Miembro de Batzarre y exconcejala de I-E en el Ayuntamiento de Pamplona
El acceso a la vivienda: todo puede empeorar

Tenemos la obligación de reorientar de forma urgente nuestras políticas públicas de vivienda y existen modelos en los que fijarnos, como el austríaco, en el cual no se permite especular con el precio de las viviendas y por tanto su construcción y mantenimiento se da en un entorno de economía sostenible cuyo objetivo es prestar un servicio y no generar plusvalías.

18/02/2020

Con el estallido de la burbuja inmobiliaria hace más de 10 años comenzó a desmoronarse todo el entramado que ha sustentado durante muchas décadas el inmenso negocio que ha supuesto la vivienda. Al contrario que en muchos otros países en los que ha existido una determinada conciencia política sobre el derecho «constitucional» a la vivienda, en España las instituciones públicas nunca se han tomado en serio la construcción de vivienda pública con el objetivo de garantizar dicho derecho. Y lo que es peor, han disfrazado su deber de proporcionar vivienda a la inmensa mayoría de la población transfiriendo enormes cantidades de dinero a promotoras que ofertaban la compra de VPO o VPT cada vez más caras, debido a las subvenciones públicas. El efecto directo ha sido el sometimiento de la población a hipotecas que han pasado de ser de 12 años en los 80 a más de 30 años en la actualidad. Pero aún es más grave la situación provocada por la «liberalización» en pocos años de dichas VPO y VPT, con un efecto directo de pérdida de millones y millones de subvenciones públicas, con las que se hubieran podido construir miles de viviendas públicas, sólo en Navarra y en pocos años.

La construcción de viviendas de alquiler ha sido también desarrollada sólo recientemente y casi exclusivamente a través de promotoras, a cambio de su gestión durante pocos años tras los cuales se permite su liberalización, que en las condiciones actuales suponen dramas que ya hemos visto en ciudades como Madrid, con la venta de más de 3.000 viviendas municipales a fondos buitre y que llegan a Pamplona, con la amenaza inmediata sobre cientos de viviendas en las que viven muchas familias con alquileres subvencionados por el Gobierno de Navarra. De nuevo el mismo modelo que en las VPO de compra, grandes cantidades de dinero público que se transfieren a través de la ciudadanía a promotoras y empresas dedicadas exclusivamente a hacer el mayor negocio posible con un bien de derecho constitucional como es la vivienda.

Tenemos la obligación de reorientar de forma urgente nuestras políticas públicas de vivienda y existen modelos en los que fijarnos, como el austríaco, en el cual no se permite especular con el precio de las viviendas y por tanto su construcción y mantenimiento se da en un entorno de economía sostenible cuyo objetivo es prestar un servicio y no generar plusvalías.

Harán falta años para desarrollar aquí una política de vivienda como servicio público pero es fundamental que comencemos a hacerlo ya y que todos los pasos que demos sean en ese sentido: cambiar normativas y convenios entre promotoras y administración pública para garantizar la prestación de la vivienda como un bien público, impedir y prohibir los desahucios cuando hay menores y familias sin alternativa habitacional, limitar los precios del alquiler, subvenciones a la rehabilitación con condiciones sobre su uso posterior no especulador, fomentar la construcción de viviendas por cooperativas en régimen de alquiler, responsabilizarse de poner en uso todo el patrimonio público del que se dispone.

En la situación actual es incompresible que el Ayuntamiento de Pamplona no tenga ya propuestas de rehabilitación y puesta en uso de todas las viviendas que sigue teniendo vacías, mientras clama al cielo sobre las 43 ocupaciones ilegales que dicen tener en dichas viviendas.

La solución no es tapiar viviendas vacías municipales para que no las ocupen.

El alcalde Maya, su grupo de Navarra Suma y el resto de grupos municipales deberían ser sensibles a la terrible situación de la falta de acceso a la vivienda que actualmente afecta a más 9.000 solicitudes de vivienda en alquiler que registra el Gobierno de Navarra, sin contar con todas aquellas personas que ni siquiera se atreven a solicitarla, como personas jóvenes que siguen siendo las más tardías en independizarse en comparación con Europa o las que se ven ahora amenazadas por los fondos buitre que también han desembarcado en nuestra comarca.

La negociación de las inversiones 2020 que tienen pendiente es una buena oportunidad para que lo demuestren, consignando al menos la cantidad necesaria para redactar los proyectos de rehabilitación integral de las más casi 200 viviendas que podrían conseguirse entre las de autobuses viejo y las del Mercado del Ensanche, mientras buscan la financiación necesaria para llevar a cabo este proyecto social, colaborando con el Gobierno de Navarra y buscando financiación europea.

Sigamos el ejemplo de las mejores ciudades del mundo, que promueven concursos de arquitectura para rehabilitar edificios emblemáticos, como lo son el de la antigua estación de autobuses y el Mercado del II Ensanche, con el objetivo de ofrecer viviendas en alquiler social acompañadas de otros usos sociales similares y/o añadidos a los que en la actualidad participan del proyecto Geltoki.

Un concurso de arquitectura que mantenga el uso de parque infantil que existe en los antiguos andenes, mejorándolo, dándole luz natural y manteniéndolo con actividades gratuitas.

Son este tipo de proyectos, sociales, sostenibles, centrados en la ciudadanía y captadoras de las mejores ideas innovadoras los que necesitamos para impulsar nuestra ciudad en la dirección correcta.

Sería un maravilloso ejemplo de cómo llevar a la práctica las declaraciones políticas que se adoptan por unanimidad, como la aprobada el pasado 7 de octubre, en el Parlamento de Navarra para desarrollar un nuevo Pacto Navarro Contra la Pobreza y la Desigualdad, para dentro de un año, con políticas, proyectos y presupuestos concretos en todos los sectores asociados, empezando por el de la vivienda.

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