Entre las medidas a desarrollar por el mismo, destacan la creación de programas, servicios, políticas y protocolos de actuación en los que prime la sensibilidad hacia ellas. Se presta especial importancia a servicios de terapia en crisis o apoyo terapéutico a largo plazo. A su vez se insta a los Gobiernos a que desarrollen manuales específicos. También se critica que históricamente, las medidas de política criminal se han hecho pensando más en los intereses de los Estados que en los de las víctimas.

Si hay que buscar antecedentes a la fundamentación de estos principios, hay que hacerlo de la mano de la Criminología, eso sí, de la que navega alejada del poder, por muy paradójico que parezca. En la segunda mitad del siglo XX autores como Von Henting, Benjamín Mendelsohn, Ezzat Fattah, Aniyar de Castro o Elías Neuman, empezaron a ocuparse del rol de la víctima en los diferentes sistemas penales, todos coincidían en que era, con diferencia, la gran olvidada. Una de las aportaciones más interesantes y objetivas que estos teóricos hicieron, fue la introducción de conceptos como victimización primaria y secundaria. La primera, hace referencia al conjunto de afectaciones físicas, biológicas, económicas y psicológicas derivadas de forma directa el resultado de una acción ‘delictiva’. La segunda, está asociada al conjunto de afectaciones anímicas y psicológicas que se produce en las víctimas cuando estas entran en contacto con las instancias judiciales, policiales, legislativas, sociales y políticas. También se incluye el papel de los medios de comunicación como agente multiplicador de ese conjunto de dolencias. Los Poderes Públicos, de la mano de muchas rotativas, actúan como favorecedores, en numerosas ocasiones, de un trauma. Segunda paradoja.

Euskal Herria vive un conflicto histórico el cual ha generado víctimas. Eso es algo lógico, objetivo y evidente. El dolor forma parte de la condición humana, con distintos umbrales y significaciones. Es un hecho que no se puede obviar, y mucho menos ignorar, forma parte de la historia que hemos vivido y estamos viviendo. Reconocer esa evidencia no tiene por qué implicar un paso hacia atrás, ni renunciar a principios ideológicos legítimos: no tiene que entenderse como una concesión, y mucho menos como una rendición. Ahora, instrumentalizar lo que duele y a quienes lo padecen, tiene consecuencias graves que al final se vuelven en contra de los instigadores. Vamos hacia la tercera paradoja.

La ley 32/1999 de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, se puede entender como una respuesta jurídica del Estado español ante los acuerdos que había ‘apoyado’ en Naciones Unidas en los años 1985 y 1996, y como una manera de ‘contentar’ a las Asociaciones de Víctimas que habían surgido con el apoyo de los fontaneros del PP. Una visita a las hemerotecas constata esta afirmación. En las últimas décadas la respuesta terapéutica –asistencial ofrecida desde Madrid, ha estado encaminada más a alimentar la ira, que a paliar los efectos de las heridas que pretendían ‘curar’; se echaba mano a la cartera para quedar bien de cada a la galería internacional, a la par que se comenzaba a instrumentalizar el tema de las víctimas como bandera justificante de políticas propias del fascismo. Los inquilinos que han pasado por Moncloa han hecho oídos sordos a los profesionales de la victimo asistencia, para ellos la existencia de organismos independientes, fuera de toda duda, como la Sociedad Mundial de Victimología (reconocida y recomendada por Naciones Unidas), es nula.

Por si fuera poco han incrementado en las víctimas, que dicen defender, el conjunto de afectaciones asociadas a la victimización secundaria, también llamada institucional. El apoyo y fomento de Asociaciones de Víctimas que para nada siguen criterios de intervención científico–empíricos, multiplica el dolor de estas, constituyéndose su acción en un efecto patógeno. Para muestra un botón: si echamos un vistazo a la web de la AVT y pinchamos el enlace de reconocimientos, podemos encontrar todo tipo de menciones, arropadas por instituciones políticas afines a la calle Génova. Hay dos que tienen especial simbolismo y relevancia, la de la Hermandad de los Legionarios y la de la Dirección de Mutilados por la Patria.

A mediados de los 90 tuve la ocasión de asistir en Las Palmas un Curso Internacional de Victimología. Entre los ponentes – la inmensa mayoría miembros de la Sociedad Mundial de Victimología – destacaban el criminólogo belga Tony Peters y el canadiense de origen hindú Abdel Ezzat Fathha. Ambos eran personas cercanas y sencillas, y respondían y atendían con claridad a cualquier pregunta. Al plantearle a Abdel lo que nunca hay que hacer con una víctima, este fue claro: ni utilizarla, ni instrumentalizarla, respetarla. Es algo que se me ha quedado grabado en la memoria.

Ni Felipe González, ni José María Aznar, ni José Luis Rodríguez Zapatero, ni Mariano Rajoy, han seguido los Principios de Justicia relativos a las Víctimas del Delito y Abuso del Poder, es más, han favorecido políticas favorecedoras de el incremento de la victimización secundaria, han pensado siempre en el rédito que implicaba criminalizar lo vasco, monopolizando para ello a las víctimas. Con respecto a lo que Elías Neuman denomina victimización transnacional, haciendo referencia al terrorismo de Estado, las distintas ‘medidas’ de los distintos Presidentes han sido las que han sido. Ahora me pregunto, ¿asumirán alguna vez estos su responsabilidad por el dolor que han potenciado?, creo que la respuesta es bastante predecible.

Estamos viviendo un momento tan irrepetible como esperado. Mientras unos permanecen en el inmovilismo, otros siguen dando pasos. Quizá sea el momento de dar una lección más.