Isabel Otxoa

Emakunde pregunta

La declaración del Consejo de Gobierno del día dos de marzo con motivo del 8 de marzo, nos deja frías. Quizá porque han cargado demasiado la mano en la labor de recogida de todas y cada una de las frases que identifican la lucha feminista; demasiado bonito para ser verdad.

¿Quién cuida? Hagámoslo visible. Hagamos nuestra parte. Es la proclama de Emakunde para este 8 de marzo.

Hagámoslo visible: la mayor parte de los cuidados se realizan en el marco privado, en el que cuidan muchas personas, generalmente mujeres de la familia que lo hacen en régimen de exclusividad o simultaneándolo con un empleo remunerado. Cuidan madres, hijas, vecinas, amigas, cuidan las parejas ancianas (cada vez más hombres) y cuidan trabajadoras de hogar.

Por lo que respecta al empleo de hogar, la respuesta a la pregunta de quién cuida está en una nebulosa, en la que se mantiene por responsabilidad directa del Departamento de Trabajo. Hubo un mandato parlamentario el 2/2/2017, para que en el plazo de nueve meses el gobierno presentase un diagnóstico sobre la situación de las trabajadoras de hogar en la CAV y las necesidades a las que dan cobertura. El plazo terminaba en noviembre de 2017, pero se acabó presentando en mayo de 2019, y era un resumen de diferentes fuentes estadísticas que no añadía ningún dato nuevo sobre la realidad. Según explicaron sus autores, el motivo de lo anterior fue que la financiación del gobierno no daba para otra clase de estudio.

Hagamos nuestra parte: pondré tres ejemplos de esa realidad que se nos ha pedido visibilizar. Lo haré basándome exclusivamente en una selección de las experiencias de la asesoría de la ATH-ELE del lunes 1 de marzo. Para más datos, https://ath-ele.com/es/estadisticas/.

Primer caso. Trabajadora externa desde 2010. Cuida criaturas cuyos progenitores trabajan fuera de casa. Tiene una jornada de 52 horas y media a la semana y no llega a ganar el salario mínimo para las cuarenta. Está cotizando a la Seguridad Social a día de hoy por 743 euros al mes, que es la cantidad por la que cotizó en 2019 (debieron ser 1.050) y en 2020 (debieron ser 1097). Esto, solo aplicando la legalidad de las cuarenta horas.

Sin duda, sus empleadores están explotándole, pero el gobierno vasco tiene la competencia de la Inspección de Trabajo, que debería impedirlo. Como la campaña de regularización de la Inspección sólo mira desde el 1/1/2021, dejando de lado los años anteriores, le planteamos a la trabajadora la posibilidad de denunciar y no se atreve porque piensa que sus empleadores sospecharían de ella si el escrutinio de la Inspección va más allá de 2021. Natural. Si le despidiesen se quedaría en la calle y sin desempleo.

En 2019, los votos del PNV y PSE en el Parlamento Vasco echaron abajo una propuesta para exigir al Gobierno de Madrid que regularizase todas las cotizaciones actuales y pasadas inferiores a los salarios mínimos, sin exigir denuncias individuales.

Segundo caso. Trabajadora interna, sin papeles. No está censada en la casa en la que trabaja, a pesar de que hace 82 horas semanales y pasa allí todas las noches excepto la del sábado, que duerme en una habitación alquilada en una vivienda compartida con una cuanta gente. Tampoco está censada allí, porque al dueño no le interesa. Así que lleva aquí cuatro años trabajando y pagando el IVA de todo lo que consume, pero no puede aspirar a su regularización por arraigo.

El Gobierno Vasco, y el PNV, no tienen potestad para cambiar las leyes de extranjería, pero sí tienen capacidad de asegurar los empadronamientos de las trabajadoras internas allá donde viven. También tenían toda la potestad para que sus reclamaciones laborales ante el Servicio de Conciliación del Departamento de Trabajo llegasen a su destino (el buzón de la vivienda de la parte empleadora) y no a una carpeta electrónica con la excusa de la pandemia. Y para que las reclamaciones se hubiesen tratado de manera presencial, haciendo posibles acuerdos rápidos. No fue así durante muchos meses, por responsabilidad exclusiva del msmo Departamento de Trabajo que aparece denunciado la brecha salarial en su campaña del 8M.

Tercer caso. Trabajadora externa, que quiere saber qué debería hacer dado que le han comunicado que en la vivienda que limpia hay una persona confinada por la Covid. Se plantea no ir a trabajar, pero le preocupa si le pueden despedir por ese motivo.

Le contestamos que ante el panorama que se veía llegar con la tercera ola, el 19 de enero le habíamos consultado como organización exactamente lo mismo a la Inspección de Trabajo de Bizkaia, pidiéndole pautas de actuación frente a esta situación y similares. La respuesta del 8 de febrero fue que era incompetente para pronunciarse. No hemos consultado a Osalan, porque capaces serían de remitirnos a su página web, en la que las instrucciones sobre medidas de salud laboral en el empleo de hogar aparecen en la ficha número 22, nueve folios, en los que se remite a otras fichas y como norma general, indica a las trabajadoras que ellas deben informarse mediante material informativo comprensible y de fuentes fiables (sic) sobre las medidas a adoptar.

Emakunde es un órgano del Gobierno Vasco, no le vamos a tratar como si fuese otra cosa. Le conciernen las políticas de todos los departamentos y demás instituciones del Gobierno y las diputaciones. Los discursos, premios a la igualdad, y demás operaciones de imagen no sirven si no hay incidencia en el núcleo duro en el que se toman las decisiones de gestión.

La declaración del Consejo de Gobierno del día dos de marzo con motivo del 8 de marzo, nos deja frías. Quizá porque han cargado demasiado la mano en la labor de recogida de todas y cada una de las frases que identifican la lucha feminista; demasiado bonito para ser verdad. Menos literatura y más realidades, sería la consigna.

Search