de la vida colectiva antihumano.

Hay que exigir el cese de comercio de armas y el expolio de los recursos naturales en África, Latinoamérica…, es decir, unas políticas justas con los países del Sur. También hay que exigir un cambio radical de las políticas migratorias, y establecer vías de pasaje seguro para quienes quieren migrar de sus países.

Los gobiernos deben cumplir estrictamente lo recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: que todas las personas migrantes puedan moverse libremente y que disfruten de los mismos derechos que el resto de quienes habitamos en Europa.

Hay que denunciar y rechazar las políticas de odio y discriminación como norma de convivencia, y defender los valores de humanidad y solidaridad como modo de la vida en Europa.

Estas preocupaciones estarán presentes entre los diferentes colectivos sociales que este fin de semana nos vamos a reunir en Artea-Bizkaia para ir definiendo una línea de actuación en los próximos meses con el objetivo de que quienes se presenten en las próximas citas electorales, no tengan más remedio que tenerlos presentes. La mejor manera de defender una sociedad más libre y más justa es defender, de cara, sin concesiones, los derechos inalienables de las personas migrantes. Son sus derechos y son los derechos de todos y todas.