"Los Guerreros del Sol" es una película yanki de los años ochenta. Habla de un futuro apocalíptico y desértico donde una corporación de tintes fascistas domina el mundo a través del control del agua almacenada en enormes pantanos. Pido disculpas anticipadas por la boutade psicodramática: me crié al lado del pantano donde se grabó aquel largometraje («el más grande de Europa Occidental» se decía entonces).

Itoiz no ha sido plató de cine todavía pero no tiene nada que envidiar al Plan Badajoz y a la Presa de Alcántara en cuanto a la trama de caciquismo disparatado que lo alumbró. Siempre es lo mismo: esquilmar un territorio para alimentar con agua y energía a un modelo económico insaciable, marginar a las poblaciones directamente afectadas, otro poco de corrupción, inversiones públicas mal justificadas...

El resto de la historia es conocida. Las expectativas de recuperación de la inversión son del 20% para el embalse y del 46% para la Primera Fase del Canal... ¡en 30 años! El desajuste es tal que a día de hoy estamos pagando un canon desproporcionado a CANASA –la empresa pública participada por el Gobierno de Navarra y el Estado que gestiona el canal– que justifique su existencia y permita pagar las deudas contraídas con la banca privada.

Los futuros desarrollos urbanos de la Cuenca de Pamplona fueron, junto con el regadío de la Ribera, la excusa para construir este Navarra Arena del agua. La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) paga a CANASA más de un millón de euros al año para poder disponer de 1.000 litros de agua por segundo y de 22,5 hectómetros cúbicos anuales, a lo que hay que sumar el crédito que solicitó Yolanda Barcina en 2013 para seguir metiendo paletadas de euros en un agujero sin fondo y sin rentabilidad presente ni futura: 77 millones en unos préstamos que el Gobierno de Navarra concedió a una sociedad participada por él mismo y que, sobre el papel, debería devolver en 2026 con unos intereses del 3%. Pero, si CANASA no tiene beneficios –es una suerte de sociedad instrumental creada exclusivamente para la construcción de la presa y del canal–, ¿cómo va a devolver ese crédito?

En su momento, los colectivos ecologistas, aparte de arriesgar su libertad para parar la obra –¡qué tiempos aquellos, en los que los viñetistas locales dibujaban a activistas que luchaban contra megainfraestructuras y no a políticos!– fueron capaces de describir el sobredimensionamiento y el derroche con nitidez: la cuenca de Pamplona no necesitaba 1.000 litros de agua por segundo ni una reserva de 22,5 hectómetros cúbicos anuales. Ni de lejos. Por mucho que UPN y el PSN repitan hasta la saciedad que sin Itoiz Pamplona «moriría de sed en verano», lo cierto es que los consumos anuales están estabilizados en torno a 230 litros por segundo y a 2 hectómetros cúbicos –y no a 22–. En la práctica, el agua de Itoiz es prescindible para Pamplona. En 2015, por efecto de la crisis, el consumo fue de 1,93 hectómetros cúbicos.

El Gobierno del Cambio en la MCP recogió el guante del movimiento ecologista y Aritz Ayesa –el presidente que nombró EH Bildu– se comprometió en su programa de gobierno a renegociar el desproporcionado contrato con CANASA. Fue por este motivo, entre otros, que Aranzadi apoyó su nombramiento. Durante 2016, Aritz Ayesa estableció un canal de comunicación con CANASA con un objetivo claro: dejar el contrato en 460 litros por segundo –el doble de los consumos medios de los últimos años– y pagar algo menos de la mitad –507.000 euros–. Una propuesta muy del estilo de los técnicos de la entidad: se establecen estos números partiendo de un informe que contemplaba veranos de «sequía extrema». Hablamos, pues, de una propuesta conservadora que no ponía en riesgo el suministro, incluso en el poco probable escenario de una pertinaz sequía combinada con una recuperación económica del estilo de los Tigres Asiáticos en los años noventa.

No sabemos qué sucedió con aquella negociación, aunque todo apunta a que CANASA –es decir, el Gobierno de Navarra– dijo que no. EH Bildu nos pidió, de nuevo, el apoyo para los presupuestos de 2017, donde incluía una partida para el canon de CANASA adaptada a los deseos del presidente pero, aparentemente, lejos de los de CANASA: medio millón de euros, en lugar del millón correspondiente. En el momento quizá pecamos de desconfiados, pero –junto con otros motivos– decidimos no apoyar aquellas cuentas: ¿era razonable pensar que sólo por presupuestar la mitad del canon se iba a pagar realmente la mitad, sin haber logrado el compromiso público del Gobierno de Navarra? No existió el más mínimo debate público –ni apenas privado– sobre la cuestión: CANASA iba a aceptar dejar de ingresar medio millón al año y la garantía era, simplemente, la palabra del presidente de la MCP. Por supuesto, en 2017, la Mancomunidad pagó de nuevo el canon íntegro, demostrando que es sumamente difícil cambiar las cosas si no media un debate público. Las pugnas de despacho tienen un recorrido muy corto, aunque se den sinceramente y poniendo la carne en el asador –no dudamos de que fue así–. Es una de las lecciones de este ciclo político.

¿Qué sucedió en los presupuestos para 2018? Exactamente lo mismo. EH Bildu volvió a presentar unos presupuestos en los que se incluía sólo medio millón para la factura de CANASA y volvió a pedirnos un acto de fe que, de nuevo, era difícil de obtener, por lo que votamos también en contra de los presupuestos.

Pero el asunto del canon ha tenido un final imprevisto y triste. El 23 de diciembre, a toda prisa, el Director General de Administración Local –Xabier Lasa, de EH Bildu– presentaba en el Parlamento una Ley para crear una subvención ad hoc para el canon de la Mancomunidad... por valor de 544.000 euros. La semana siguiente, el 28 de diciembre, Aritz Ayesa presenta en la Permanente de la MCP un convenio entre el Gobierno de Navarra –representado por Xabier Lasa– y la entidad que preside, por el que se establecen las condiciones para recibir esa subvención. Es de justicia reconocer que informó de su intención semanas antes, aunque eso no hace más razonable la operación.

¿Qué dice el convenio? Pues que en el año 2018 la factura inflada de CANASA la pagaremos a medias entre los vecinos de Iruñerria y el resto de los navarros. Ni más ni menos. Se traslada el coste de unas arcas a otras, pero la tasa se mantiene invariable. Es difícil poner en cuestión los pilares del Régimen –en lo que se refiere a la gestión del agua– mediante discusiones privadas, estrategia que al parecer ha seguido el presidente de la MCP, y cuyo resultado está a la vista. Tanto es así, que los redactores del convenio se permiten un último salivazo y han dejado claro que el contrato entre MCP y CANASA no es negociable: seguirá siendo de «1.000 litros/segundo y un volumen máximo de 22,54 Hm3/año» y además, «la MCP-SCPSA deberá presentar la documentación justificativa del abono a CANASA del importe correspondiente a tres de las cuatro facturas correspondientes al ejercicio 2017 con carácter previo o simultáneo a la ejecución del presente convenio». O lo que es lo mismo: «paga primero y luego ya veremos».

¿Qué sentido tiene toda esta operación? Se mire por donde se mire el resultado es nefasto. No sólo se mantiene la herencia política –el contrato sigue siendo el mismo– sino que se deja claro, otra vez, que se asume el TINA ("there is no alternative") de Margaret Thatcher: no hay alternativa a la gestión del agua de UPN y PSN.

Algunos de quienes dirigen los destinos de la MCP y, en parte, del Gobierno de Navarra, provienen de una tradición política que ha contribuido enormemente a frenar las pasiones del Régimen por las macroinfraestructuras absurdas. Una historia más rica de la que hay, pongamos por caso, en Extremadura, alfombrada con pantanos, centrales nucleares, térmicas e hidroeléctricas. ¿Trasladar la factura de una institución a otra, de un grupo de contribuyentes a otro, manteniendo intacto el contrato, no es tirar por la borda todo ese capital político?

No acometer los cambios a los que nos comprometimos al inicio de la legislatura o vender como un éxito de gestión lo que no es sino ingeniería contable más bien poco sofisticada tiene un precio: el riesgo de que el desinterés y la desafección se instalen entre muchas personas que, con su esfuerzo y su voto, han hecho realidad el cambio. En nuestras manos está corregir el rumbo en las tres instituciones clave de Navarra y demostrarle a la gente que su esfuerzo mereció la pena... pero, para ello, es imprescindible que el dinero que UPN derrochaba a paletadas en pozos sin fondo como CANASA se redirijan a políticas que beneficien a quienes tienen menos. Y, también, que se dé la batalla ideológica en torno a la gestión del agua.