Los derechos humanos, la justicia social, libertad, democracia, bienestar de la ciudadanía, derechos de los pueblos a decidir… la corrupción galopante, fraude fiscal, nepotismo y clientelismo, la chapuza en la gestión y en decisiones básicas inspiradas, en muchas ocasiones, en intereses personales y/o de grupo, en un tótum revolútum que perjudica seriamente a la ciudadanía, al desarrollo democrático y a cuestiones básicas que deberían desarrollarse de forma constante, equilibrada y democrática.

Una mezcolanza indeseable entre lo que se dice y se proclama y lo que se hace realmente. Muchas proclamas efectistas, para los menos dotados o poco informados, que no tienen efectos reales positivos, que se contradicen con la realidad.

En los últimos años han surgido algunos acontecimientos relevantes: la crisis económica/financiera que ha hecho estragos, sobre todo en los sectores más populares de la sociedad: el cese, unilateral, de la actividad armada de ETA con efectos muy positivos para el conjunto de la sociedad; la decisión del Parlamento de Catalunya, como respuesta al clamor popular, para convocar a consulta/referéndum a la ciudadanía y decidir su futuro como nación.

Para dar respuesta a estos acontecimientos, se requería unas dosis de inteligencia y de sensibilidad democrática suficientes, acordes con estándares normales en los países europeos de tradición democrática. Pero el espectáculo que dan los partidos que sustentan los gobiernos de España –PP/PSOE– son deprimentes, lamentables y, siempre, tristes… ¡Qué nivel! A primera vista resulta casi increíble que, después de 38 años de la muerte del principal dictador, Franco, sigan manteniendo actitudes tan poco sociales, solidarias y de ínfima sensibilidad democrática.

Crisis: El tratamiento de la crisis real que se inició en Europa y en EEUU estando en el Gobierno español el PSOE con Rodríguez Zapatero, fue lamentable. Al principio, ni se apreciaba la crisis, después no se valoró su envergadura, finalmente se comenzó a tomar medidas a salto de mata, intercalándose con los «brotes verdes» que anunciaban y todavía no han llegado… en fin, un verdadero desastre.

No se comenzó por lo que se tenía que haber hecho antes: sanear la Administración pública española, eliminando prebendas y gastos superfluos e inútiles. Encarar con firmeza la corrupción galopante y el fraude fiscal, que habría dado para afrontar el déficit público. Lo que se hizo fue cargar contra los sectores más populares y niveles medios de la sociedad.

El PSOE nunca se ha esmerado demasiado en mejorar las condiciones de los sectores más populares de la sociedad, de los trabajadores (el Gobierno del PSOE, con Felipe González de presidente y Almunia de ministro de Trabajo, fue el que comenzó a bajar las pensiones en el Estado español, en 1983) y, prácticamente, nada en cuestiones de corrupción, fraude fiscal, despilfarros y saneamiento en las administraciones públicas…

Ahora, desde que ocupó el Gobierno, el PP sigue haciendo lo mismo y, si cabe, con más intensidad. Según se van entrenando y afianzándose en el despropósito, lo van haciendo peor, con un desprecio absoluto a la ciudadanía, a los derechos humanos y los valores democráticos. Incapacidad absoluta de mejorar.

La paz: Muchas personas y grupos han pensado siempre que la presencia de ETA con sus acciones les venía muy bien a los gobiernos españoles; les servía de coartada y distracción importante para soslayar otras cuestiones  relevantes que afectaban a la ciudadanía. Ahora, ha quedado claro que efectivamente al Gobierno español de turno no le interesa, suficientemente, terminar definitivamente con este episodio, dignamente, para todas las partes. Es una vergüenza que después de más de dos años del fin de la actividad armada de ETA el Gobierno español siga no solo impasible, sino provocador… lamentable.

Todos los episodios que están sucediendo desde la trascendente decisión de ETA ponen de manifiesto no solo la escasa sensibilidad democrática de los partidos españoles y de sus afines y/o asimilados, sino también la débil inteligencia aplicada para adaptarse a la nueva situación.

Una vez producido el gran acontecimiento, para satisfacción general de la ciudadanía y grupos sociales, se requería un tratamiento proporcional a las circunstancias, para finiquitar en pocos meses este asunto definitivamente, abordando todos sus vértices.

Pero, desgraciadamente, no ha sido así. Cada vez que el Gobierno interviene/habla sobre esta cuestión, produce lástima… decepcionante. ¡Qué nivel!

Derecho a decidir: Ahora nos encontramos ante la consulta/referéndum de Catalunya. Aquí es, precisamente, donde se pone de manifiesto de forma meridiana y elocuente la vocación de «guardianes de la ortodoxia» del régimen español de los dos partidos que alternan en los gobiernos españoles: PP y PSOE, acompañados de toda la garrulada española, compuesta por asociaciones y grupos de todas clases, incluida la caverna mediática. Todos, tal vez muy patriotas españoles, pero de muy escasa sensibilidad democrática y con niveles de inteligencia adaptada a las circunstancias mínimos. Conviene recordar, a este respecto, que las personas se distinguen de los animales, entre otras cosas, por su capacidad de adaptación, innovación, proyección… La patria no tiene porqué interferir en cuestiones básicas.

No es serio que se apele a la ley y/o al interés de todos los españoles para impedir que se celebre una consulta/referéndum en Catalunya. Ninguna de las dos cuestiones tiene la menor consistencia. Son meras falacias. No se puede recurrir a estas simples excusas para no reconocer el derecho elemental que tienen los catalanes a decidir libremente su futuro. Los «guardianes de la ortodoxia» confunden ley con democracia, interés general con intereses personales o de grupo, sentimientos patrióticos con derechos… Tratan a la ciudadanía como si fuera una masas de tontos, inútiles, ignorantes… pero nada más lejos de la realidad.

La ley se hace a la medida de los intereses, caprichos, ideología o lo que sea menester, según lo que decida el gobierno de turno, sobre todo si dispone de mayoría absoluta, como es el caso ahora mismo. En consecuencia, el gobierno puede y debe adecuar o modificar la ley vigente para que la Generalitat de Catalunya pueda convocar el referéndum legalmente. Obvio.

En cuanto al interés general de los españoles, cuando se tratan cuestiones serias no se debe tener el cinismo de decir tonterías. Cuando millones de españoles están inmersos en una situación insoportable, sin trabajo, sin vivienda, sin prestaciones sociales mínimas, reducciones de prestaciones en la sanidad pública y en las pensiones… una situación de pobreza galopante de hombres, mujeres y niños; cuando se están tomando decisiones tan graves como el sistema de educación, la ley del aborto, servicios judiciales… sin contar absolutamente con nadie, a su antojo, ¿hablan del interés de los españoles...?

Qué decir de las advertencias constantes sobre el riesgo que implicaría para Catalunya su independencia. Rayan en falta de respeto y educación elemental. Los tratan como si fueran imbéciles. Como si no hubieran ponderado los partidos políticos impulsores del referéndum, organizaciones y grupos sociales los pros y contras en caso de independencia de Catalunya… precisamente, por ello la impulsan.

Solo enunciar que la consulta no se realizará porque no se va a permitir da la medida definitiva de la sensibilidad democrática de que disponen los «guardianes de la ortodoxia» patriótica española. ¿Y el nivel de inteligencia...?

Porque por mucho que se empeñen, acompañados por los estamentos más significativos para ellos –la Corona, los militares, la Policía y Guardia Civil, la judicatura, la Iglesia católica y todos sus afines y asimilados–, la consulta se celebrará de una u otra forma, y Catalunya alcanzará, felizmente, su independencia.