Para él "ha llegado el momento de jugar a largo plazo sin mirar a lo que hacen otros, haciendo lo nuestro, sin copiar lo de nadie. Creemos que es el momento de hacerlo". Goirizelaia llama por consiguiente, a iniciar de
inmediato un debate entorno a esa cuestión pues "es el momento de reflexionar conjuntamente y dar el salto". Y se apoya para lograr el objetivo propuesto en la supuesta existencia de ciertas peculiaridades de la comunidad autónoma: "Las competencias son nuestras, tenemos un entorno socio-económico muy concreto y el Gobierno vasco paga el 100% de la educación".

Históricamente el concepto de 'Ley propia' ha venido asociado a la capacidad de una comunidad por establecer un marco jurídico propio y singular al margen del existente en otros espacios socio-políticos. Y se encuentra por lo tanto vinculada a la capacidad de decisión de esa comunidad y por lo tanto a su soberanía política. Ese ha sido el sustrato  político que ha acompañado en el tiempo histórico a los defensores de una Universidad Nacional vasca. Sin embargo, pensamos que la llamada del rector no va orientada en esa dirección. Su
pretensión se encuadra mas bien en el respeto al marco jurídico actual aunque interpretado de una manera mas abierta, invocando unas supuestas competencias autonómicas violadas por el Estado español.
Pero la realidad terca y confirmada a lo largo de toda la existencia de la UPV ha sido que la posición de la Administración central siempre se ha impuesto. La interpretación competencial se la han reservado el
gobierno central, el parlamento español y en ultima instancia al Tribunal Constitucional. El propio Goirizelaia se quejaba amargamente de la incidencia última de los decretos-leyes y los recortes sobre la mera gestión ordinaria de la UPV que condicionan gravemente su mero funcionamiento ordinario. Y todo ello a pesar de los continuos posicionamientos a favor del derecho al ejercicio de estas competencias por parte de los diversos gobiernos autonómicos, Universidad y grupos políticos y sociales vascos.

Creemos que es injusta la afirmación del rector de que cuando se aprobó la Ley Orgánica de Universidades (LOU) no se respondió en el País Vasco. Al contrario, en aquella ocasión hubo una gran respuesta por parte de estudiantes, sindicatos y otras organizaciones con multitud de manifestaciones, huelgas, encierros y un sinfín de actos. Fue además una época en la que tuvo lugar un gran debate sobre la Universidad Nacional vasca teniendo lugar numerosas iniciativas –entre ellas la de UNIEKIMENA, que elaboró un proyecto articulado de
Universidad Nacional vasca– apoyadas por las principales asociaciones culturales y educativas así como por los partidos políticos y sindicatos abertzales. Se realizaron a este respecto campañas, actos, jornadas, ruedas de prensa e incluso manifestaciones donde participó todo el espectro nacionalista. Y en honor a la verdad también hay que decir que a toda esta efervescencia reivindicativa y alternativa contribuyó de manera importante la Consejería de Educación, en aquel momento dirigida por Angeles Iztueta, con su posición a favor de una ley universitaria propia y su intención de superar la normativa que se quería imponer, señalando que esto se haría sin temor a los procesos judiciales que pudiera poner en marcha el Gobierno central. Aunque
posteriormente la consejera moderaría sus declaraciones intentando insertar su proyecto dentro del marco legal español invocando para ello a la propia Constitución española, los derechos históricos, la autonomía universitaria y el Estatuto de Autonomía, ofreciendo una interpretación competencial similar a la propugnada por Goirizelaia. Ni que decir tiene que al final la llamada "Ley Iztueta" se tuvo que ajustar a lo dispuesto por la LOU, a pesar de lo cual los socialistas impugnarían algunos de sus artículos a través del socorrido recurso al
Constitucional.

Sin olvidar lo anterior, somos de la opinión de que hay que apoyar la propuesta del rector, pues siempre hemos respetado todo cambio legislativo que sea expresión de la voluntad del pueblo vasco y aumente  su capacidad de decisión, por muy limitada que sea la iniciativa. Pero para ello es imprescindible que el debate y la reflexión que se propugnan no queden reducidos exclusivamente al Parlamento vasco y a los órganos de gobierno universitario sino que se extiendan en lo posible a toda la sociedad vasca concernida y se escuche la voz de los numerosos grupos sociales y populares que tienen que decir algo sobre esta importante cuestión. No se parte del vacío, pues como hemos señalado, existe una abundante documentación y experiencias provenientes de los organismos populares que resulta conveniente rescatar. Sin la participación social y popular ningún proyecto puede salir adelante a no ser que se trate de un experimento de laboratorio realizado por técnicos, juristas y profesionales de la política sin virtualidad alguna para cambiar en lo sustancial el estado de cosas existente. En cuanto a la llamada a lograr un consenso amplio entre todas la sensibilidades presentes, resulta un tanto voluntarista si lo que se pretende es crear una ley que pueda calificarse de propia. Los partidos de obediencia estatal han rechazado siempre esta posibilidad por muy limitada que fuera la pretensión. Apoyaron –según el gobierno de turno– las leyes educativas universitarias (LRU y LOU) y se opusieron incluso a la ley "Iztueta", a pesar de su encaje legal, con recurso incluido. Todo rector, por supuesto, está en la obligación de solicitar acuerdos los más amplios posibles pero los abertzales soberanistas tienen la obligación de apostar por proyectos que puedan calificarse 'en propiedad' de nacionales.