A la vista de cómo está la conflictiva e inaceptable situación del cuidado y los derechos humanos de las personas mayores en la mayoría de residencias, a pesar de la burda propaganda de las tres diputaciones y el Gobierno Vasco, y lo que en silencio está ocurriendo en los domicilios en los que se cuida a una persona mayor, el futuro asusta, y asusta mucho.

¿Y si a lo que tenemos hoy le sumamos una, dos o tres décadas? ¿Podemos estar tranquilas pensando que los cuidados serán mas dignos, más baratos, más personalizados, más cerca de donde vivimos y que las personas que nos cuiden tengan más tiempo asignado y mejores condiciones laborales?

Hoy las personas mayores de 65 somos el 20% de la población, en veinte años seremos el 30%. Las de más de ochenta somos el 6% y en treinta años seremos el 12%. Manteniendo los mismos salarios, los mismos ratios de cuidadoras y las mismas ayudas económicas, en veinte años el gasto público se incrementaría al menos un 50%. Si a esto añadimos mejoras que son necesarias, como unos ratios aceptables y unas condiciones laborales más normales (similares a las de Osakidetza), además de unas más cuantiosas ayudas para los atendidos en el domicilio, el incremento del gasto se colocaría por encima del 65%. La crisis poscovid y las recetas neoliberales no lo van a admitir.

¿Y qué ocurriría si el porcentaje de gasto público actual se mantiene sin incrementarlo?  Pues evidentemente, teniendo en cuenta el cambio demográfico, nos encontraríamos ente una situación durísima. En veinte años las ayudas económicas podrían bajar a la mitad, los precios de  las plazas públicas subirían un 50%, los ratios de personal se verían reducidos en un 25%.

Por todo ello, desde la Plataforma Irauli-Zaintza lanzamos un SOS a toda la ciudadanía. El debate público, social, académico y político para lograr un consenso intergeneracional en la sociedad vasca es la vía.

Las asociaciones vascas de usuarios y familiares están denunciando infinidad de decisiones y situaciones que se están dando en las residencias; el movimiento de pensionistas, cada vez con más insistencia, reclama unos cuidados y un futuro más esperanzador; en miles de domicilios seguimos teniendo cuidadoras inmigrantes explotadas al margen de la ley; la oferta de servicios y lo que hay que pagar por ellos, aunque parezca alucinante, son diferentes si vives en Araba en Bizkaia o en Gipuzkoa; los sindicatos chocan con el antidemocrático muro de contención que son las diputaciones, en su exigencia de condiciones laborales y ratios dignos... Y nuestros gobernantes diciendo que el sistema vasco de cuidados ha aguantado bien la crisis generada por la pandemia y que en algunos aspectos (¿silver economy?) somos y vamos a ser referentes en Europa.

El autogobierno vasco tiene todas las competencias necesarias, pero elude el debate abierto. El Gobierno Vasco y las tres diputaciones, arrinconando a los ayuntamientos, tomaron una dirección equivocada y sin futuro. Han privatizado todas las residencias que han podido y sin escrúpulos. Ahora están lanzados a privatizar más la asistencia domiciliaria y con mucho gasto en publicidad. Como ejemplo la campaña publicitaria de EtxeTIC de la Diputación de Bizkaia, en la que se les va la mano y llegan a hacer apología de lo bien que resuelve el cuidado de las personas mayores el ultraliberalismo económico en EEUU.

En Irauli-Zaintza pensamos que ante todo nadie debe llevarse dinero a su cuenta de resultados drenando recursos que nos son necesarios. Este es un servicio básico y necesario en el que las inversiones son asequibles desde el sector público y que no necesita entrada de capitales externos. La privatización es una cuestión ideológica fruto de una penosa forma de entender la sociedad y la vida. En este caso garantizar beneficios a corporaciones externas y fondos de inversión durante varias décadas es un delito social, es empobrecer a la sociedad vasca, es empobrecer a cada persona que vive de su salario o de su pensión y va a necesitar cuidados. Generar empleo digno; hacer la previsión financiera con nuevos impuestos o cotizaciones; empoderar a los ayuntamientos con más competencias y recursos financieros para poder gestionar los cuidados a las personas mayores desde la cercanía y la participación intergeneracional de la comunidad... y muchas cosas más.

Ninguna persona o colectivo, de la ciudad o de los pueblos, que aspire a que nuestra vida, también en su otoño, sea más segura, más justa, y más interesante, debe eludir este debate.