Por un lado, el siglo XXI ha venido acompañado por la llegada de gobiernos anti-neoliberales a diversos países, con desigual carácter transformador, pero que suponen la respuesta al hartazgo de las mayorías populares a la realidad de pobreza, desigualdad y dependencia externa; por otro lado, y aprovechando precisamente esta coyuntura favorable, muchos movimientos sociales -y muchas sociedades en movimiento- han planteado la necesidad de avanzar de manera contundente en la puesta en práctica de agendas políticas emancipadoras, que superen de una vez las lógicas colonizadoras y de subordinación a las que han estado históricamente sujetas la región y sus habitantes.

Así, tras unos inicios en los que actores institucionales y sociales marchaban de la mano, han surgido tensiones entre gobiernos y movimientos, así como entre viejos y nuevos movimientos sociales: la rapidez o lentitud de los procesos de cambio; el corto plazo de los gobiernos o el largo de la emancipación; desarrollismo o transición decidida al buen vivir; la necesidad de superar aquí y ahora los patrones de dependencia o la imposibilidad de hacerlo en un tiempo tan corto en términos históricos. Estos son precisamente los debates que complejizan y enriquecen la realidad de América Latina. Las respuestas a estas situaciones no son sencillas, ni son categóricas, y profundizar en ellas es uno de los grandes retos de toda la izquierda, también de la europea.

No obstante, lo que no podemos negar, independientemente de dónde nos situemos, es que todos estos procesos iniciados con el nuevo siglo han abierto brechas, han permitido espacios de acumulación de fuerzas, espacios de articulación de luchas, espacios de ejercicio de la ciudadanía por parte de las grandes mayorías. Y eso no lo puede capitalizar nadie, es parte de la acción tanto de movimientos como de gobiernos. Eso bien lo sabe la derecha, que pretende acabar de cualquier manera con toda esta nueva etapa ilusionante. Así, los ataques de las oligarquías y de sus medios de comunicación -hegemónicamente alineados con ellas- no cejan en el esfuerzo de desacreditar gobiernos y luchas sociales, con el ánimo de desestabilizar la región y de volver a la situación previa de control absoluto del subcontinente. Para ello, están dispuestas a todo, incluidos los golpes de estado.

En esta clave se entiende el golpe de estado en Venezuela en 2002 y el golpe de estado en México en 2006 -vía fraude electoral-. Pero también así se entienden los golpes de estado 2.0 de Honduras (2009) y de Ecuador (2010), donde se ensayan nuevas fórmulas de golpe en las que se busca que, con idénticos resultados, la comunidad internacional y la población no los asimile como tal. De esta manera, frente al golpe militar puro y duro, se plantean nuevas vías, que van desde la desestabilización social generada por la policía, hasta al uso fraudulento de recursos legales e incluso constitucionales.

Esta nueva trama golpista 2.0 sigue hoy por hoy muy presente en América. La pasada semana el presidente de Paraguay fue destituido en base a un juicio político, figura legal de la constitución que permite apartar de su cargo a un presidente por incapacidad manifiesta para ejercer sus funciones. En este sentido, se orquestó una escenificación legal para un acto ilegítimo y antidemocrático, en la que se fulminó a un presidente elegido por votación popular en un juicio sumario en el que sólo tuvo dos horas para ejercer su defensa, sin posibilidad de prepararla como es debido, y ante una acusación tan grave. El objetivo último del golpe: que una de las oligarquías más retrógradas del continente frenara los tímidos procesos de cambio generados en los últimos años, así como evitar que la izquierda contara con las fuerzas suficientes para enfrentar las elecciones presidenciales de 2013.

Por otro lado, todos los medios de comunicación del mundo se hacen eco desde el pasado fin de semana de los disturbios generados por la huelga policial en Bolivia -hecho ilegal en muchos países-, y que preludian quizá nuevos intentos de desestabilización en el país andino. Finalmente, veremos qué pasa este domingo en las elecciones mexicanas, donde un amplio movimiento estudiantil ha cobrado un gran vigor frente a la posibilidad de que el PRI regrese al poder, que cuenta con todo el apoyo de la derecha, de los grandes conglomerados mediáticos.

Habrá que estar muy atentos y atentas a estas nuevas realidades, y denunciar sin paliativos, aquí y allá, los atropellos que se pretenden realizar contra la democracia en las Américas. Independientemente de las opiniones que nos merezcan unos gobiernos u otros, de su compromiso mayor o menor con la emancipación del continente, debemos tener una cosa clara: lo conseguido en esta última década no podemos permitir que se revierta, y debemos unir fuerzas para evitar regresiones antidemocráticas, por solidaridad internacionalista, y por la importancia de la región como fuente de inspiración para plantear propuestas que nos permitan vislumbrar otros caminos para superar esta crisis civilizatoria, que nos afecta a todas y todos. Nuestros caminos están profundamente entrelazados, su democracia es también la nuestra.