En concreto, se trata de determinar posibles responsabilidades judiciales por la deuda de 40 millones de euros acumulada por GHK, la empresa creada para hacer realidad el primer proyecto de incineradora de Donostia. El objetivo es loable, pues no parece justo que alguien pueda generar una deuda al erario público de 40 millones de euros, e irse de rositas. Sin embargo, tal y como se ha planteado ese expediente, limitando el periodo a investigar a la pasada legislatura, es seguro que no va a cumplir su objetivo, pues el origen y la responsabilidad de esa deuda se sitúa en los meses previos a la misma, entre febrero y mayo de 2011. Veámoslo.

En primer lugar, ¿de dónde sale esa deuda? Hay algo en los números que no cuadra. Se pidieron 263 millones de euros prestados para construir una incineradora sobredimensionada, pero sólo se gastaron 9,7 millones, principalmente empleados en vaciar un monte, que, en parte, ya se le devolvieron a la banca ¿Cómo puede entonces haberse generado una deuda de 40 millones de euros? La clave está en los llamados contratos de cobertura, o «swap», que se contrataron junto a los préstamos en febrero y mayo de 2011, una semana antes de las elecciones que harían cambiar de color la Diputación y el Consorcio de Residuos. La naturaleza de esos contratos es compleja, así que acudiremos a una metáfora para explicar su uso en la operación de financiación de la fallida incineradora de 2011.

Suponga que en su comunidad de vecinos todos están de acuerdo en que hay que arreglar la fachada. Para ello, el presidente de la comunidad presenta un proyecto, pero se encuentra con que una parte importante de los vecinos lo rechazan, argumentando que, además de caro, pone en peligro la integridad de los propios vecinos. A pesar de todo, el presidente decide contratar el arreglo de la fachada según su proyecto, y pide un préstamo para financiarlo. La contratación del arreglo y el préstamo se hacen pocos días antes de la elección de un nuevo presidente, con el riesgo de que los vecinos elijan a otro presidente para que anule la contratación e incluso el préstamo antes de que se pueda llegar a ejecutar. Para evitarlo, la víspera de la elección, el presidente en funciones firma un nuevo contrato con la banca que le ha dado el préstamo, según el cual, si el arreglo de la  fachada no llega a ejecutarse según consta en el préstamo concedido, la comunidad deberá pagar una millonada al banco, cantidad que dependerá de la evolución de los tipos de interés. A ese contrato tan extraño lo llaman «swap».

En las elecciones ocurre lo que se temía, y los vecinos eligen a un candidato que se ha comprometido a deshacer los contratos anteriores y arreglar la fachada de otra manera. Este nuevo presidente cumple sus compromisos, y, efectivamente, llega a un acuerdo con la empresa adjudicataria del arreglo de la fachada para rescindir el contrato. En ese momento, la banca reclama la deuda millonaria debida al contrato de «swap», dejando a la comunidad en bancarrota.

Sustitúyanse en el relato anterior las palabras «comunidad de vecinos» por «Gipuzkoa», y «fachada» por «residuos», y tenemos la explicación de por qué hoy GHK debe 40 millones de euros a la banca, cuando sólo había gastado (y en parte devuelto) 9,7 millones de un préstamo de 263. ¿Quién es el responsable de que hoy GHK esté en bancarrota, y entre todos los guipuzcoanos estemos pagando a escote todos los meses 600.000 euros a la banca, le debamos unos 40 millones, y exista la posibilidad, según los actuales gestores del Consorcio, de que la banca exija otros 60 millones de euros? ¿Lo son quienes paralizaron la construcción de la incineradora sobredimensionada, o quienes firmaron ese «swap» con los que generar un gasto enorme en caso de atreverse a paralizarla?

Si alguien tiene todavía alguna duda para responder a la pregunta anterior, sería bueno recordar cómo a finales de 2011 ciertos políticos desplazados del poder en las elecciones de mayo de 2011 lanzaban a la prensa una y otra vez la cifra de 100 millones de euros como indemnización a pagar por paralizar la construcción de la incineradora. Una cifra que sorprendía, más aún cuando después se llegó a un acuerdo con las empresas adjudicatarias para pagarles una indemnización de 8 millones. Qué curioso, 100 = 40 + 60, lo que se debe actualmente más lo que nos pueden exigir. Evidentemente, se referían a ese «swap» que ellos mismos habían contratado, precisamente para usarlos como chantaje a toda Gipuzkoa en caso de que alguien pretendiera parar «su» incineradora. A su lado tuvieron a la banca, colaboradores y probablemente inductores de la fechoría, dada su experiencia en el uso de «swaps» para estafar a empresas e instituciones, y visto el beneficio económico que está obteniendo de ella. Banqueros y políticos de la mano, la vieja política de siempre. Lamentablemente, esos políticos, hasta el día de hoy, se han ido de rositas. ¿Vamos a permitir los guipuzcoanos que esto quede así?