Antonio Gramsci, autor italiano, desarrolló el concepto de hegemonía con el objetivo de comprender el fracaso de la clase obrera al levantarse contra la burguesía. Él creía que la burguesía era capaz de dominar a las clases trabajadoras estableciendo una cultura hegemónica que exportase normas y valores. Para ello, distinguía entre dos formas divergentes de patentizar estos principios. Por una parte, la coerción, considerada una herramienta exclusiva del Estado, esto es, de la sociedad política. Por otra parte, el consenso, la herramienta perteneciente a la sociedad civil. Interpretando a Gramsci, la burguesía podía asegurarse el consentimiento de las clases obreras a través del ámbito cultural e ideológico para seguidamente controlarlo por una autoridad coercitiva. Esto es, esencialmente, lo que Gramsci denominaba el «sentido común», la sumisión social o «consenso» hacia un orden dominante.

Las ideas Gramscistas han sido recientemente aplicadas al ámbito de las relaciones internacionales a partir de autores neomarxistas. Robert W. Cox explica en "Social Forces, states and world orders: beyond international relations theory" que estas ideas pueden ser aplicadas a fin de explicar la estabilidad de ciertos órdenes mundiales. Para él «la hegemonía internacional se crea entre el poder, las ideas y las instituciones». En relación a la esfera internacional, Cox escribe "Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method" con el objetivo de incorporar la teoría de la hegemonía al sistema internacional. Cox defiende que son las grandes potencias las que mantienen el statu quo (civil y político) a través de la construcción de sistemas hegemónicos para beneficio propio. Esto significa, en palabras de Cox, que «los ideales hegemónicos se transfieren desde el centro a la periferia» y se controlan a través de un sistema de organizaciones internacionales que describe como el «proceso a través del cual se desarrollan las instituciones y la ideología (hegemónica)».
 
Es decir, para el neomarxismo, los instrumentos que conducen a la hegemonía (internacional) son principalmente dos: por un lado, las organizaciones internacionales que fomentan un determinado ideal moral, normalmente exportado por una gran potencia; por otro lado, la sociedad civil internacional que se encuentra representada por los medios de comunicación, ONG y/o activistas individuales. Al adquirir el control de estos dos pilares, la legitimación de una actuación concreta (intervenciones militares, sanciones económicas, embargos comerciales…) deriva de la defensa de unos determinados patrones asimilados a partir de una serie de inputs procedentes de ambos entes.

Este «consenso» suele representarse en iniciativas correspondientes a órganos decisorios internacionales. Pongamos el caso de Serbia y Kosovo. Tras el comienzo de la intervención militar de la OTAN en Kosovo y el inicio de bombardeos en Serbia en la primavera de 1999, Rusia, Bielorrusia e India propusieron la votación de una resolución al Consejo de Seguridad condenando las acciones de la OTAN y exigiendo el fin inmediato de la campaña. Esta resolución fue rechazada por doce de los quince representantes estatales presentes. Es decir, una muestra inequívoca del «consenso» reinante en el sistema internacional.

Aplicando la hegemonía al caso español, el papel del «consenso» o «sumisión» se encuentra perfectamente personificado en la política exterior del Estado. En el día de hoy, el objeto de estudio guarda relación con la responsabilidad de España sobre el Sahara Occidental. La historia contemporánea vincula a España con este territorio desde la incómoda posición de potencia descolonizadora tras las diversas resoluciones de la ONU, hasta la presente «cesión de soberanía» a Marruecos en contra de las resoluciones 690 y 2285 aprobadas por el Consejo de Seguridad.

Limitando el análisis a esta última cuestión, marzo de 2022, existen varios acontecimientos a resaltar para comprender el marco en el que se encuentra la región del Magreb y Oriente Medio: la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistan, renovación de las relaciones de Israel con países del entorno, refuerzo de relaciones estadounidenses con Marruecos y Turquía, la entrada de China en la región y/o la actualización de relaciones de carácter integral entre Arabia Saudí e Irán.

La interpretación de estas líneas genera dos esquemas. En primer lugar, el desarrollo económico de China y la reacción de los Estados Unidos de mantener presencia en la región, en un nuevo marco de containment al mas puro estilo Truman y con la finalidad de cortar de facto toda expansión de los tentáculos económicos de China. En este caso, un Pivot to the Middle East con Israel como estandarte. En segundo lugar, se afianza la hipótesis que defiende la carencia de un proyecto que abarque el ámbito social, político y económico en la región, mas allá de intervenciones militares de carácter realista. Asimismo, la inacción y desinterés de Organizaciones Internacionales hacia guerras, ocupaciones territoriales y situaciones de apartheid generadas por Estados próximos a la Sociedad Internacional ocasiona cierta sospecha de complicidad.

En este nuevo escenario, el ejecutivo español declaró la propuesta de autonomía de Marruecos como la «más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto Saharaui. Por un lado, es evidente que el «acuerdo» genera una serie de inercias positivas para el Estado: recuperación de las relaciones bilaterales con Marruecos, un mayor control de la frontera marroquí-española y el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, las consecuencias positivas son tímidamente cortoplacistas y se limitan a objetivos irrelevantes para la nación.

Por otro lado, la declaración española pone en grave riesgo, primero, el concepto de seguridad nacional y, segundo, desatiende los deseos de la región para la construcción de un futuro político estable. En el ámbito de la seguridad nacional, se han puesto en peligro las relaciones diplomáticas y comerciales con Argelia, consideradas vitales, comprometiendo así las exportaciones de gas en un marco de crisis energética global. Sobremanera, la estabilidad del Magreb y Oriente Medio se debe construir normativamente a partir de dos pilares fundamentales: Derecho Internacional y Derechos Humanos. En nuestro caso de estudio, España se ha mostrado en contra del primero y ha mostrado indiferencia respecto al segundo.

En definitiva, en aplicación de la teoría Gramcista, la posición española hacia el Sahara ha venido definida por los intereses de una particular Gran Potencia con un historial controvertido en la región: defensa de políticas apartheid en Israel; defensa de agresiones a terceros países por parte de Israel (Líbano, Siria y Egipto); intervenciones en Irak, Irán, Pakistán, Afganistán y Siria; y sanciones, embargos y bloqueos ad hoc. Además, diversas actuaciones del Estado Hegemónico se han consolidado a partir del apoyo o indiferencia de países satélite y Organizaciones Internacionales. Desgraciadamente, el fortalecimiento de ciertos actores como Marruecos, Turquía e Israel, a partir de la ejecución de esta nueva posición, llevará a la región del Magreb y Oriente Medio a una ininterrumpida espiral de inestabilidad territorial y violencia estatal «legítima» que desencadenará la mayor vulneración «legal» de derechos humanos de la historia contemporánea. Después de todo, la culpa será de la inmigración ilegal.