En primer lugar, desde el movimiento de solidaridad con Palestina que desde Euskal Herria impulsamos la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel, mostramos nuestro apoyo a los y las trabajadoras del comité de empresa de CAF que recientemente han vuelto a solicitar a la dirección de CAF que no participe en el proyecto de la nueva línea del tranvía en Jerusalén.

Un proyecto que esta semana ha sido defendido por el PNV, un partido al que le gusta presentarse como firme defensor de la legalidad, convirtiéndose así en valedor de la violación del derecho internacional.

Se trata del contrato que en agosto ganó CAF en consorcio con la constructora israelí Shapir para extender la red de tranvías que une Jerusalén Oeste con los asentamientos ilegales en territorio ocupado palestino. Se trata de un elemento clave en el plan israelí para anexionar territorios palestinos en Cisjordania, expropiando y destruyendo las tierras palestinas.

Respondiendo a una intervención el viernes pasado de Elkarrekin Podemos en el pleno del Parlamento de Gasteiz, recordándole que la obra va en contra del Cuarto Convenio de Ginebra y la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la consejera de Economía, Arantxa Tapia, dijo lo siguiente: «Aunque haya realidades claramente reprobables, no es de recibo pedir a un agente empresarial lo que mandatarios o la propia diplomacia política no es capaz de resolver».

Lo que viene a decir el PNV es que, si un ladrón bien vestido y con buenos modales entra en tu casa o tu tienda a robar, puede hacer lo que le da la gana si las fuerzas de la ley no están presentes para prevenir el pillaje.

A CAF, como empresa con participación accionarial del Gobierno de la CAV y de sus personas trabajadoras, es razonable exigirle un grado de compromiso ético mayor de lo habitual. En su propio código de conducta la empresa promete que «toda actuación de CAF y de las personas que la integran guardará un respeto escrupuloso a las leyes, a los derechos humanos y las libertades públicas».

Y el tranvía de Jerusalén no guarda respeto escrupuloso en ninguna de esas tres premisas. Los asentamientos son ilegales según el derecho internacional y así lo ratifican numerosas resoluciones de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, la Convención de Ginebra y otros organismos internacionales de derechos humanos.

Con sus raíces profundas en las comarcas donde opera, con sus cuentas saneadas y con una cartera sólida de futuros trabajos, CAF no tiene excusa para hacer caso omiso a las trabajadoras y trabajadores de Beasain y de la planta de Zaragoza, los cuales exigieron que se retirara del contrato. Porque las empresas que participan en la construcción del tranvía pueden vulnerar el derecho internacional al prestar ayuda material para la comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad.

Por eso, si lo que quiere el PNV es defender la industria vasca y el empleo, los argumentos que ha escogido para apoyar la participación de CAF en esta obra injusta e ilegal no son solamente débiles, sino que también resultarán completamente contraproducentes.

Al igual que los y las trabajadoras de CAF que una vez más se muestran del lado de la justicia y los derechos humanos, está en nuestras manos exigir a CAF que se retire de un proyecto que contribuye a reforzar un régimen de ocupación ilegal, colonialista y de apartheid. Y también es responsabilidad del PNV buscar la forma de conducir a CAF a renunciar a esta obra inmoral e ilegal, ya no solo por los derechos humanos del pueblo palestino, sino para proteger el buen nombre y futuro empresarial de una empresa insigne de la industria vasca.