Inicio de curso covid-19: monarquía sí, recursos no

Steilas exige el desdoble automático de los grupos tras una bajada de ratios no compensable desde la Situación 2, de modo que se cumpla la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros con una superficie mínima de 2,25 m2, hasta un máximo de diez personas en educación infantil y primaria, y quince en ESO y Bachillerato.

21/09/2020

El pasado lunes Letizia Ortiz acudió a inaugurar el curso a  la escuela de Milagro y al instituto de San Adrián. No sabemos cuál fue el gasto que supuso esta visita, que pretendía legitimar la cuestionada monarquía borbónica, pero sí sabemos dos cosas: que el Gobierno de Navarra ha destinado una escasa inversión para hacer frente a los retos que plantea la Covid-19 en la educación pública en su plan low cost de contingencia, y que la familia real sí puede permitirse tener a alguien a cargo de su hija cuando una compañera del aula da positivo en coronavirus, gracias a los más de 8 millones de euros que cuesta al año, oscuras fortunas aparte.

No es casual que la inauguración en Secundaria se produjera en San Adrián que, aparte de ser el pueblo natal del Consejero de Educación, tiene como director del instituto a David Herreros, quien ostentó el cargo de Director General de Educación en la legislatura del gobierno de Barcina. Fue precisamente en este periodo cuando la educación pública, permanentemente infradotada, fue además sometida a unos recortes salvajes: aumento de ratios, despido de más de 800 docentes, eliminación de sesiones de apoyo y refuerzo, no mantenimiento de edificios y recortes salariales, entre muchos otros.

Precisamente, el Pacto para la Mejora de la Educación Pública de Navarra, firmado en agosto de 2018, pretendía revertir muchos de estos recortes e iniciar un camino de mejora sólida y continuada. Sin embargo, a pesar del discurso vacío a favor de la escuela pública, el actual consejero se ha negado a cumplir dicho pacto, nombrando además como Directora de Recursos Educativos a la que en tiempos de Barcina fue Directora de Recursos Humanos, asegurando así la continuidad de las políticas neoliberales, austericidas y euskarafóbicas del último gobierno de UPN.

Estas políticas han impedido la aplicación de una  de las medidas preventivas más eficaces para la no transmisión del virus, y que STEILAS y tantos otros expertos en la materia lleva solicitando desde antes del inicio de la crisis sanitaria: la bajada de las ratios en los centros educativos, aumentado los espacios para adecuarlos a las exigencias de distancia interpersonal, tal y como se ha legislado para el resto de sectores, desde la restauración hasta las actividades lectivas no regladas. Esta medida solo está contemplada a partir del escenario 3 al que vertiginosamente nos acercamos, sin que todavía se haya informado a las direcciones de los centros (algunos de los cuales tienen ya una tercera parte de su alumnado confinado en sus casas), sin saber a donde piensan enviar al alumnado para cumplir con la distancia de seguridad.

No en balde, la Universidad de Waterloo en Canadá acaba de publicar una investigación en la que han analizado seis configuraciones de aula diferentes, y sus resultados revelan que las aulas con más de quince alumnas y alumnos no permiten que se pueda mantener la distancia social y la higiene necesarias, además de aumentar mucho la probabilidad de confinamientos múltiples. Qué decir si se hubiesen analizado las aulas con ratios de 33, como las de Bachillerato en Navarra.

Por todo esto, Steilas exige el desdoble automático de los grupos tras una bajada de ratios no compensable desde la Situación 2, de modo que se cumpla la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros con una superficie mínima de 2,25 m2, hasta un máximo de diez personas en educación infantil y primaria, y quince en ESO y Bachillerato. Además, solicitamos un aumento de las plantillas, acondicionar lo edificios públicos en desuso para una bajada de ratios permanente; un permiso retribuido a las familias con hijos e hijas en aislamiento preventivo; pruebas serológicas para el profesorado que ha estado en contacto con casos positivos activos; mayor agilidad en la resolución de los trámites de adaptación de puesto de trabajo para el personal vulnerable y para las embarazadas. Por último, dotación de personal sanitario y de prevención de riesgos laborales y un refuerzo de personal de limpieza a lo largo de toda la jornada.

Para ello, se hace imprescindible la Ley de Financiación de la Educación Pública que garantice un mínimo del 6% del PIB a educación pública y una política fiscal y presupuestaria justa y progresiva en la que se prime la condonación de la deuda ilegítima, la eliminación de los beneficios fiscales, la lucha contra el fraude fiscal, la modificación del convenio económico, el reclamo de los cobros indebidos a la banca, la eliminación de conciertos a centros segregadores o la paralización de macroproyectos ecocidas, medidas todas ellas valoradas en 3.192 millones de euros, más de cinco veces el presupuesto destinado a Educación en 2020.

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