La memoria histórica en las 370 medidas del PSOE

La memoria histórica es subversiva, porque trata de desvelar toda esta verdad oculta. Y, sobre todo, porque no habla solo de las víctimas, sino también de los victimarios, pues sin estos no hubieran existido aquellos. Se reclama así que, más allá de reconocimientos verbales, placas y ramos de flores institucionales, haya justicia y reparación para todos aquellos crímenes.

19/09/2019

Leí de corrido las 370 medidas elaboradas por el PSOE para sus negociaciones con PNV, UP, PRC, Compromís y su posible programa electoral de noviembre. En especial, me he detenido en el tema que denominan “Memoria democrática”, por ser uno de los que más me interesaban. Mi decepción no ha podido ser mayor.

Son tres tan solo, entre 370, las medidas incluidas en este epígrafe, si bien dos de ellas, tratan únicamente de intensificar la lucha contra el terrorismo, avanzar en la asistencia integral a sus víctimas y crear una fundación en su memoria. En resumen, solo existe un punto referido estrictamente a la memoria histórica. Se refiere a declarar el 31 de octubre y el 8 de mayo, respectivamente, como días de recuerdo a las víctimas del franquismo y personas exiliadas, la exhumación del dictador, la retirada de la simbología franquista y la anulación de las condecoraciones de la dictadura. Y punto. Se acabó lo que se daba.

De todos modos, mezclar estos dos temas, memoria histórica y víctimas del terrorismo, no es de recibo. Tal como señala Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III, en un artículo publicado en “La Marea”, esta mezcolanza es un «grave error conceptual»: «No toda política relativa a víctimas de graves violaciones de derechos humanos es una política de memoria […] La memoria es el ejercicio de sacar a la luz aquello que permaneció en el olvido. Aquellas historias (sufrimientos, injusticias y violaciones de derechos) que no pasaron a las páginas de los libros de Historia. Y este no es el caso de las víctimas del terrorismo en España, que con toda justicia cuentan con políticas públicas de reparación que, aunque mejorables, superan los estándares internacionales de protección a víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Pero sí es el caso de las víctimas del franquismo, necesitadas de políticas públicas de memoria, dado que todavía permanecen en el olvido institucional –y los victimarios y sus crímenes en la impunidad más absoluta–, sin ser reconocidas ni reparadas por el Estado español». Más claro, agua.

Se busca así tapar bajo el manto de la reparación a las víctimas –sobre todo de ETA–, el genocidio franquista. Un genocidio protegido por una Ley de Amnistía que el PSOE se opone frontalmente a modificar y una Ley de Secretos Oficiales que impide la búsqueda de la verdad. Unos crímenes contra la humanidad blindados por una Fiscalía General que ordena al cuerpo judicial impedir la apertura de proceso alguno por los mismos. Una represión bendecida por un Tribunal Supremo que reconoce al genocida Franco –sentencia sobre su exhumación– el carácter de jefe del Estado desde el inicio del golpe del 36, sin importarle que la única fuente de su legalidad fuera su designación para tal cargo por el resto del generalato golpista y cunetero.

Desde el minuto cero de la dictadura, esta fue pródiga en prebendas para con los suyos e inmisericorde para los demás. Así, mientras los primeros lograban todo tipo de puestos en el aparato del Estado (Administración, Policía, Movimiento Nacional, Sindicato Vertical...) y se repartían gasolineras, estancos, consejos de administración y el botín robado derivado del golpe, para los demás solo quedaban fosas, cárcel, trabajos forzados y exilio. Junto a ello, mientras los nombres de los primeros fueron grabados en miles de paredes de iglesias y monumentos, los de los segundos fueron condenados al silencio y el olvido.

Por eso, la memoria histórica es subversiva, porque trata de desvelar toda esta verdad oculta. Y, sobre todo, porque no habla solo de las víctimas, sino también de los victimarios, pues sin estos no hubieran existido aquellos. Se reclama así que, más allá de reconocimientos verbales, placas y ramos de flores institucionales, haya justicia y reparación para todos aquellos crímenes.

Rafael Escudero señala que la política de reparación del Estado español respecto a las víctimas del terrorismo supera los estándares internacionales al uso. El PSOE, sin embargo, propone intensificar esa atención. Por el contrario, para quienes reclaman verdad, justicia y reparación por los crímenes del franquismo, su política queda muy por debajo de las exigencias marcadas por los acuerdos y pactos internacionales sobre Derechos Humanos, las resoluciones de los comités y relatores de la ONU (desapariciones, torturas, bebés robados…) y las sentencias de los tribunales europeos. El suspenso logrado por la política española sobre memoria histórica es general y clamoroso.

Desde que el juez Garzón inauguró su doctrina sobre los «entornos» de ETA, todo es poco para extender la calificación de terrorista a todo tipo de ámbitos. Sirva de muestra el juicio contra 47 personas –abogados, médicos, familiares de presos y presas, etc.– para quienes pedían 600 años de cárcel y que finalizó con un acuerdo entre las partes. Mientras tanto, a pesar de que en un informe oficial del Gobierno Vasco se habla de 4.100 casos de torturas habidos en esa Comunidad entre 1960 y 2014, gobernantes, policías y fiscales miran para otro lado, como si esto no fuera con ellos. De esta manera, aplicar el máximo rigor penal en unos casos (endurecimiento del Código Penal, aislamiento, cumplimiento íntegro de penas, dispersión carcelaria…), va parejo con la amnistía, los indultos y el guante de seda aplicados a los crímenes de Estado. Ya lo dijo Martín Villa, ministro del Interior cuando se dio la salvaje agresión policial de los sanfermines de 1978: «Lo nuestro son errores, lo de ellos crímenes». Y de entonces hasta hoy, poco o nada ha cambiado.

Distintas asociaciones de memoria han criticado duramente la propuesta del PSOE. Que esta no recoja entre sus 370 medidas nada referente a las fosas comunes, personas desaparecidas, bebés robados, anulación de juicios de los tribunales militares y de excepción franquistas, reforma de la Ley de Amnistía... es algo que, para ellas, clama al cielo. Ocultar todo lo anterior lanzando humo antiterrorista y poniendo a las víctimas de excusa, resulta además marrullero.

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