Una de las certezas que se aprende en la práctica sindical es que la privatización de sectores como la educación o la justicia conlleva, tanto la precarización de las condiciones laborales de quienes allí trabajan, como la consiguiente merma en la atención a las personas usuarias.

El ámbito de la justicia en la comunidad autónoma, gestionada por el departamento de Justicia del Gobierno Vasco, desarrolla servicios pioneros en el Estado, tanto en la gestión de penas alternativas a la prisión como en la reeducación social, sin olvidar la justicia restaurativa y la atención a la víctima.

Servicios muchos de estos que pueden resultar deteriorados a corto plazo por la reciente entrada en el sector de empresas multinacionales ajenas a la comunidad que, con su política «low cost» de tirar los precios en las licitaciones, han conseguido –para sorpresa de las profesionales del sector– resultar adjudicatarias de algunos de estos servicios. La sorpresa viene, como ya decimos, al constatar que servicios que trabajan ámbitos sociales, como la violencia de género o intrafamiliar, pueden quedar en breve en manos de empresas como Meridianos que, además de ganar la parte económica presentando unos presupuestos que hacen a todas luces inviable la gestión de los servicios, ha podido ganar incluso la parte técnica de las mencionadas licitaciones. Un simple vistazo a su página web evidencia un enfoque tan elemental –como poco elaborado– de estos ámbitos mencionados, trufado además de concepciones biologicistas de la perspectiva de género cercanas al «creacionismo ideológico» y profundamente clasistas. Además, en la esfera de la problemática intrafamiliar llegan a estigmatizar, incluso, a los y las menores.

Puede parecer prejuicioso y hasta injusto señalar a una empresa que aún no ha llegado a ejercer en el sector. Los escrúpulos morales, sin embargo, se nos terminan cuando en «un vistazo» a internet, en concreto al blogpost "Meridianos incumple”, nos enteramos de las innumerables denuncias laborales que esta empresa –que no por casualidad posee uno de los bufetes de abogados más caros del Estado– acarrea allí donde tiene capacidad de gestión. Puestos en contacto posteriormente con algunas trabajadoras del sector en el Estado firmantes de las denuncias, nuestra preocupación por cómo esta empresa puede gestionar el servicio no hace sino aumentar.

Así las cosas, la primera reacción fue solicitar recientemente una reunión urgente con el responsable de Justicia de Gobierno Vasco, para trasladarle todas estas cuestiones, petición que fue amablemente rechazada por dicho responsable, hecho que nos lleva a apelar a la opinión pública y a movilizarnos, antes de que sea –en nuestra opinión– demasiado tarde.

Queremos reafirmarnos, para finalizar, en la necesidad de un proceso de publificación del sector que lo aleje de lógicas y estrategias mercantiles como las descritas. Asimismo, exigimos al departamento de Justicia del Gobierno Vasco que mientras mantenga su agenda privatizadora sea riguroso en los procesos de licitación, auditando de manera eficaz a las empresas que se presentan y favoreciendo los aspectos técnicos y pedagógicos, sobre los económicos. .