El Estado intenta tutelar nuestros cuerpos, trata de tener decisión sobre ellos, de ahí que se ponga tanto esfuerzo en derogar leyes y/o tramitar leyes que nos ofrecen dicha autonomía. Debemos pensar que el Estado ejerce un poder biopolítico sobre nuestros cuerpos (siendo esta una de las consecuencias del capitalismo) y que cualquier atisbo de autonomía sobre los mismos supone un desafío a la lógica de la producción-reproducción, un desafío al sistema de género y el modo de entender e interpretar la corporalidad.

Teniendo en cuenta que el Estado ejerce dicho poder, debemos ser conscientes de que el derecho al aborto para las mujeres, para las personas con útero… es un derecho incuestionable y que debemos hacer frente a quienes quieran derogarmos dicho poder sobre nuestros cuerpos, es más, las manifestaciones en favor del aborto, en contra de las sectas u organizaciones proparto (nunca utilizaré provida, ya que la vida es mucho más compleja e importante que dar a luz), la exigencia de tener una educación afectivo-sexual de calidad, la eutanasia... demuestran que somos conscientes de la importancia de que seamos capaces de tomar el control sobre nuestros cuerpos, sin embargo, con las personas trans y las leyes que nos otorgan autonomía se ponen en cuestión incluso en sectores que se denominan progresistas, lo que nos lleva inevitablemente a la siguiente cuestión: ¿hasta dónde es permisible tutelar los cuerpos? ¿Podemos hablar de la autonomía corporal en cuestiones como el aborto, la eutanasia... y a la misma vez negarle a alguien la misma autonomía sobre su cuerpo y sobre su identidad cuando se trata de una persona trans? Se puede hacer, pero no sin antes abrir una puerta demasiado peligrosa.

Hay quien pueda pensar que los problemas que están surgiendo con el retraso de la tramitación de la ley trans es un problema específico de las personas trans, pero nada más lejos de la realidad. El debate sobre la ley trans es en sí el cuestionamiento de la autonomía del cuerpo y de la identidad, cuando se pone en cuestión que la edad de consentimiento para el tratamiento hormonal sea a los 16 (cómo con cualquier otro tratamiento médico) se abre una puerta muy peligrosa en la cual se puede extrapolar a diferentes áreas, también como la del aborto, un derecho que ha costado demasiado tiempo lograr. Cuando se cuestionan los derechos de un colectivo vulnerable (y además hay cargos políticos que apoyan marginalizar a unas personas en concreto) se da paso a modificaciones en leyes que creemos seguras, una vez que se cuestiona si los sujetos son realmente merecedores de dicha autonomía se abre la posibilidad a que todos los sujetos que no son los que conforman la hegemonía pierdan ese derecho adquirido. Es un sinsentido abogar por el derecho al aborto, por la eutanasia y a la misma vez negarle a un colectivo que tome el control sobre su corporalidad y decida vivir conforme a sus necesidades, si se defiende esta incongruencia implícitamente se está diciendo que hay una división entre sujetos merecedores de derechos y sujetos que no merecen derechos ¿Y quién establece esos parámetros? ¿Quiénes ostentan ese biopoder? ¿Las mujeres que defienden el uso del biopoder sobre el cuerpo de las personas trans creen que están exentas de padecer dicho control? La indiferencia o incluso, la defensa de tal tutela sólo se puede explicar desde el privilegio que ostentan éstas personas. Estas personas dan por hecho que jamás volverán a una situación en la que el Estado ejerza el poder biopolítico y la reduzca a una mera lógica capitalista de reproducción-producción, que sus cuerpos sean vistos de nuevo como meros objetos al servicio del sistema de género y al sistema capitalista (el primero ansía una división de los cuerpos que pueda traducirse en términos esencialistas, el segundo espera que los cuerpos con capacidad de reproducir –y en este contexto, se consideraría que solo las mujeres pueden reproducirse se reproduzcan a toda costa–), se creen a salvo porque el privilegio que actualmente ostentan les lleva a ver un espejismo: mientras estén a favor del control de los cuerpos de los colectivos más vulnerables, sus derechos se mantendrán a salvo porque ya han alcanzado cierta cuota de privilegio.

El problema de este tipo de situaciones (entre otras cosas) es que se reduce el debate a un colectivo concreto de la sociedad como si la vulneración de derechos de estas personas fuera un tema exclusivo, el cual es imposible que tenga repercusión en otros ámbitos. Nuestro sistema actual tiene como objetivo ejercer el mayor control sobre los cuerpos, luchar contra esa tutela es un deber de todas las personas.