No hace mucho en los medios se anunció la falta de trabajadores y profesionales entre los gremios de la construcción o en la hostelería. En algunas comarcas las asociaciones de empresarios junto con las agencias locales de desarrollo llevan tiempo trabajando en la atracción de trabajadores cualificados. Algunas réplicas a estas informaciones argumentan las pésimas condiciones laborales y salarios que se ofertan. No les falta razón. Estamos ante un mercado laboral insano que impide o dificulta crear trayectorias laborales estables y de justa remuneración que permitan construir proyectos de vida dignos. Por poner un caso paradigmático, una persona graduada en ingeniería puede pasarse años en contratos de prácticas percibiendo un salario menor a mil euros.

Inspectores de trabajo, investigadores académicos y expertos en derecho laboral llevan décadas denunciando el uso fraudulento de la contratación temporal hasta convertirse en algo institucionalizado en la cultura empresarial. Ello redunda negativamente, en primer lugar, en la vida de una gran masa de jóvenes y no solo jóvenes, con efectos perniciosos en otros ámbitos como la vivienda, el consumo, la natalidad, la seguridad social o la recaudación fiscal, y, en segundo lugar, en el tejido productivo y su competitividad, al favorecer las sendas de bajos costes y valor añadido, perjudicar la acumulación de capital humano y la innovación tecnológica y generar ineficiencias en la gestión de muchas empresas. No es solo una cuestión de justicia social, es también una cuestión de modelo económico y de su futuro.

Pero también es verdad que, por la inversión de la pirámide poblacional que lleva décadas sedimentándose, en los próximos años vamos a asistir a una falta de trabajadores que permita cubrir la demanda de muchas empresas. Veamos los datos. En Hego Euskal Herria hay 243.000 trabajadores mayores de 55 años que se jubilarán en la próxima década. Ese grupo de edad en el año 2002 abarcaba 115.000 trabajadores, es decir, se ha duplicado. En el extremo opuesto hay 51.000 trabajadores de menos de 25 años; en 2002 había 105.000, es decir, ahora la mitad. Suponiendo que los niveles de inserción entre los jóvenes no varíen, para el año 2030 habrán ingresado en el mercado laboral 166.000 trabajadores de menos de 30 años, es decir, 77.000 menos que los jubilados en ese período. A ese déficit cabe añadir las dificultades por falta de concordancia entre cualificaciones demandadas y adquiridas.

No parece que la sustitución de trabajadores por procesos de automatización y robotización y el incremento de la productividad sean solución para paliar dicha falta de trabajadores. No quedará más remedio que rejuvenecer la estructura ocupacional mediante la inmigración. El gobierno conservador alemán, en el año 2015, apostó por esa vía abriendo sus fronteras a los refugiados sirios. Casi dos millones de nuevos inmigrantes se han establecido en dicho país. Al margen de razones y narrativas humanitarias se debe considerar que Alemania tiene una de las poblaciones que más rápido está envejeciendo y disminuyendo en el continente europeo. Se estima que la evolución vegetativa (nacimientos menos fallecimientos) reduciría su población en un 13 % para 2060, es decir, en 10 millones de un censo de 81. Este influjo masivo de emigrantes ha generado enormes desafíos sociales, habitacionales, lingüísticos, culturales, formativos y asistenciales. Aun y todo, según informó la Agencia Federal de Empleo este verano, el país sigue necesitando al menos la llegada de 400.000 inmigrantes anuales para cubrir sus necesidades de mano de obra.

La estructura de la pirámide demográfica de Hego Euskal Herria difiere poco de la alemana. En ambos la población mayor de 64 años constituye el 22 % y la población menor de 25 años el 24 %. Aunque hay una significativa diferencia en el grupo de relevo generacional, entre 25 y 34 años: en Alemania es un 13 %, mientras que en nuestro país es el 10 %. En el año 2014 ese tramo de edad suponía el 12 % en ambos países, con lo cual se puede observar que en nuestro caso las posibilidades de relevo generacional se han deteriorado y que en el caso alemán el flujo migratorio ha servido para incrementar la oferta de inserción laboral.

En este contexto resulta desalentador (y descorazonador por razones de justicia) observar como a emigrantes sobreviviendo en la venta ambulante y en la economía sumergida se les entorpece el acceso a la formación reglada profesional y académica por cuestiones burocráticas como la carencia o tramitación del permiso de residencia u otras trabas. Se les dificulta la posibilidad de construir una vida digna y de ayudar a sus familias (las remesas de los emigrantes doblan toda la ayuda oficial al desarrollo de los países del norte, 400.000 millones de euros frente a 200.000 en el año 2016 según el Banco Mundial); y, por otro lado, se está perdiendo la posibilidad de formar profesionales y titulados universitarios, con mayor motivación y mejor desempeño que muchos.

Según Adecco, en nuestro país ya faltan técnicos de mantenimiento, torneros, fresadores, carpinteros, ingenieros en robótica, facultativos sanitarios, carretilleros, delineantes mecánicos, técnicos de calderas, fontaneros, albañiles, electricistas, soldadores, ajustadores, mecánicos de coches, forjadores, pescaderos, carniceros, programadores, analistas de datos y expertos en ciberseguridad. ¿A qué se estamos esperando para ofrecer cualificación? Hace décadas se hubieran saltado esas trabas burocráticas. Sirva como referencia la tarjeta sanitaria, que no requiere un permiso de residencia. Hagamos universal la educación y la formación, al igual que la sanidad, además de una política proactiva. Todas ganaremos. Mientras tanto se pueden habilitar dinámicas formativas desde lo comunitario-empresarial. En la época franquista ya se hizo con las gau-eskolas y las ikastolas.