El pasado 17 de julio la Diputación de Bizkaia anunció, con un gran despliegue de medios, la aprobación definitiva del proyecto del Subfluvial de Lamiako. Pocas horas antes había publicado también la modificación de la Declaración de Impacto Ambiental –DIA– que el promotor había solicitado. Sin embargo, lejos de celebrar esta aprobación, deberíamos preguntarnos si realmente estamos apostando por el futuro que necesitamos para Bizkaia.

Un proyecto que va contra los compromisos climáticos

La DIA de 2023 ya advertía de los graves problemas que plantea esta infraestructura. Estamos hablando de una obra que incrementará las emisiones de gases de efecto invernadero no solo durante su construcción, sino también una vez esté en funcionamiento. La razón es sencilla: facilitar el tráfico de vehículos privados genera lo que los expertos llaman “demanda inducida”, es decir, más facilidades para usar el coche se traducen en más coches circulando.

Esta realidad choca frontalmente con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que ha fijado la propia Diputación, el Gobierno Vasco, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Estado y la Unión Europea. Resulta paradójico que un proyecto con estas características haya recibido una calificación favorable en la DIA, cuando contradice de manera tan evidente las políticas que supuestamente guían la acción pública.

Además, todo esto se está desarrollando sin haber realizado un estudio en profundidad de la movilidad y el transporte en el área metropolitana de Bilbao. Es como recetar un medicamento sin haber hecho antes un diagnóstico serio de la enfermedad.

El coste económico y social de una apuesta equivocada

El proyecto presenta otros problemas igual de preocupantes. El coste económico es desorbitado. Aunque tras las rebajas de julio se habla de menos de 600 millones de euros, tenemos el precedente de la SuperSur, que superó con creces el presupuesto inicial. Esta enorme inversión hipotecará cualquier posibilidad de desarrollar soluciones más sostenibles en el futuro próximo.

Pero el precio más alto lo pagarán las personas que viven cerca de las bocas de los túneles. Éstas se convertirán en auténticas “zonas de sacrificio” donde la calidad de vida se verá gravemente comprometida. No conocemos todas las consecuencias que tendrá sobre la salud de las personas del entorno porque no se han estudiado aspectos fundamentales como las partículas PM2.5.

En concreto, la boca situada en el parque de Artaza se encuentra en una zona densamente poblada y con varios centros de enseñanza cercanos, lo que afectará directamente a un servicio esencial como es la Educación.

Durante las obras, el vecindario tendrá que soportar contaminación, ruidos y vibraciones que superarán los objetivos de calidad acústica establecidos. También en la modificación de la DIA de julio de 2025 se indica que en la zona de Artaza ya se superan los objetivos de calidad acústica, debido al tráfico existente en la actualidad. Cabe preguntarse qué ocurrirá cuando el Subfluvial esté en funcionamiento y se produzca el aumento de tráfico esperado. No hay que olvidar que el ruido excesivo de forma prolongada no es solo una molestia, atenta contra el derecho fundamental a la vida privada y familiar, tal como han reconocido diferentes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Una vez en funcionamiento, también, la contaminación generada en los más de tres kilómetros de túnel se evacuará precisamente por las bocas de los túneles. Recordemos que una de ellas está situada en el parque de Artaza, que la propia Diputación califica como “pulmón verde de primera magnitud”.

Una modificación de la DIA cuestionable

La modificación de la DIA levanta serias dudas. Las voladuras en el parque de Artaza fueron prohibidas en la declaración original por los efectos inasumibles que tendrían sobre los edificios situados a varios centenares de metros a la redonda.

En la modificación de julio de 2025 se reconoce que se superarán los objetivos de calidad acústica, se usen o no voladuras. Pero ahora la conclusión del organismo medioambiental es completamente diferente: suspender los objetivos de calidad acústica mientras dure la obra. Hemos pasado de la prohibición de voladuras por “tener efectos inasumibles” a “tener que suspender durante la obra los límites legales de ruido y vibraciones” para que se puedan realizar las voladuras. 

La modificación ha venido acompañada también de la necesidad de elaborar una serie de informes y soluciones definitivas que “se deberán comunicar a este órgano ambiental antes de aprobar el proyecto de manera definitiva”. Pues bien, a las pocas horas de la publicación de la modificación en el Boletín Oficial de Bizkaia, la Diputación anunciaba la aprobación definitiva del proyecto. Resulta difícil creer que haya dado tiempo material para cumplir con esos requisitos.

Procedimientos que hacen aguas por todos lados

Los problemas procedimentales no acaban ahí. El 1 de julio se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco el anuncio de la Agencia Vasca del Agua –URA– sometiendo a información pública el expediente del Subfluvial de Lamiako, con un plazo de 20 días hábiles para presentar alegaciones, plazo que terminaba a finales de julio.

Lo lógico habría sido que URA estudiara las alegaciones presentadas y emitiera su informe con posterioridad. Sin embargo, el día 17, sin haberse terminado siquiera el plazo de alegaciones, la Diputación anunciaba a bombo y platillo la aprobación definitiva del proyecto.

La situación se vuelve aún más surrealista cuando descubrimos que hasta el día 22 la escasa documentación disponible para poder alegar contenía dos documentos desfasados, de 2023, que afirmaban, por ejemplo, que no se iban a usar voladuras. El día 23, casi finalizando el plazo de alegaciones, aparecen nuevos documentos. Aunque en ellos se puede comprobar, por ejemplo, que se mantiene un pilar de un viaducto de Ballonti que invade la zona de servidumbre del arroyo y que la DIA exigía su supresión desde 2023. Además, se puede seguir leyendo que no se van a utilizar voladuras, afirmación que sabemos que es falsa.

No podemos evitar preguntarnos qué informe va a realizar URA basándose en esa documentación y después de que el proyecto definitivo ya haya sido aprobado el 17 de julio.

El verdadero dilema: mover coches o personas y mercancías

Recientemente, el Director General de Tráfico revelaba un dato que debe hacernos reflexionar: el 85% de los vehículos en los grandes atascos va con un solo ocupante. Sin embargo, para la Diputación el problema parece ser el mover coches y no personas y mercancías. Este enfoque equivocado nos cierra muchas puertas.

Además de una buena planificación del territorio y políticas de conciliación familiar, la solución viene por realizar un estudio integral de la movilidad y el transporte en el área metropolitana de Bilbao, tal como ya han hecho otras ciudades más grandes. A partir de ahí se pueden deducir, por ejemplo, qué trayectos se pueden realizar andando y poner los medios necesarios para facilitarlo, qué trayectos se pueden recorrer en bicicleta y facilitar su uso y qué desarrollos del transporte colectivo retirarán vehículos particulares de la carretera.

Este es el camino real para lograr los objetivos climáticos que las Administraciones afirman tener, y no construir subfluviales que incrementarán el uso del coche privado, las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación de nuestro entorno. Es hora de apostar por soluciones que nos acerquen al futuro que necesitamos y no que nos alejen de él.